Reclamos salariales, crisis edilicia, violencia en tribunales y jubilaciones en conflicto tensan al Poder Judicial bonaerense.
Judiciales en ebullición: jueces, fiscales y trabajadores presionan a Kicillof, a la Corte y a Conte Grand.
El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los momentos de mayor tensión institucional de los últimos años. Magistrados, fiscales, empleados judiciales y hasta jueces jubilados multiplican reclamos que apuntan a tres vértices del poder: el gobernador Axel Kicillof, la Suprema Corte bonaerense encabezada por Hilda Kogan y la Procuración General que conduce Julio Conte Grand.
La escena refleja una acumulación de conflictos que atraviesa todo el ecosistema judicial: crisis edilicia, problemas de seguridad en Tribunales, reclamos salariales, disputas por jubilaciones y denuncias por falta de recursos para el funcionamiento del Ministerio Público.
En ese tablero, el Poder Judicial provincial —uno de los más grandes del país— exhibe un clima de malestar creciente que combina tensiones laborales, internas institucionales y un escenario político complejo para el gobierno bonaerense.
La sucesión de episodios ocurridos en los últimos meses dejó al descubierto una estructura judicial que reclama respuestas urgentes.
Uno de los detonantes más visibles de la preocupación institucional fue la violenta toma del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín en febrero de 2026.
Cerca de veinte personas armadas con cuchillos irrumpieron en el despacho del juez Nicolás Schiavo para exigir la liberación de detenidos vinculados al narcotráfico en Villa Maipú. La escena incluyó amenazas directas al magistrado, destrozos en dependencias judiciales y la posterior intervención de la policía.
El episodio encendió todas las alarmas dentro del Poder Judicial bonaerense.
Como reacción institucional, la Suprema Corte y el Ministerio de Seguridad firmaron un convenio para reforzar la custodia policial en edificios judiciales. El acuerdo fue rubricado por la presidenta del tribunal Kogan, y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.
El convenio prevé establecer un esquema coordinado para asignar personal policial a la custodia de sedes judiciales y también habilita, de manera excepcional, que los magistrados puedan solicitar seguridad en audiencias que se realicen fuera de los edificios de tribunales.
El acto de firma contó con la presencia del vicepresidente de la Corte, Sergio Torres, el ministro decano Daniel Fernando Soria y el jefe de la policía bonaerense, Javier Carlos Villar. Sin embargo, la rápida sucesión de hechos violentos volvió a poner en duda la efectividad de esas medidas.
En marzo, un episodio ocurrido en Florencio Varela volvió a sacudir al Poder Judicial. Tras un veredicto absolutorio en un juicio por jurados por la muerte de una adolescente en un siniestro vial, familiares de la víctima reaccionaron con furia: destrozaron parte del edificio judicial y el juez Santiago Zurzolo recibió un ladrillazo en el pecho.
La situación obligó a evacuar y resguardar a los integrantes del jurado popular en pisos superiores del edificio para evitar agresiones. Afuera, la violencia continuó con daños en vehículos, entre ellos el automóvil de un magistrado y las motos de dos jurados.
En paralelo, otro episodio ocurrido en La Plata volvió a dejar al descubierto las falencias estructurales de los edificios judiciales.
Un detenido se arrojó desde el cuarto piso de los tribunales penales platenses y murió al caer sobre el auto de un juez. El caso reabrió el debate interno sobre las condiciones de seguridad, los sistemas de custodia y la infraestructura en sedes judiciales.
Para muchos magistrados, estos hechos no son episodios aislados sino la expresión de un problema estructural que combina falta de recursos, edificios obsoletos y escasez de personal de seguridad.
En medio de este contexto institucional delicado, el Ministerio Público Fiscal sumó su propio frente de conflicto.
La Asociación Civil de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires envió una carta a Kicillof y a las máximas autoridades del Poder Judicial reclamando una recomposición salarial urgente.
El documento fue firmado por el presidente de la entidad, Walter Martínez Soto, y advierte que la pérdida de poder adquisitivo comienza a afectar el funcionamiento del sistema penal.
El reclamo también fue dirigido a la presidenta de la Suprema Corte, Kogan, y a funcionarios clave del gabinete provincial. Los fiscales sostienen que un funcionario de primera instancia percibe alrededor de 3,2 millones de pesos mensuales, pero remarcan que la función implica guardias permanentes y disponibilidad constante frente a delitos graves.
El argumento central apunta al desgaste laboral. En departamentos judiciales del conurbano, las fiscalías reciben un volumen creciente de causas penales: robos, violencia familiar, delitos contra la propiedad y conflictos sociales que obligan a intervenir de manera inmediata.
Según describen los propios fiscales, la dinámica de trabajo implica jornadas extendidas y disponibilidad las 24 horas para atender urgencias. El planteo llega en un momento particularmente incómodo para el gobierno provincial.
La administración de Kicillof mantiene abiertas las negociaciones paritarias con distintos sectores del Estado en un contexto fiscal complejo. La Provincia sostiene que enfrenta un fuerte recorte de recursos provenientes del gobierno nacional y una caída en la recaudación que condiciona cualquier mejora salarial.
Aun así, el reclamo de los fiscales introduce un elemento político delicado: si el gobierno abre una negociación específica para el Ministerio Público, otros sectores del Poder Judicial podrían exigir el mismo tratamiento.
El conflicto salarial no se limita a los fiscales. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense —que nuclea a más de 8.000 integrantes del sistema judicial— solicitó formalmente participar en la mesa de discusión salarial del sector.
La entidad envió notas a los ministerios de Economía y Trabajo de la provincia para ser convocada a las negociaciones paritarias.
El pedido marca un cambio en la dinámica tradicional del sistema judicial, donde históricamente las remuneraciones de magistrados y funcionarios estaban atadas a mecanismos propios de actualización.
Ahora, el planteo apunta a tener voz directa en la discusión salarial en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.
Según distintos sectores judiciales, la inflación acumulada de los últimos años erosionó significativamente los ingresos de funcionarios y magistrados.
Ese deterioro salarial no sólo impacta en la estructura del Poder Judicial sino también en el funcionamiento cotidiano de tribunales, fiscalías y defensorías.
Mientras fiscales y magistrados discuten salarios, los trabajadores judiciales protagonizan sus propios reclamos.
En La Plata, empleados de las Defensorías Públicas se movilizaron junto a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) hasta la sede de la Procuración General para exigir respuestas a problemas estructurales que arrastran desde hace meses.
El reclamo incluye tres puntos centrales:
Según denunciaron los trabajadores, las condiciones laborales son precarias y afectan la calidad del servicio que presta el Ministerio Público de la Defensa.
Durante la jornada de protesta, empleados y delegados sindicales ocuparon los pasillos del edificio para visibilizar la situación. También colocaron carteles y afiches reclamando soluciones urgentes.
Desde la AJB señalan que los planteos fueron realizados en reiteradas oportunidades ante las autoridades de la Procuración General sin obtener respuestas concretas.
La situación genera un nuevo foco de tensión que apunta directamente a la conducción del Ministerio Público a cargo de Conte Grand.
El conflicto judicial suma otro capítulo con el reclamo de jueces y funcionarios jubilados.
En un encuentro realizado en la sede del Colegio de Magistrados bonaerense, distintas organizaciones del sector analizaron el impacto de la Acordada 4093 de la Suprema Corte.
Según denunciaron los participantes, la aplicación de esa normativa produjo una distorsión que implica una reducción cercana al 40% en las jubilaciones y pensiones del sector.
De la reunión participaron la Asociación de Magistrados Jubilados y Pensionados de la Provincia, la Red de Jueces Penales Bonaerenses y la Asociación de socios honorarios del Colegio de Magistrados.
Las entidades acordaron articular acciones institucionales para exigir el restablecimiento pleno de la movilidad jubilatoria conforme a la ley.
El reclamo vuelve a poner presión sobre la Suprema Corte, que deberá analizar eventuales modificaciones al sistema de actualización de haberes.
La acumulación de conflictos revela un escenario complejo para la política bonaerense.
En simultáneo, el Poder Ejecutivo provincial enfrenta reclamos salariales, el Poder Judicial discute cuestiones institucionales y el Ministerio Público recibe presiones internas por recursos y condiciones laborales.
La consecuencia es un cuadro donde todo el sistema judicial bonaerense —jueces, fiscales, empleados y jubilados— plantea demandas concretas a tres actores centrales:
Las tensiones reflejan un problema estructural.
La justicia bonaerense es una de las estructuras administrativas más grandes del país y su funcionamiento depende de un delicado equilibrio entre presupuesto, infraestructura y organización institucional. Hoy ese equilibrio está en discusión.
Los episodios de violencia en tribunales, la crisis edilicia, los reclamos salariales y las disputas por las jubilaciones configuran un escenario que ya dejó de ser sectorial.
Se trata de una señal política que atraviesa a todo el sistema.
Y que, tarde o temprano, obligará al gobierno provincial y a la cúpula judicial a sentarse a buscar respuestas antes de que el malestar termine transformándose en una crisis institucional mayor.