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El juez Ernesto Kreplak rechazó el pedido de apartamiento solicitado por su par, pro tarifazo, Adolfo Gabino Ziulu. Define la Cámara de Apelaciones.
Por 20/09/2018 16:02

Un nuevo revés judicial sufrió la gobernadora María Eugenia Vidal en la causa por aportantes truchos de Cambiemos. El juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, no hizo al planteo de inhibitoria solicitado por su par, Adolfo Gabino Ziulu, el magistrado que avaló los tarifazos en provincia de Buenos Aires.

Según la resolución judicial a la que accedió Letra P, el juez Kreplak sostuvo que no existen impedimentos para que la investigación del manejo de dinero de la campaña quede en manos de Ziulu y, en paralelo, se investigue el origen y la forma de conseguir los fondos por parte de la alianza gobernante. En caso de rechazo de esta nueva resolución, el pleito legal será definido en la Cámara de Apelaciones. Cabe recordar que una pericia oficial confirmó la presencia de falsos contribuyentes.

En la mira de los investigadores figuran los principales responsables de la campaña: la gobernadora María Eugenia Vidal, en su rol de titular del partido PRO en la provincia de Buenos Aires, su jefe de gabinete, mano derecha y cabeza de la campaña 2017, Federico Salvai y la eyectada contadora María Fernando Inza, ex secretaria Legal y Técnica y tesorera del PRO bonaerense.

 

 

En caso de avanzar la trama penal, a cargo del juez Ernesto Kreplak en la justicia Federal de La Plata, uno de los escenarios posibles es que Vidal no se pueda presentarse como candidata en las próximas elecciones, aunque ese cuadro de situación aparece muy lejano en el horizonte de los plazos judiciales.

Kreplak tiene a su cargo dos denuncias presentadas por la jefa del bloque kirchnerista del senado provincial, María Teresa García, y la diputada platense, Florencia Saintout. El juez investiga delitos penales como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas el PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses o Desarrollo Social- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos.

 

 

Los expedientes aun no fueron oficialmente rotulados, el universo delictivo a investigar es amplio y los investigadores quieren tener toda la documentación sobre la mesa para tener un cuadro de situación completo y comenzar con los llamados a declaración e indagatoria y eventuales procesamientos, situación que Vidal, Inza y Salvai (entre otros) desean gambetear y dejar que toda la responsabilidad quede en cabeza de los recaudadores de campaña: el radical Alfredo Irigoin (ex Intendente de Laprida) y la dirigente PRO, Silvia Chabán, ambos imputados en la causa que tramita en el juzgado del juez Federal, Sebastián Casanello.

Mientras Kreplak se aboca a la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, Adolfo Gabino Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña, pero no hace foco en el origen de los fondos. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que él es quien debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, enviar esa arista de la investigación a Kreplak.

 

 

A las causas que tienen en sus despachos los jueces Casanello, Ziulu y Kreplak deben sumarse las decenas de denuncias penales que tramitan en la justicia ordinaria bonaerense, en la que los denunciantes aseguran que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos (en 2015 y en 2017) sin haberlo sido.