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El juez federal Ernesto Kreplak dispuso la medida en el marco de la investigación que podría tocar a la gobernadora Vidal. La contadora debió renunciar a su cargo cuando estalló el escándalo.
Por 09/10/2018 10:25

María Fernanda Inza se transformó en la primera imputada por la justicia Federal de La Plata en el marco de la investigación por los aportantes electorales truchos de Cambiemos que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien tiene a su cargo la trama penal del escándalo. La imputación implica la notificación formal de que está siendo investigada como posible partícipe de una maniobra delictiva.

La medida fue confirmada a Letra P por fuentes con acceso al expediente. La resolución se dio luego de que la acusada, amiga y ex funcionaria de la gobernadora María Eugenia Vidal, se presentó en el expediente donde designó abogado defensor y apeló el rechazo a la inhibitoria solicitada por el juez electoral, Adolfo Gabino Ziulu, quien tiene a su cargo el control administrativo y contable de los fondos destinados a la campaña electoral 2017.

 

 

Inza fue la secretaria de Legal y Técnica del gobierno bonaerense y luego la elegida por Vidal -y ratificada por el Senado- para ocupar la Contaduría General de la Provincia cuando ya había estallado el caso de los aportantes truchos del oficialismo. Ese escándalo por la causa que hablaba del posible robo de identidades y el financiamiento ilegal de la campaña obligó a la mandataria, después de su primera postura de sostenerla aún con la controversia desatada, a correr a Inza de la Contaduría, apenas dos días después de haber asumido. La imputada, que formalmente renunció a su cargo, es la tesorera del partido PRO bonaerense. Y Vidal, la presidenta del Partido.

Tal como viene informando Letra P, hay dos grandes casos abiertos. Uno de ellos lo lleva el juez penal Kreplak. El otro lo investiga el magistrado en lo Contencioso Administrativo Ziulu, conocido por avalar tarifazos en la provincia de Buenos Aires.

 

 

En ambos expedientes se investigan hipótesis distintas. Kreplak bucea entre los posibles delitos de lavado de dinero, robo de identidad y manipulación de bases de datos públicas para fines electorales. Se sospecha que dirigentes del PRO utilizaron datos de beneficiarios de planes sociales para que figuren como aportantes de la campaña electoral de 2017. Por su parte, Ziulu debe abocarse a controlar ingresos y egresos de una planilla excel, no tiene potestad para husmear en el origen de los fondos.

Pero la pelea entre ambos magistrados llegará a la Cámara de Apelaciones. El gobierno necesita que la causa quede en jurisdicción Contencioso Administrativa, donde la ilegalidad se paga con apercibimiento o multas. En el fuero Penal, el panorama es distinto. Hay peligro de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y hasta penas que se pagan con prisión.

 

 

En la mira de Kreplak, el juez que no quiere Cambiemos, están la gobernadora Vidal y su ladero de confianza, el jefe de Gabinete, Federico Salvai, quien fue el jefe de la campaña. Salvai es el marido de la súper ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, quien tiene bajo su guarda legal las bases de datos de donde se extrajeron las identidades de beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes de baja escala al PRO bonaerense.

La contadora Inza, el primero fusible que jugó Vidal para moderar el escándalo surgido de la investigación del periodista Juan Amorín, presentó hace dos semanas un escrito en la causa federal en la que pide que la investigación quede en manos del juez Ziulu, de perfil amistoso con el oficialismo.

 

 

En 2017, pese a no ser candidata, Vidal encabezó la campaña en la provincia de Buenos Aires. El jefe de la misma fue Salvai. La que recaudaba era Inza como tesorera junto al radical Alfredo Irigoin y la dirigente PRO Silvia Chaban, ambos imputados en la causa que instruye en Comodoro Py el juez federal Sebastián Casanello.

Mientras Kreplak se aboca a la arista penal del caso, su colega Ziulu escruta los gastos de campaña, pero no posa la lupa en el origen de los fondos que, una de las posibilidades, es que se trate de lavado de dinero. En caso de detectar irregularidades en el origen de los fondos, la doctrina y la jurisprudencia indican que debe declinar competencia y que todo corra en la esfera del derecho Penal, en manos de Kreplak, el escenario más temido por Cambiemos.