Política & Negocios

Ambulancias: la oscura herencia de Cassinotti y D’ Abate en el IOMA

Letra P accedió a documentos de una opaca trama en torno al servicio de emergencias de la obra social. Licitación millonaria con “desfasajes” advertidos y una renegociación llamativa. Lazos amarillos.

“Después de 60 años, el IOMA va a tener un servicio de emergencia para el trabajador y su familia”. El 17 de marzo de 2017 la épica volvía a predominar en el discurso de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, esta vez para anunciar el despliegue de una red de ambulancias para dar respuesta a traslados de urgencia de beneficiarios de la obra social provincial. Lo hizo flanqueada por el funcionario que dejaba la conducción del IOMA para recalar en PAMI, Sergio Cassinotti, y quien lo sucedía en el cargo, Carlos D’ Abate.

 

Ambos dejaron su huella en una opaca trama licitatoria en torno a ese servicio anunciado aquel día y por el cual la Provincia hizo adjudicaciones millonarias que luego fueron renegociadas con llamativas reducciones y prórrogas, ante “desfasajes” advertidos en documentos no difundidos públicamente pero a los que accedió Letra P. Todo, en el marco de un sistema escasamente promocionado y con un grado de funcionamiento nunca informado que abre interrogantes sobre el manejo de los recursos en una obra social que ya arrastra múltiples reclamos por pagos retrasados, servicios deficitarios, ausencia de respuestas y denuncias de vaciamiento.



Anuncios del IOMA en marzo de 2017. Sonrisas y fotos con gremios friendly como Soeme, que luego dejaron de serlo post escándalo en torno al titular de ese sindicato, Marcelo Balcedo, a quien la mandataria –detención consumada- tildó de “mafioso”. 
 

 

EL ORIGEN. A mediados de 2016, y aunque ya existía en el IOMA un mecanismo para traslados de centros de menor a mayor complejidad –además del sistema de reintegro-, Cassinotti promovió un servicio gratuito de ambulancias para riesgo de vida y urgencias al que pueda recurrir directamente el afiliado a través de un 0-800. Sin embargo, desde la Cámara Argentino Bonaerense de Empresas de Medicina de Emergencia (CABEME) se hizo un planteo judicial que frenó el proceso licitatorio para brindar este servicio por seis meses por poco más de $198 millones.

 

En una polémica que tomó vuelo mediático, no sólo sobrevolaron las advertencias que marcaban sobreprecios, sino que se marcó que la licitación estaba direccionada para que la obtenga una empresa en particular: Emergencias S.A., relacionada al gremio UPCN (de grueso perfil dialoguista con la gestión Vidal) que había adquirido acciones allí en 2011. Las suspicacias en este punto se reforzaban aún más teniendo en consideración que Cassinotti presidió la obra social de ese sindicato entre 2002 y 2013.

 

La CABEME también había expresado su reclamo al IOMA, solicitando una prórroga en la contratación a fin de poder “informar e interesar al mayor número posible de integrantes -de esa cámara- para participar”, en atención a que habían sido notificados del proceso a escasos días de vencer el plazo de presentación de ofertas.
 

 


En una resolución con fecha 1 de julio de 2016, Cassinotti hizo lugar a ese pedido y –en un contexto donde ya era pública la disconformidad y las sospechas- extendió los plazos. Asentada la polvareda de la polémica, en noviembre se reflotó el llamado para la contratación de este servicio, con un aval del Directorio del IOMA mayoritario, no unánime.

 

Y es que la representación de Suteba allí venía advirtiendo sobre los exorbitantes costos de este servicio. “Es un beneficio que habíamos reclamado para el afiliado del IOMA, pero nos llamó muchísimo la atención los montos ya que nosotros estamos pagando (per cápita) $ 3,31 en el conurbano. Seguramente en los distritos del interior prestar este tipo de servicio es más costoso, por las distancias, pero nos parece demasiado la diferencia (promedio de $17 per cápita). Por eso le reclamamos un informe técnico a las autoridades del IOMA y nunca nos los dieron”, había señalado el titular del Suteba, Roberto Baradel.

 

Pero, a finales de 2016, el proceso avanzó y por un monto total casi similar al cuestionado: poco más de $184 millones por seis meses.
 

 

PASO A PASO
JUNIO 2016. Cassinotti impulsa una licitación para contratar un servicio de ambulancias para urgencias destinado a los afiliados del IOMA. La cámara de empresas de medicina de emergencia (CABEME) cuestiona el proceso. Se advierten posibles sobreprecios y un proceso direccionado para que gane International Health Services Argentina (Emergencias S.A), grupo que por esos días contaba con Mariano Payaslián (ligado a las empresas de la familia Macri) en el directorio.
JULIO 2016. Cassinotti sede a los reclamos de la CABEME y estira los plazos de presentación de ofertas.
NOVIEMBRE 2016. Ya sin cuestionamientos empresarios, se reflota el proceso de contratación por $184 millones por seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis meses. Prácticamente no se modifica el monto cuestionado inicialmente.
MARZO 2017. Cassinotti deja el IOMA para ir al PAMI. Lo reemplaza Carlos D'Abate. En el traspaso, Vidal anuncia públicamente la puesta en marcha del nuevo servicio de ambulancias.
ABRIL 2017. Se concretan las adjudicaciones. Casi la totalidad del servicio queda para la UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por International Health Services Argentina (Emergencias S.A) junto con varias empresas con representantes en la Comisión Directiva de la CABEME.
JULIO 2017. Una auditoría interna advierte que "los valores que habría que abonar a las empresas superan ampliamente los de mercado, generando un evidente desequilibrio entre las contraprestaciones”. El Directorio lo insta a D' Abate a hacerse cargo del tema para "rescindir o renegociar" el contrato.
6 DE OCTUBRE DE 2017. D' Abate opta por renegociar con una reducción del 50%, llamativamente sin objeciones. Y hace uso de la prórroga del servicio por otros seis meses aunque con una rebaja mucho menor: sólo el 20% del monto inicial. En esta renegociación, la representación de la UTE con la porción mayoritaria del servicio estuvo a cargo de International Health Services Argentina.
15 DE OCTUBRE DE 2017. International Health Services Argentina realiza un suculento aporte al "desenvolvimiento institucional" del PRO a una semana de la elección general legislativa: $1.500.000.


TODOS ADENTRO. Ya en abril de 2017, semanas después del anuncio público de Vidal en medio del traspaso en la conducción del IOMA entre Cassinotti y D’Abate, se hizo efectiva la adjudicación. Ya no hubo reclamos de CABEME, aunque varias empresas que cuentan con representantes dentro de la Comisión Directiva de esa cámara sí estuvieron presentes como integrantes de las UTE (Unidad Transitoria de Empresas) que se hicieron con la contratación en asociación con International Health Services Argentina S.A., grupo que nuclea a –la ya no cuestionada- Emergencias S.A.

 

Emeca S.A. (que tiene a José y Leandro Cordero como autoridades de CABEME), Unidad Coronaria Móvil Quilmes S.A. (ligada a Emeca), Instituto de Investigaciones del Corazón Inicor S.A. (con Gustavo Perrota y Armando Fachinat dentro de CABEME), Centromédica S.A. (también con conexiones con Emeca), Socorro Médico Privado S.A. e International Health Services Argentina S.A. conformaron la UTE que se quedó con 12 y media de las 14 regiones en juego para la cobertura, por un total de $141.675.645,30. Aquí, se incluyó los servicios en la Ciudad de Buenos Aires, conurbano, y gran parte del interior bonaerense.

 

Para la zona norte se declaró “fracasada” la licitación (al día de hoy sigue sin cobertura), mientras que la mitad de la región 11, más específicamente la porción que refiere al servicio en La Plata y Ensenada, quedó para la UTE conformada por las platenses SUM S.A (sus miembros Jorge Abalde, Jorge Daniele y Valeria Luini integran la mesa directiva de CABEME), SIPEM SRL y UDEC S.A (su director Guillermo Oscos también integra la CD de la cámara del sector) por un total de $ 27.388.226,40.
 

 

PEQUEÑO DETALLE. El 11 de abril de 2017 se emitió la resolución del Directorio avalando las adjudicaciones. Lo llamativo fue que, además del monto total y las empresas ganadoras, en el extenso texto se especifican los precios unitarios de cada región a cubrir y otros aspectos técnicos pero lo que no se aclaró en ningún pasaje fue lo fundamental: a partir de cuándo los beneficiarios del IOMA iban a poder contar con esa cobertura. Por esto, diez días más tarde se publicó otra resolución, más acotada, en la que consta que, "por un error involuntario (en la resolución anterior) no se consignó específicamente la fecha en que  comenzará a regir el servicio". Así, se detalló que el mismo arrancaría "a partir de la notificación de las pertinentes órdenes de compra", algo que se efectuó el 1 de mayo del pasado año.


“DESFASAJE”. La obra social bonaerense hizo pública esta adjudicación y buena parte del proceso previo. Pero lo que no difundió es el registro de lo sucedido posteriormente con la prestación de este servicio. A esa documentación accedió Letra P. En la resolución del Directorio del IOMA 2323/17 del 10 de julio de 2017 se detalló el análisis que la Dirección General de Prestaciones hizo de la facturación del servicio de emergencia y urgencias médicas, observando “un claro desfasaje en la relación precio con la cantidad de traslados realizados en cada una de las regiones”. Allí, adjuntó un informe pormenorizado de la documentación examinada, “donde surge que en muchas regiones la Tasa de Uso se ubica por debajo del promedio general, lo que coincide con las regiones de mayor costo por servicio y da cuenta de la baja utilización de estas prestaciones”.

 

Ante eso, el Directorio resolvió que sea el presidente del IOMA, Carlos D’ Abate, quien se haga cargo del tema para “rescindir o renegociar, en la forma más beneficiosa para el IOMA, la contratación del Servicio de Emergencias y Urgencias Médicas para los afiliados”, sin antes insistir en que “queda acreditado” que “los valores que habría que abonar a las empresas adjudicatarias superan ampliamente los de mercado, generando un evidente desequilibrio entre las contraprestaciones”.

 



 

D’ Abate no rescindió, sino que renegoció. Y no sólo eso: aprovechó para extender la prórroga por otros seis meses a las mismas empresas. Todo, en un proceso con carencia de especificaciones.

 

El 8 de noviembre de 2017, y con la firma de Carlos Marcelo D'Abate, se emitió la Resolución 3481/17 en la que se daba cuenta del acuerdo del titular del IOMA con las firmas prestatarias del servicio, las cuales, de forma unánime, aceptaron la llamativa “reducción en 50% de los valores por la prestación del servicio por el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre”. Conforme lo acordado, se detalló que “las firmas se obligan a presentar las notas de crédito por el 50% del descuento acordado". De esta forma, ese contrato inicial pasó a ser de $84.531.935.

 

 


Pero lo curioso fue que, para la extensión del contrato por otros seis meses (del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018) la disminución sólo fue del 20% con respecto al contrato inicial, lo que representó un monto de $135.251.097. Esto, sin mencionarse la más mínima especificación acerca de las razones y los datos (tasa de uso, proyecciones inflacionarias, calidad del servicio, etc.) que fundarían esta decisión que, nuevamente, no contó con el respaldo unánime del Directorio. Un mes más tarde, D' Abate renunció al frente Directorio del IOMA.

 

Lo que sí se detalló fueron los actores que acordaron la renegociación y prórroga con D’ Abate. Por la UTE que opera en La Plata, figuró como apoderado Sergio Lilian Luini (de SUM S.A). En tanto, representando a la UTE con mayor peso en esta contratación, firmó como apoderado José Eduardo Sánchez, miembro del directorio de International Health Services Argentina (Emergencias S.A). 
 

 

 


VIENTO EN POPA. En los inicios de este turbulento proceso licitatorio iniciado con Cassinotti al frente del IOMA, José Eduardo Sánchez compartía directorio en International Health Services Argentina con Mariano Payaslian, quien a principios de este año salió a la luz pública a partir de la investigación de Emilia Delfino en Perfil, en la que se detalló que cuatro empresas encabezadas por Payaslian – un ex síndico de Sideco Americana y de Iecsa, ambas conectadas directamente a la familia presidencial- se hicieron con al menos US$ 48 millones con la reventa de seis parques eólicos en la provincia de Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires. Lo que develó aquel informe es que un 10 o 12 % de ese conglomerado de empresas encabezadas por Payaslian es de Sideco Americana, mientras que Socma (Sociedades Macri) también figura como parte de estas compañías, con menor porcentaje.

 

En International Health Services Argentina, Payaslián figuró dentro del directorio entre mayo de 2014 y marzo de 2017, en momentos donde la licitación por las ambulancias se reencaminaba, ya sin Cassinotti en el IOMA.

 

Pero el grupo que integra a Emergencias S.A. no sólo contaba con Payaslián entre sus lazos con el oficialismo. Justo una semana antes de la elección del 22 de octubre y en concepto de “desenvolvimiento institucional” del PRO, International Health Services Argentina aportó una cifra nada despreciable de $1.5 millones. Según detalló días atrás Juan Amorín en El Destape poco tiempo después de ese aporte, la empresa obtuvo un contrato de PAMI por $124 millones.
 

 


Por otro lado, y según los documentos a los que accedió Letra P, una semana antes de ese aporte al PRO, más precisamente el 6 de octubre de 2017, el representante de International Health Services Argentina renegociaba con el IOMA el servicio de emergencias y obtenía una millonaria prórroga. Vencida ésta última el 30 de abril de este año, no aparece aún la renovación de este servicio que, advierten a este medio voces cercanas al directorio, tiene una “tasa de uso bajísima” a pesar de la “necesidad de continuar con el referido servicio” que adujo D’ Abate en la renegociación.

 

Bajo este escenario, surgen varios interrogantes: ¿Cuáles fueron los datos estadísticos tomados para definir el monto inicial? ¿Por qué no se brindan mayores detalles de la Tasa de Uso y sólo se menciona que "fue inferior a la esperada"? ¿Todas las empresas brindaron la misma cantidad de prestaciones (Tasa de Uso) como para que ninguna objete una reducción del 50%? Si, para octubre de 2017, el Gobierno tenía previsto para 2018 una inflación del 10% ¿qué parámetros se tomaron para hacer sólo una disminución del 20% del presupuesto original para el periodo noviembre 2017-abril 2018 cuando se venía de una reducción del 50%?” Preguntas que en los documentos no encuentran respuestas.

 

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