El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió este miércoles por la tarde a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que prevé “promover el cuidado” de los asistentes a los eventos masivos de música electrónica. Es una reacción clara del Ejecutivo ante la tragedia en la fiesta “Time Warp” realizada en el complejo de Costa Salguero, donde fallecieron cinco jóvenes producto de la ingesta de drogas sintéticas, y al cuestionamiento político y judicial al accionar de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de la que no se habla en expediente.
El expediente aumenta los requisitos que deben cumplir los organizadores de este tipo de eventos y centra en la provisión de agua, la asistencia médica, la confección de protocolos de manejo frente a “catástrofes sanitarias” y la difusión de “información de prevención para reducir conductas de riesgos y responsabilizar a los asistentes de sus acciones”.
Según se desprende del texto al que accedió Letra P, los organizadores deberán “garantizar a los asistentes del evento el acceso a la hidratación adecuada”. De esta manera, toda persona que asista “deberá poder acceder gratuitamente a fuentes de agua aptas para el consumo humano en todo momento y a toda hora del evento, con los elementos necesarios para beberla libremente”. Esas fuentes tienen que estar identificadas y a la vista de los participantes “al llegar al lugar”.
A su vez, será obligatorio asegurar la asistencia médica y su acceso a la misma “a través de la señalética necesaria para tales fines”. “Dicha asistencia constará de profesionales capacitados y entrenados e infraestructura suficiente para las consultas y manejo de situaciones generadas por el uso y consumo indebido de sustancias tóxicas”, se indica en el proyecto presentado esta tarde y que pasaría por las comisiones de Seguridad, Desarrollo Económico y Salud de la Legislatura porteña.
Los organizadores de fiestas electrónicas en la Ciudad de Buenos Aires estarán obligados a presentar un protocolo de “manejo frente a potenciales catástrofes sanitarias que contenga la indicación de responsables y formas de contacto directo con ellos”. Ese documento tiene que estar aprobado por el Ministerio de Salud y por el SAME para “mejor anticipación y coordinación de potenciales situaciones masivas”.
A lo largo del evento, la organización tiene que difundir la información de prevención para “reducir conductas de riesgos y responsabilizar a los asistentes de sus acciones”. “La magnitud de las mismas se ajustará al número máximo de asistentes autorizados por la autoridad competente y a las características del predio”, reza el proyecto del Ejecutivo.
Se deberá asegurar la masiva difusión preventiva a través de pantallas (leds, proyectores o la tecnología que lo reemplace), cartelería, folletería, anuncios auditivos, y/o todo otro medio de difusión que garantice dicha finalidad. Además, todas las publicidades o pautas publicitarias que se realicen deberán contar con una leyenda a fin de concientizar sobre los riesgos del consumo de sustancias tóxicas.
También, se deberá asegurar la cantidad de personal de seguridad privada y policial “a efectos de recibir denuncias en el interior del lugar del evento”. “Dicha presencia debe ser anunciada durante todo el evento mediante los medios de difusión de la fiesta masiva electrónica”, se indica en la iniciativa.
Un punto clave del proyecto es que de ahora en más las fiestas electrónicas se deben realizar al aire libre aunque “si por razones suficientemente fundadas no fuera posible, se procederá a solicitar un permiso especial para espacios cerrados o semi-cerrados”.
“En este caso, se deberán controlar de manera regular las condiciones ambientales de los locales en relación a la seguridad sanitaria, temperatura y humedad ambiental, que deberán encontrarse dentro de los rangos sanitariamente aceptables. También deberán garantizar un espacio de descanso para los asistentes, adecuadamente apartado del evento principal y toda aquella medida que la autoridad administrativa correspondiente considere necesaria para minimizar los riesgos de los asistentes”, se explica en la normativa girada al Parlamento.
Larreta propone que los organizadores y responsables del evento “deberán incorporar una metodología de control de acceso que sea medible, a través de un sistema tecnológico visible certificado, que permita el control de ingreso y egreso de los asistentes al evento”.
A su vez, en el lugar del evento se debe dejar constancia “expresa, clara y en forma visible” sobre los derechos de los asistentes.
Por último, el Gobierno porteño creará una Comisión Interdisciplinaria para “elaborar orientaciones y recomendaciones y proponer la adopción de medidas” concernientes a los requisitos que se exigirán a quienes desarrollen este tipo de eventos.
Según pudo saber Letra P, el proyecto fue coordinado por la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce Cecilia Montiel, y contó con la participación de miembros de la Agencia Gubernamental de Control y los ministerios de Salud, Desarrollo Humano y Educación.
El bloque PRO comunicó a la oposición porteña que el expediente ingresaría este miércoles por la tarde y la decisión es que el proyecto desfile por las comisiones competentes, se cumplan los plazos correspondientes y baje al recinto con todo el apoyo posible.