El juez federal de La Plata Adolfo Gabino Ziulu tiene 71 años de edad y, a esta altura de su vida, a pocos años de jubilarse, le llegó uno de los expedientes más calientes de la política nacional: los aportantes truchos de Cambiemos, causa que golpea a la segunda figura más importante de la alianza oficialista: la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es la presidenta del PRO bonaerense.
Ziulu es docente de Derecho Constitucional en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En el año 2002, después de la crisis del corralito, llegó para ocupar el sillón titular del Juzgado Federal 2 con competencia en lo Contencioso Administrativo, es decir, el fuero que le pone coto al poder del Estado sobre los ciudadanos.
Ziulu reunido con el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas (FOTO: Twitter)
Tras la vacante producida en el Juzgado Federal 1 de La Plata por la muerte de su titular desde el regreso de la democracia en 1983, Manuel Humberto Blanco, y luego de varias idas y vueltas, ese poderoso despacho con competencia electoral quedó en las manos subrogantes de este magistrado que hace gala de un añejo axioma judicial: “Los jueces solo hablamos por el contenido de nuestras sentencias”.
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Parco y de perfil bajo, supo navegar entre aguas turbulentas de legajos calientes para la vida institucional de la capital bonaerense, como fue la judicialización del polémica examen de ingreso a la carrera de Medicina de la UNLP.
Caracterizado por sus colegas como un "estudioso" constitucionalista, llegó a su cargo de juez por el alejamiento de Ricardo Ferrer, que renunció al cargo en medio de un escándalo por un supuesto pedido de coimas a la empresa Torneos y Competencias (TyC).
En el año 2003 inició un sumario interno y abrió una denuncia penal para investigar si alguno de sus subordinados había cometido irregularidades en los casi mil amparos tramitados allí con motivo de la aplicación del denominado corralito financiero.
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En el legajo de Ziulu hay un fallo reciente que fue celebrado por la Casa Rosada macrista. En junio de 2016, fue el primero de los magistrados del país en avalar los tarifazos tras rechazar los ampararos presentados por un grupo de legisladores bonaerenses y el Defensor del Pueblo bonaerense.
Hasta el momento, ante cada requisitoria periodística, la respuesta de sus colabores es que “al juez no le gusta que hablen de él, sino de sus resoluciones”. Entre sus fundamentos para rechazar el freno a los tarifazos de luz y gas sostuvo que “no corresponde sustraerse a la realidad de una grave crisis energética y las eventuales consecuencias que derivarían de una medida cautelar con los alcances que pretenden los accionantes”.
La figura de este magistrado comenzará a resonar en la opinión pública. Ya tiene entre sus manos el dictamen del fiscal federal Jorge Di Lello, quien fue muy duro en el sumario de la investigación preliminar por los aportantes truchos de Cambiemos en las elecciones de medio término del año 2017.
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En ese dictamen, al que accedió Letra P, el fiscal da crédito a la investigación del periodista Juan Amorín y describe fueron las medidas tomadas para la producción de las primeras pruebas objetivas del caso que corroboraron el peor escenario para el oficialismo: personas de bajísima condición social, beneficiarias de planes sociales, efectivamente aparecen como donantes en la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. El tiempo de usar el potencial en las crónicas, para el fiscal, es pasado.
La averiguación por robo de identidades y uso de bases de datos que deberían estar protegidas por el Estado para la confección de fichas de afiliación será materia de la trama penal de la historia. Ziulu deberá indagar sobre control patrimonial dispuesto por la ley electoral para todos los responsables de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En rigor, los falsos aportantes figuran como afiliados al partido PRO bonaerense, cuya máxima responsable es la gobernadora Vidal, quien podría ser sancionada por el juez que sólo habla por sus dictámenes.