A más de cinco meses de su presentación, la ley que regula y enmarca el rol del Estado en las fiestas electrónicas en la Ciudad de Buenos Aires, elaborada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se aprobaría recién este jueves luego de recibir dictamen en el marco de un plenario de las comisiones de Salud, Seguridad y Desarrollo Económico de la Legislatura porteña.
La iniciativa que se aprobaría en la sesión ordinaria del jueves se construyó en base a reclamos de la oposición y se basó en el texto presentado por el Gobierno porteño el miércoles 27 de abril, once días después de Time Warp, la fiesta electrónica que devino tragedia por la muerte de cinco jóvenes a causa de la ingesta de drogas sintéticas, pero que también puso el foco en el control estatal realizado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
El propio Larreta adelantó a mediados de abril que su administración trabajaba en un texto para aumentar requisitos para organizadores de fiestas de ese estilo, que fueron prohibidas durante un lapso. A 152 días de ese anuncio, el expediente avanza con modificaciones reclamadas por los distintos bloques de la oposición, que también presentaron iniciativas sobre la tragedia.
El proyecto en cuestión fue modificado a pedido de la oposición y sus cambios fueron plasmados este lunes en un plenario de las comisiones de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico, aunque el texto podría sufrir nuevos cambios. En definitiva, el dictamen emitido esta tarde tomó como base el expediente presentado por el Gobierno porteño hacia fines de abril que, a modo de reacción ante los cuestionamientos a la falta de control gubernamental, proponía aumentar los requisitos que deben cumplir los organizadores de este tipo de eventos y se centra en la provisión de agua, la asistencia médica, la confección de protocolos de manejo frente a “catástrofes sanitarias” y la difusión de “información de prevención para reducir conductas de riesgos y responsabilizar a los asistentes de sus acciones”.
El dictamen de las comisiones de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico persigue establecer herramientas e instrumentos específicos para el cuidado de los asistentes a los eventos masivos de música electrónica. El proyecto plantea la instrumentación de un plan permanente dirigido a asegurar la presencia estatal en eventos que congreguen especialmente a los jóvenes, fortalece las disposiciones vigentes e introduce condiciones nuevas.
La propuesta parlamentaria apunta al diseño de estrategias comunes desde los diferentes actores que intervienen en la realización de este tipo de eventos. El proyecto de ley contempla disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas “sintéticas” o de “diseño” utilizadas con fines recreativos y que producen una variedad de efectos psicoactivos, como la estimulación y alteraciones de la percepción, pudiendo producir emergencias médicas graves con alta morbimortalidad.
Además, implica a los agentes de seguridad y del personal del local en la prevención de riesgos, asegura la atención sanitaria adecuada a los usuarios, concientiza sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y regula las condiciones ambientales de los locales en relación a la seguridad sanitaria, entre otros aspectos.
Desde que sucedió la tragedia, el sábado 16 de abril, ingresaron a la Legislatura porteña una catarata de leyes que apuntan a concientizar sobre el consumo de este tipo de drogas, otros que pusieron el ojo y pidieron informes sobre el control estatal y el rol de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) durante esa noche, como también iniciativas para incrementar la participación del estado en estas fiestas, siempre por medio de campañas de concientización.
Este lunes, en una reunión realizada en el Salón Montevideo, los diputados de los distintos cuerpos parlamentarios acordaron unir los distintos expedientes e inquietudes en uno solo, que se hizo en base al proyecto de Larreta y que bajaría al recinto el jueves 29 de septiembre. El encuentro fue presidido por el titular de la Comisión de Seguridad, Juan Pablo Arenaza, y sus pares de Salud, Victoria Roldán Méndez, y Desarrollo Económico, MerCoSur y políticas de empleo, Gabriel Fuks.
EL PROYECTO. Como se apunta a regular los eventos masivos, el texto define a encuentros de esas características como “todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo, capaz de producir una concentración igual o mayor a un mil (1000) asistentes, y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
A su vez, estipula la creación de un Registro Público de Productores de Eventos Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), exige un “permiso especial” para la realización de estas fiestas que debe ser tramitado ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, perteneciente a la AGC.
De ahora en más, “salvo autorización expresa de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en los eventos de esta naturaleza queda autorizada exclusivamente la venta de bebidas sin alcohol en vaso de material plástico descartable de único uso y de emparedados fríos o calientes”. Y, según se indica en el artículo 13 del dictamen, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos “podrá otorgar autorización para la venta de bebidas alcohólicas en forma exclusiva para mayores de edad, fijando específicamente los lugares en los que se realizará la misma”.
Al momento de presentar la iniciativa, Larreta hizo foco en la “prevención” y la “concientización”. El texto actual propone que, “a fin de difundir información de prevención sobre conductas de riesgo, el Gobierno de la Ciudad se encuentra facultado a realizar convenios con Universidades y Organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria”.
Por otra parte, la ley propone que se sancione con una multa de 10 mil unidades fijas o arresto de 60 días, clausura del establecimiento e inhabilitación a quienes “omitan recaudos exigidos por la legislación vigente durante un evento masivo”.
“Cuando la contravención sea cometida por una persona de existencia ideal, la inhabilitación se hará extensiva a sus directores o representantes legales por el mismo plazo”, se indica en el texto que se aprobaría el jueves.
Como se suponía, será la AGC el organismo que haga cumplir esta ley; es decir, será la autoridad de aplicación.
LA TRAGEDIA, LAS CONSECUENCIAS Y LA REACCIÓN POLÍTICA. El sábado 16 de abril, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires despertó con una trágica noticia que hizo recordar a la masacre de Cromañón: en Costa Salguero, en el marco de una fiesta electrónica conocida como Time Warp, cinco jóvenes fallecieron producto de la ingesta de drogas sintéticas.
Poco se sabía entonces de la Time Warp y de ese tipo de eventos. El jefe de Gobierno porteño no se encontraba en el distrito (estaba en Estados Unidos) y la administración local demoró su reacción hasta el domingo, día en que regresó y se sentó con sus ministros a coordinar cómo manejar la situación. Minutos después, visitó a familiares de jóvenes heridos en la fiesta.
Tras días de silencio, Rodríguez Larreta apareció en público e informó que el Gobierno porteño presentaría una ley para regular este tipo de eventos. La normativa se presentó el 27 de abril y apuntaba a incrementar requisitos a organizadores y a promover la prevención del consumo de sustancias sintéticas. El expediente tuvo poco movimiento al principio, pero luego la oposición y el oficialismo acordaron avanzar en un único proyecto, ante el paquete de expedientes que presentó cada bloque.
A 152 días de ese anuncio, el expediente toma forma y se aprobaría este jueves, tras un acuerdo entre los distintos bloques que se firmó este lunes en un plenario de comisiones.