A medio siglo del golpe de Estado, el pasado no queda atrás. Entre memoria, economía y política persisten tensiones que remiten a discusiones inconclusas.
24 de marzo: los debates que la Argentina aún no resolvió
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sus consecuencias no pertenecen solo al pasado de la Argentina. Entre memoria, economía y política, muchas de las tensiones actuales remiten a debates que nunca terminaron de resolverse. Se trata de una fecha que exige una reflexión profunda que nos interpele y nos obligue a intentar comprender el porqué de tanto dolor, daño y frustración.
Una buena comprensión exige un abordaje no solo desde una mirada retrospectiva sobre este hecho trágico para la sociedad argentina, sino también en la relación con la forma en que sus consecuencias aún perduran y se reproducen, con distintas caras y matices, a lo largo de estos 50 años.
Este golpe cívico-militar, el último de los que marcaron nuestra historia, no fue uno más. Constituyó la puesta en marcha de un plan sistemático de represión ilegal y violencia política, orientado a la eliminación directa de toda forma de disidencia, real o supuesta, pacífica o armada. No admitía matices ni contemplaciones: operaba sin dudas, sin límites y sin clemencia, desentendiéndose por completo de sus consecuencias humanas, tanto directas como indirectas.
No se trató de restaurar el orden frente al caos mediante los instrumentos que la ley y la Constitución preveían. Por el contrario, ese mismo caos fue utilizado como excusa para imponer un proyecto político, económico y social determinado.
Para comprender aquel período, también resulta necesario incorporar el contexto de creciente violencia política que precedió al golpe. Durante los años previos, la Argentina atravesó una escalada de conflictividad que incluyó la acción de organizaciones armadas y una fuerte radicalización ideológica, en abierta tensión con los principios del Estado de Derecho.
La respuesta desde el gobierno democrático de aquel entonces fue combatir esa violencia muy frecuentemente con métodos por fuera de la ley logrando solo profundizar el conflicto. Ese escenario, marcado por la degradación institucional y la violencia política, no justificaba en modo alguno el quiebre democrático, pero sí constituye un elemento indispensable para comprender la profundidad de la crisis que atravesaba la República.
A la brutal represión ilegal contra la violencia política se le agrego el programa económico que impulsó la dictadura so pretexto de corregir el desastre económico heredado, permitiéndole llevar adelante un modelo cuyas consecuencias fueron profundas: el desmantelamiento del aparato productivo nacional acompañado de un endeudamiento externo imposible de sostener, que hipotecó así el futuro y condicionó fuertemente a la democracia recuperada. Ese legado económico es muchas veces soslayado por la magnitud del horror que se vivió, pero dejó a quienes vinieron una herencia nefasta con consecuencias de enorme magnitud.
Aún resuenan las imágenes y las frases de aquella época como: “dame dos”, “plata dulce”, “vendé la fábrica y viví de intereses” o “achicar el Estado es agrandar la Nación”. Expresiones que, lejos de resultar anecdóticas, reflejan una lógica económica y cultural cuyas consecuencias fueron, en realidad, profundamente trágicas.
Hay quienes sostienen que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. En nuestro país, siempre superador en algunos aspectos, esta historia se repite una y otra vez, adoptando nuevas formas y distintas máscaras.
Lo vimos en los años 90, y lo vemos ahora nuevamente, con bastantes similitudes. La experiencia acumulada genera una sensación inquietante: la de ver una película conocida y, peor aún, saber cómo termina.
Es volver a un esquema ya ensayado que, sobre la base de fracasos anteriores, pretende presentarse como una novedosa solución mágica. Sin embargo, el problema no es únicamente económico. En todo caso, lo económico forma parte de una matriz más amplia. Se trata de una forma de concebir la organización social y los mecanismos para imponer determinados modelos.
Hoy, esas miradas autoritarias han dejado de lado los sables y los tanques -ya obsoletos- y se presentan bajo nuevas formas: liderazgos que se autodefinen como “outsiders”, discursos violentos y maniqueos que pretenden ser portadores de verdades incuestionables, y la reivindicación de teorías económicas que rara vez han demostrado éxito en su aplicación.
En este contexto, el mundo parece atravesar una etapa marcada por el individualismo, en la que el mercado se postula como ordenador casi exclusivo de la sociedad, y donde se suma el papel de la tecnología que, a través de algoritmos y estrategias de comunicación, condiciona cada vez más la forma en que pensamos, nos informamos y decidimos.
Como señala Giuliano Da Empoli en Los ingenieros del caos, la forma en cómo operan estas herramientas para influir en la opinión pública, debilita el rol de la política como espacio de mediación de intereses, y erosiona la función del Estado como herramienta de integración social y equilibrio en la distribución de recursos.
Este resurgimiento de viejas ideas no puede entenderse sin considerar también los fracasos de los modelos alternativos llevados adelante en estos 50 años. Las políticas y sus condicionantes, sus contextos, y los momentos históricos particulares que los atravesaron y atraviesan, necesitan y deben ser incorporados al debate.
Nada está más lejos de la libertad pregonada, que una sociedad que ha visto como se deteriora su capacidad de análisis crítico. Cuando el razonamiento y la verdad son reemplazados por la propaganda los algoritmos y la manipulación, la democracia misma se debilita. Sin dudas, nuestra sociedad hoy no logra encauzar estos debates tan necesarios, pero ello no implica que deba resignarse y someterse a este clima de época.
No resignarse, sin embargo, no significa aferrarse únicamente a las vigentes ideas republicanas, que siguen siendo fundamentales. Es necesario complementarlas con idoneidad, eficiencia, austeridad en el ejercicio de la cosa pública, y agregar precisión a las acciones de los poderes del Estado. Se deben lograr resultados tangibles en la vida de las personas; de esas personas que al fin al cabo tienen esperanza en las palabras, pero que más temprano que tarde necesitan y exigen resultados concretos.
Por todo lo dicho, resulta imprescindible reconstruir el vínculo entre la sociedad, la política y la democracia. Solo en un ámbito de discusión abierta, sin violencia y bajo la guía de la racionalidad, será posible otorgarle sentido a estos cincuenta años.
El vínculo entre pasado y presente no es lineal ni mecánico, pero sí profundamente significativo. Muchas de las tensiones actuales en torno al modelo económico, el rol del Estado y el sentido mismo de la democracia remiten a debates que, en gran medida, fueron clausurados de manera violenta en la década de 1970.
Volver sobre el golpe, entonces, no es solo un ejercicio de memoria. Es también la oportunidad de reabrir discusiones desde una perspectiva democrática, no para reproducir antagonismos estériles, sino para construir un horizonte común. Porque la democracia no es únicamente un sistema de gobierno: es, ante todo, un valor ético fundado en el respeto irrestricto a la ley, a la dignidad de las personas y a los derechos humanos.
A 50 años, ese consenso básico —forjado tras las horas más oscuras de nuestra historia— debe seguir siendo el punto de partida. Solo a partir de la plena vigencia del Estado de Derecho, del fortalecimiento de las instituciones y de una ciudadanía comprometida será posible que la memoria deje de ser un lastre del pasado, y se convierta en una guía para construir un futuro más justo, y verdaderamente republicano.