La primera de las preguntas del juez apuntó a conocer cómo fue el mecanismo utilizado para la recaudación. Desde mediados de 2014 a 2015, Caputo y Cenzón “coordinaron un equipo abocado a recaudar fondos” que superaron los 1.760 millones de pesos “apoyado en la recaudación que obtuvieron de medianos y grandes empresarios, aportes de funcionarios y militantes y, en un determinado momento, un adelanto financiero del propio Nicolás Caputo, cuando las encuestas mostraban tercero a Macri”, detalló Alconada Mon.
Según el testigo, entre los empresarios que aportaron fondos aparecen “empresas constructoras, empresas de seguridad privada con contratos vigentes o ya vencidos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también algunos de los empresarios que figuran hoy en la causa ‘cuadernos de la corrupción’, al igual que cámaras sectoriales, como CILFA”, que es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.
“Cuando recibían el aporte de un empresario, enviaban un mensaje de WhatsApp a la cúspide del equipo recaudador, con el monto recibido, y se lo mostraban al empresario para que al menos se quedara tranquilo de que el valijero no se comería un tajo.” (del libro “La raíz de todos los males”)
En otro pasaje de su exposición, el periodista detalló qué empresas participaron de las reuniones y cómo se pagaban los fondos de campaña. En este tramo aparece la firma Odebrecht, protagonista de un escándalo a escala continental con varios funcionarios políticos detenidos y tres ex presidentes de Perú acusados de recibir dádivas. “Múltiples empresas que aportaron fondos a la campaña blanquearon al menos parte de esos aportes en las cenas a beneficio de la campaña que organizó Cambiemos. Un ejemplo específico que recuerdo es el de Brasken, que es una empresa en parte controlada por Odebrecht, la constructora brasileña, que aportó fondos a la campaña y envió a empleados y ejecutivos de mediano rango de su filial en la Argentina, para no dejar vacía la mesa durante el evento. Del mismo modo recuerdo que el aporte de CILFA en particular fue fruto de toda una negociación previa e intentos por acercar al entonces candidato Macri con el sector, negociación que tomó semanas y, al menos, tres reuniones previas. Recuerdo también, respecto de los aportes de los propios funcionarios y militantes de Cambiemos, que varios aportaron de manera voluntaria”.
Pero Alconada Mon también recordó que otros candidatos se vieron sorprendidos cuando sus nombres aparecieron como supuestos contribuyentes. Entre ellos, el entonces candidato a intendente por Cambiemos en Ituzaingó, Osvaldo Marasco, “quien me comentó que presentó su lista de candidatos a concejales y consejeros escolares y descubrió después que la usaron completa para dibujar aportes. Recuerdo, por ejemplo, que a él lo hicieron figurar con una supuesta donación de $50.000, que él jura que jamás hizo. También me comentó que algunos consejeros escolares aparecían con donaciones de $38.000, que él me indicaba que era imposible porque él hasta les daba dinero para el colectivo y que incluso hubo un quinto candidato a concejal en Ituzaingó que en su lista apareció con el apellido mal escrito y así apareció también, mal escrito, como supuesto aportante”, detalló.
En relación a la metodología de los pagos, el periodista dejó plasmado en el expediente judicial que “la mayoría de los aportes fueron en efectivo, en ocasiones también mediante el pago en especie, y por último, en algunas ocasiones, se recurrió al truco de la supuesta bancarización”.
Con respecto a los aportes en efectivo, “recuerdo que uno de los mayores problemas que tuvieron todos los equipos de campaña es que las donaciones se entregaban en dólares y, siendo aportes clandestinos, debían recurrir a cuevas financieras, lo cual llevaba a otra dificultad, porque no en todas las provincias contaban con cuevas financieras de confianza y liquidez suficiente para cambiar los montos requeridos, lo cual llevó a su vez a los equipos de campaña a la necesidad de transportar fortunas en efectivo, en avión o en camionetas por todo el país”.
La bancarización de los aportes “significa un truco por el cual los equipos de campaña repartían fondos entre militantes y voluntarios para que se presentaran en los bancos, los depositaran como propios, en ciertos casos a cambio de una comisión, y transfirieran esos fondos a la campaña”, señaló. Así, el dinero era blanqueado e ingresado al circuito electoral de Cambiemos.
En relación a la tarea puntual de Nicolás Caputo, una de las personas de máxima confianza de Mauricio Macri, el periodista puntualizó que “se encargó de supervisar a todo el equipo para el financiamiento electoral. Esto es, coordinar encuentros con empresarios, coordinar las formas de pago, repasar las listas de empresarios que debían contactar, tanto con Mauricio Macri como con otras figuras del PRO, para luego girar esos ingresos a otra área del equipo de campaña que se abocaba a los gastos de campaña. En este sentido, su principal colaborador era el entonces ministro porteño Edgardo Cenzón, quien se encargaba de los detalles operativos”.
Una vez obtenidos, los fondos “pasaban a manos de otro sector del equipo de campaña, abocado a definir los gastos proselitistas, sector en el cual estaban, entre otros, Marcos Peña, Jaime Durán Barba y otros referentes”.
Para financiar sus campañas, el oficialismo usó también las fundaciones, figuras jurídicas utilizadas como un canal para receptar dinero “con menos controles” y su posterior gasto en la campaña.
Alconada Mon recordó que, junto a otro periodista, emprendió una investigación para “acceder a los ingresos o donaciones recibidos por múltiples fundaciones creadas o controladas por políticos, para lo cual hurgamos en varios organismos públicos”, incluida la Inspección General de Justicia (IGJ). "Nos encontramos con que esas fundaciones se beneficiaban por los muy magros controles y auditorias, al punto que nos resultó imposible acceder a sus registros de donantes. Recuerdo en particular el caso de la Fundación SUMA, en la cual figura la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, que dijo haber sufrido un robo que no denunció durante semanas y que incluía entre sus donantes a algunas de las empresas más importantes de la Argentina, como Techint y Panamerican Energy, y algunas de las empresas con mejor relación con el gobierno porteño, como la constructora CRIBA”.
Odebrecht. “Aportó $500.000 a la campaña de Mauricio Macri que se canalizó a través de la compra de cubiertos en una cena de recaudación de fondos que organizó Cambiemos en marzo de 2015. Durante esa cena, tanto ejecutivos de Bradsken, como otros dos mil empresarios y ejecutivos, asistieron a ese evento, según nos confirmó el apoderado del PRO, José Torello.”
Pero el testigo abonó otro dato que tienen en la mira los investigadores, que apunta a determinar no sólo el mecanismo de la campaña provincial de 2017 (origen de los fondos, controles y destino final del dinero). También están en la libreta de apuntes las maniobras recaudatorias de la campaña presidencial 2015. “Por lo que tengo entendido, durante la campaña de 2015, el equipo de campaña nacional, es decir, el que estaba abocado a la candidatura de Macri, también se encargó de gestionar la recaudación, los gastos y la gestión de la campaña por la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal, mientras que en otras provincias dependía de la situación concreta y las alianzas específicas con los aliados locales. Distinto fue el caso en 2017, cuando fue un equipo abocado específicamente a la provincia de Buenos Aires, en el cual no participaron ni Caputo ni Cenzón, entre otros, y algunas figuras que durante 2015 habían estado en un segundo o tercer plano asumieron otra preponderancia, como ocurrió, por ejemplo, con María Fernanda Inza”, la ex funcionaria de Vidal y tesorera del partido PRO bonaerense que fue desplazada de la función pública cuando el escándalo mediático estaba instalado.
Según la información aportada al expediente judicial por el testigo, la campaña bonaerense de Cambiemos “destinó 26 millones de pesos al pago de fiscales” y para distribuir esa fortuna utilizó “dos docenas de bolsos, todos idénticos, todos negros y comprados sobre la avenida Cabildo de la ciudad de Buenos Aires”. El origen de los fondos “es parte” de las donaciones de empresarios “durante 2015”, cuando Cenzón y Caputo estaban a cargo de “pasar la gorra”.
La distribución de los bolsos se hizo “en varias camionetas que salieron hacia distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde fueron recibidas por los responsables distritales de la campaña, que a su vez se encargaron de su distribución entre fiscales, fiscales generales y otros”.
Este testimonio nutre la línea de investigación del juez Kreplak, quien hurga en el origen de los fondos. Hasta el momento se conocía la maniobra de la manipulación de bases de datos oficiales para el robo de identidades: beneficiarios de planes sociales de tres programas de asistencia diferentes aparecen como aportantes de baja escala. La mayoría de los damnificados negó en sede judicial (tanto en La Plata como en Comodoro Py) haber aportado a la campaña.
En 2017, pese a no ser candidata, Vidal encabezó la campaña en la provincia de Buenos Aires. El responsable de las actividades proselitistas fue su jefe de Gabinete, Federico Salvai, esposo de la súper ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, quien tiene bajo su guarda legal las bases de datos de donde se extrajeron las identidades de beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes al PRO bonaerense, cuya titular es Vidal. El círculo cierra perfecto.
La que recaudaba era contadora Inza como tesorera junto al radical Alfredo Irigoin y la dirigente PRO Silvia Chaban, ambos imputados en la causa que instruyó en Comodoro Py el juez federal Sebastián Casanello. Inza fue imputada por Kreplak, magistrado que investiga la arista penal del caso. Su colega Adolfo Gabino Ziulu escruta los gastos de campaña, pero no posa la lupa sobre el origen de los fondos, que una de las posibilidades es que se trate de lavado de activos. En caso de detectar irregularidades en la génesis del dinero, la doctrina y la jurisprudencia indican que debe declinar competencia y que todo corra en la esfera del derecho penal, en manos de Kreplak, el escenario más temido por Cambiemos.
Pero Ziulu, un juez pro tarifazo, quiere quedarse con todo el paquete judicial. Rechazó excusarse en el expediente y ahora la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá confirmar qué rol tendrá cada magistrado.
