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A días de cerrarse el acuerdo con PAMI, le cayó a Servini una demanda a directivos de la cámara nacional de laboratorios por precios y posición dominante. Sorpresa por belicosidad con aval de Macri.
Por 26/10/2018 11:54

Nadie entiende demasiado la dinámica de un conflicto que se vislumbra complejo y que se ha puesto peor en las últimas horas. La diputada nacional Elisa Carrió presentó una denuncia penal -confirmada por sus voceros a Letra P- contra varios de los directivos de la cámara nacional de laboratorios CILFA. La jefa de la Coalición Cívica cumple una promesa propia: cargarse, según su léxico, a buena parte de los productores de medicamentos que considera especuladores. Los asocia a historias antiguas, a relatos que de niña recibió del propio (Arturo) Illia, quien le habría contado a sus ocho años que “lo voltearon los laboratorios”.

En este contexto y tras comprender que varios CEOs jugaron a “desestabilizar”, la legisladora demandó penalmente a Isaías Drajer, presidente de CILFA y el laboratorio Elea; a Eduardo Macchiavello, de Roemmers y vice de esa entidad, y a Alberto Álvarez Saavedra, de Gador y secretario en la organización. Este último dirigente fue uno de los más sorprendidos. “No entiendo el nivel de violencia e incomodidad que generan estas cuestiones”, dijo en diálogo con algunos de sus colegas en la última reunión de la Unión Industrial Argentina (UIA).

 

Macri, el jueves, con un laboratorio estadounidense. 

 

Álvarez Saavedra es un histórico del sector al que Carrió, en su lenguaje de batalla, identificó como el dueño de Alplax, un ansiolítico que fabrica el laboratorio de su propiedad.

La líder de la CC lo pone en el pelotón de los que, en plena corrida al peso, habrían decidido cortar el contrato de provisión de remedios con el PAMI, decisión que se tomaron por sentirse perjudicados por la devaluación. La denuncia penal, que cayó en el juzgado federal que comanda Matía Romilda Servini de Cubría, llega, precisamente, a menos de una semana del plazo tope (31 de octubre) para que CILFA y Cooperala, las dos cámaras nacionales, tengan que sentarse con el titular del organismo, Sergio Cassinotti, para darle forma al nuevo convenio.

Breve repaso a grandes rasgos: Caeme, la cámara de laboratorios extranjeros, de buen vínculo con Cambiemos, aceptó seguir con el contrato vigente hasta el 31 de marzo de 2019. Así, logró que el Gobierno les reconozca el 100% de la inflación hasta el fin del contrato. Para los nacionales, en tanto, la negativa a rubricar dejó al Ejecutivo poniéndole condiciones a CILFA y Cooperala: dejar de negociar como cámara y hacerlo individual con cada laboratorio y eliminar el tope para modificar precios, reconociéndoles solo un 70% de la inflación total del período. Naturalmente, el mayor volumen del acuerdo del PAMI está en los empresarios locales, que suman el 40% de las ventas totales de remedios que compra el organismo.

 

Álvarez Saavedra, de Gador, CILFA y la UIA, la obsesión de Carrió. 

 

Este escenario de conflicto, que hasta incluyó amenazas de algunos laboratorios locales de llevarse inversiones al exterior, tiene algunas preguntas con y sin respuestas. La primera, si el presidente Mauricio Macri avala la belicosidad de Carrió con el sector. Se concluye, con algo de información, que sí. No porque el mandatario le tenga fe ciega a su espada de la transparencia, sino, más bien, porque lo convenció el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. “Nunca dejó de manejar él; incluso ahora que no está, quedó su gente”, contó a Letra P un CEO de peso en el rubro.

La especulación es que el ex Farmacity tiene aún algo más que predicamento y que es el jefe de Gustavo Lopetegui en las sombras. En paralelo, el brazo ejecutor de las políticas es Cassinotti, un hombre de Marcos Peña y con un currículum que le permite conocer los pros y los contras de los que fabrican remedios. Dirigió por años la prepaga Accord y la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (CADDE). Desde este último puesto se pasó al PAMI.

 

 

La segunda pregunta es por qué el Gobierno acaricia con más ternura a los laboratorios multinacionales que a los locales, siendo que se dedican al negocio de importar sin crear valor ni puestos de trabajo.

En las últimas reuniones en el Ministerio de la Producción, se obvió a los locales y el jueves por la tarde el propio Macri se fotografió con el manager y responsable de operaciones comerciales de la farmacéutica estadounidense AMGEN, Ian Thompson, y el gerente general de la multinacional en la Argentina, Cristian Videla.

La respuesta, en este caso, es un sí basado en cuestiones políticas y de negocios. En primer término, en la Casa Rosada destacan que las multis “son más aptas para competir y son más baratos”. A la par, los menos se enojan por algunas jugadas o relaciones políticas de los nacionales con ex funcionarios del gobierno anterior, como el gobernador tucumano, Juan Manzur. Entre los nacionales, niegan vinculaciones más allá de lo protocolar y hasta admiten que muchos de los denunciados por Carrió apoyaron y apoyan a Cambiemos. Por todo esto, no comprenden las razones de la embestida, que parece no tener fin. “Nosotros no vamos a responder”, dijo uno de los CEOs locales, que fue por la propositiva: una campaña de comunicación “que muestre lo que somos, lo que empleamos y lo que representamos para el país”.

Éste es el nivel de mercurio en el termómetro a días de que se deba rubricar el acuerdo de los nacionales con el PAMI. No son pocos los que sugirieron que, en este clima, se haga una prórroga del plazo hasta que aclare.

La batalla del Alplax: denuncia penal de Carrió y el fantasma de Quintana

 A días de cerrarse el acuerdo con PAMI, le cayó a Servini una demanda a directivos de la cámara nacional de laboratorios por precios y posición dominante. Sorpresa por belicosidad con aval de Macri.

Nadie entiende demasiado la dinámica de un conflicto que se vislumbra complejo y que se ha puesto peor en las últimas horas. La diputada nacional Elisa Carrió presentó una denuncia penal -confirmada por sus voceros a Letra P- contra varios de los directivos de la cámara nacional de laboratorios CILFA. La jefa de la Coalición Cívica cumple una promesa propia: cargarse, según su léxico, a buena parte de los productores de medicamentos que considera especuladores. Los asocia a historias antiguas, a relatos que de niña recibió del propio (Arturo) Illia, quien le habría contado a sus ocho años que “lo voltearon los laboratorios”.

En este contexto y tras comprender que varios CEOs jugaron a “desestabilizar”, la legisladora demandó penalmente a Isaías Drajer, presidente de CILFA y el laboratorio Elea; a Eduardo Macchiavello, de Roemmers y vice de esa entidad, y a Alberto Álvarez Saavedra, de Gador y secretario en la organización. Este último dirigente fue uno de los más sorprendidos. “No entiendo el nivel de violencia e incomodidad que generan estas cuestiones”, dijo en diálogo con algunos de sus colegas en la última reunión de la Unión Industrial Argentina (UIA).

 

Macri, el jueves, con un laboratorio estadounidense. 

 

Álvarez Saavedra es un histórico del sector al que Carrió, en su lenguaje de batalla, identificó como el dueño de Alplax, un ansiolítico que fabrica el laboratorio de su propiedad.

La líder de la CC lo pone en el pelotón de los que, en plena corrida al peso, habrían decidido cortar el contrato de provisión de remedios con el PAMI, decisión que se tomaron por sentirse perjudicados por la devaluación. La denuncia penal, que cayó en el juzgado federal que comanda Matía Romilda Servini de Cubría, llega, precisamente, a menos de una semana del plazo tope (31 de octubre) para que CILFA y Cooperala, las dos cámaras nacionales, tengan que sentarse con el titular del organismo, Sergio Cassinotti, para darle forma al nuevo convenio.

Breve repaso a grandes rasgos: Caeme, la cámara de laboratorios extranjeros, de buen vínculo con Cambiemos, aceptó seguir con el contrato vigente hasta el 31 de marzo de 2019. Así, logró que el Gobierno les reconozca el 100% de la inflación hasta el fin del contrato. Para los nacionales, en tanto, la negativa a rubricar dejó al Ejecutivo poniéndole condiciones a CILFA y Cooperala: dejar de negociar como cámara y hacerlo individual con cada laboratorio y eliminar el tope para modificar precios, reconociéndoles solo un 70% de la inflación total del período. Naturalmente, el mayor volumen del acuerdo del PAMI está en los empresarios locales, que suman el 40% de las ventas totales de remedios que compra el organismo.

 

Álvarez Saavedra, de Gador, CILFA y la UIA, la obsesión de Carrió. 

 

Este escenario de conflicto, que hasta incluyó amenazas de algunos laboratorios locales de llevarse inversiones al exterior, tiene algunas preguntas con y sin respuestas. La primera, si el presidente Mauricio Macri avala la belicosidad de Carrió con el sector. Se concluye, con algo de información, que sí. No porque el mandatario le tenga fe ciega a su espada de la transparencia, sino, más bien, porque lo convenció el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. “Nunca dejó de manejar él; incluso ahora que no está, quedó su gente”, contó a Letra P un CEO de peso en el rubro.

La especulación es que el ex Farmacity tiene aún algo más que predicamento y que es el jefe de Gustavo Lopetegui en las sombras. En paralelo, el brazo ejecutor de las políticas es Cassinotti, un hombre de Marcos Peña y con un currículum que le permite conocer los pros y los contras de los que fabrican remedios. Dirigió por años la prepaga Accord y la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (CADDE). Desde este último puesto se pasó al PAMI.

 

 

La segunda pregunta es por qué el Gobierno acaricia con más ternura a los laboratorios multinacionales que a los locales, siendo que se dedican al negocio de importar sin crear valor ni puestos de trabajo.

En las últimas reuniones en el Ministerio de la Producción, se obvió a los locales y el jueves por la tarde el propio Macri se fotografió con el manager y responsable de operaciones comerciales de la farmacéutica estadounidense AMGEN, Ian Thompson, y el gerente general de la multinacional en la Argentina, Cristian Videla.

La respuesta, en este caso, es un sí basado en cuestiones políticas y de negocios. En primer término, en la Casa Rosada destacan que las multis “son más aptas para competir y son más baratos”. A la par, los menos se enojan por algunas jugadas o relaciones políticas de los nacionales con ex funcionarios del gobierno anterior, como el gobernador tucumano, Juan Manzur. Entre los nacionales, niegan vinculaciones más allá de lo protocolar y hasta admiten que muchos de los denunciados por Carrió apoyaron y apoyan a Cambiemos. Por todo esto, no comprenden las razones de la embestida, que parece no tener fin. “Nosotros no vamos a responder”, dijo uno de los CEOs locales, que fue por la propositiva: una campaña de comunicación “que muestre lo que somos, lo que empleamos y lo que representamos para el país”.

Éste es el nivel de mercurio en el termómetro a días de que se deba rubricar el acuerdo de los nacionales con el PAMI. No son pocos los que sugirieron que, en este clima, se haga una prórroga del plazo hasta que aclare.