La segunda cruzada del presidente Mauricio Macri por la boleta electrónica ya encontró un primer obstáculo. Luego de que el año pasado naufragara el proyecto de ley en el Senado por el rechazo de gobernadores peronistas, un grupo de organizaciones y especialistas en política electoral cuestionó el sistema que el Gobierno quiere aplicar en 2019 como parte de las reformas a discutir.
El sistema que ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y en Salta fue cuestionado por las organizaciones Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Civil por los Derechos Civiles, Ageia Densi, Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, CEPPAS, Directorio Legislativo, Fundación Vía Libre y Salta Transparente.
Todas estas entidades enviaron este lunes una carta a Macri donde no sólo propusieron avanzar con el modelo de boleta única en papel -como se utiliza, por ejemplo, en Santa Fe-, sino que además reclamaron mayor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y la transferencia de la organización de los comicios al Poder Judicial.
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En la misiva, las organizaciones transmitieron que la reforma electoral “debe tener un amplio consenso en la ciudadanía, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos”.
“Pedimos el sistema de la boleta única en papel en clara oposición a la boleta única electrónica, porque entendemos que la acción del ciudadano no puede estar intermediaria por un sistema electrónico”, precisó Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano, a la agencia DyN.
Al respecto, fundamentó que desde Poder Ciudadano entienden que “el mundo vota con el sistema boleta única de papel” y aseguró que “la implementación de tecnología está yendo para atrás, sólo Brasil, India y Venezuela la mantienen para todo el país”.
“No estamos a favor de la boleta electrónica porque no asegura el secreto del voto, puede ser que ese voto sea leído e informado a una autoridad”, insistió Secchi, quien, además, alertó que es “muy difícil controlar el software”.
En otro de los puntos de la carta, las organizaciones plantean que “resulta imperioso para garantizar la equidad de la competencia, quitarle al Poder Ejecutivo Nacional cualquier tipo de facultad en la administración electoral y entregar al Poder Judicial de la Nación la organización total del proceso electoral”.
“Es una discusión que tiene que dar el Congreso, si se le da la organización a la Cámara Nacional Electoral o se crea un organismo nuevo dependiente del Poder Judicial”, explicó Secchi, quien consideró que el Gobierno no puede ser quien organiza y compite en las elecciones.
Asimismo, las organizaciones consideraron necesario “reforma el sistema de financiamiento de los partidos políticos, buscando generar más transparencia en este componente tan sensible del proceso electoral”.
Secchi puntualizó que desde Poder Ciudadano plantearon la necesidad de avanzar en una “bancarización” de las personas que quieren hacer donaciones a los partidos políticos. Además se mostraron a favor de que “se vuelva a permitir la donación de las empresas”, que con la reforma de 2009 “se sacó ese permiso aunque las empresas siguen donando”.
Como parte de los cambios exigidos por estas organizaciones también aspiran a una suerte de blanqueo de las campañas, porque "todo el financiamiento se analiza por los 30 días legales y no por la precampaña”. En este aspecto, las organizaciones también reclamaron “terminar con la utilización de los recursos públicos para la campaña”.
Entre los especialisas firmantes también figuran Delia Ferreira Rubio, Andrés Malamud, Javier Smaldone, Beatriz Busaniche, Carlos Dionisio Aguirre, Daniel Sabsay, Mateo Goretti y Enrique Chaparro, entre otros.