Con la renovación de bancas como el factor que puede poner en crisis los acuerdos que el oficialismo y la oposición alcanzaron durante casi dos años, Cambiemos intentará apurar antes del 10 diciembre el tratamiento del paquete de reformas que la Casa Rosada considera clave, en materia laboral, tributaria y previsional. La pulseada por el tratamiento de las leyes, a las que se sumarán, entre otras, en los próximos meses, la reforma electoral y la elección del nuevo procurador general, dejará en claro el rol definitorio del Senado en las negociaciones cruzadas entre el Ejecutivo, los gobernadores y una mayoría de senadores peronistas que estará sumergida, a la vez, en la disputa interna que librarán Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto.
La Rosada dio la primera muestra de la urgencia que tiene por avanzar en la aprobación de las reformas al enviar al Senado el paquete que incluye el consenso fiscal y las reformas laboral y previsional apenas un día y medio después del acuerdo que sellaron los gobernadores con el presidente Mauricio Macri. Las leyes ingresaron al sistema de la Cámara alta el sábado por la madrugada y, tras el feriado, a primera hora del martes, el presidente provisional del cuerpo, Federico Pinedo, confirmó que el oficialismo intentaría que fueran aprobadas en el recinto en dos sesiones la próxima semana. Es decir, antes del recambio de senadores que depositará a Cristina en una banca y, con ella, armará una rebelión interna en el peronismo. La ex presidenta jurará el 29 de noviembre pero asumirá recién el 10 de diciembre.
El Senado empezará a recorrer el miércoles 22 el camino trazado por el oficialismo. Por la tarde, estaba previsto que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, asistá a la reunión de la comisión de Trabajo y Previsión Social para hablar sobre la reforma laboral, pero esa presentación finalmente se postergó. Un día después, el jueves 23, será el turno de los gobernadores y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, que expondrán sobre consenso fiscal y reforma previsional.
El pacto fiscal que firmaron el Gobierno nacional y las provincias no generará mayores inconvenientes. "Hay un acuerdo marco que ya firmaron los gobernadores. No debería haber problema con eso", aseguró el senador radical Luis Naidenoff. Sin embargo, los proyectos relativos a temas laborales y previsionales no tendrán un tratamiento tan rápido como esperaba el Ejecutivo, que pretendía sacar dictamen sobre la reforma jubilatoria este mismo jueves, para tratarlo en el recinto el 30. "Ese tema hay que estudiarlo bien. No convence lo que mandaron", adelantó un senador del bloque PJ cercano a Pichetto.
La reforma previsional pergeñada por el Gobierno, que generaba a futuro una baja sensible en el poder adquisitivo de los jubilados, había sido materia de discordia entre los gobernadores y la Rosada y uno de los temas que trabó hasta último momento la firma del pacto fiscal. "Nadie quiere votar eso", dijo a Letra P el miércoles 15 al mediodía uno de los senadores que participó de la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales y el ministro Frigerio, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Horas más tarde, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunciaba que se había llegado a un "consenso sobre la necesidad de encontrar una fórmula para la reforma previsional que no tenga que ver solo con la inflación, de forma tal que se pueda mantener el poder adquisitivo de los jubilados”. Algo similar se anunció el jueves en Casa Rosada, tras la firma del pacto fiscal.
A los grandes debates sobre las reformas, el peronismo agregará la disputa interna entre Cristina y Pichetto.
Sin embargo, el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso modificó la situación inicial de manera casi irrisoria, al agregar a la actualización por inflación un adicional de 5 por ciento sobre el crecimiento que haya tenido el PBI. El texto no cayó bien entre los senadores del peronismo, que avizoran modificaciones. Un senador de Cambiemos reconoció a este portal que "es probable que haya cambios".
En materia laboral, la discusión también se estirará. El peronismo quiere que el texto esté expresamente aprobado por la CGT y que sean los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid quienes concurran personalmente a la Cámara alta a darles mandato de aprobación. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (PJ-La Pampa), ya avisó que el cuerpo se tomará el tiempo que necesite para sacar dictamen, después de escuchar a todos los actores involucrados. Los jefes de la central gremial fueron citados para el martes 28 a dar sus opiniones.
A la discusión por el paquete que el oficialismo ya envió, seguirá el debate por el Presupuesto, que los gobernadores ya empezaron a trabajar con diputados del bloque Justicialista y con el sector de los senadores que responden a Pichetto, a través de sus ministros de Economía, en reuniones que mantuvieron en el CFI. Ya saldada la discusión por el Fondo del Conurbano y la coparticipación, ahora el foco está puesto en la distribución de obra pública y en la implementación de la ley de contratos de participación público privada.
En tanto, para 2018 quedarán pendientes otras dos grandes batallas que el oficialismo deberá dar en el Senado: el nombramiento del sucesor de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración y la reforma electoral.
En el primer caso, antes deberá resolverse la modificación de la ley de Ministerio Público, que quedó sepultada la semana pasada, luego de que el peronismo, por diferencias internas, planteara cambios al texto enviado por el Ejecutivo. En el bloque que conduce Pichetto aseguran que, por el momento, no se percibe apuro por parte de Cambiemos para cubrir la vacante de la procuradora y que el tema recién volverá a aparecer en agenda a partir de marzo del año próximo.
Para esa mismo fecha volverá el debate por la reforma electoral, que el peronismo hizo naufragar en 2016. El oficialismo volverá a insistir con la necesidad de implementar la boleta electrónica y cuenta, para eso, con el aval de varios gobernadores que ya utilizan el sistema en sus provincias, como Salta, Neuquén y Chaco. Sin embargo, a principios de noviembre especialistas en materia electoral le enviaron al Presidente una carta en la que advierten sobre la vulnerabilidad del sistema electrónico y recomiendan migrar hacia la boleta única de papel. A esa iniciativa se sumó un informe elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que le recomendó a Macri no avanzar "en el corto ni mediano plazo" con la implementación de la boleta electrónica. La Rosada definirá en los próximos meses si resuelve atender las advertencias o decide volver a la carga con el cuestionado proyecto. Cristina ya anunció su oposición.
