Hubo cuatro atentados al transporte urbano, que se había normalizado seis horas antes y volvió a parar a medianoche. Desafío a las fuerzas de seguridad.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
Las bandas criminales de Rosario no le dan respiro al gobernador Maximiliano Pullaro, al intendente Pablo Javkin y a las fuerzas federales que dispusieron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. Este martes la ciudad está una vez más sin colectivos por el ataque a cuatro unidades en la noche del lunes.
El servicio del transporte se había regularizado a las 16 del lunes, después que una amenaza en la base de colectivos de la empresa pública Movi decidiera a la UTA Rosario a sacar los colectivos de las calles. Tras reuniones con las autoridades y ajustes en la seguridad, a media tarde la prestación se había normalizado.
Duró pocas horas. Entre las 21.30 y las 24 se produjeron al menos cuatro hechos intimidantes. En un caso un chofer encontró una nota con amenazas que dejada debajo de un asiento; un chofer del interurbano Expreso fue abordado por dos hombres en la punta de línea, con un hierro y un arma aparentemente, que lo amedrentaron y antes de retirarse destrozaron a golpes una ventanilla. Un colectivo de la línea 143 que transitaba el tramo final de la autopista Rosario Buenos Aires recibió un impacto en una ventanilla, al igual que una unidad de la 126 en la zona de Crespo y Virasoro. En ambos casos no se pudo determinar si fueron armas de fuego u otro tipo de proyectil.
Automáticamente la UTA Rosario decretó paro por tiempo indeterminado, lo que a su vez derivó en alerta máxima en el servicio de taxis y afectó a innumerables actividades.
El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni informó que “hubo un quinto hecho, el cartel encontrado en un supermercado a las 23.40 que menciona a periodistas, políticos, a nosotros (por el gobierno), se menciona a varios gremios y grupos”.
A eso se agrega la intimidación a la familia del jugador de la selección Ángel Di María en un country de la vecina ciudad de Funes, que incluyó un paquete y disparos al aire.
Cococcioni fue el vocero del gobierno provincial ante la incertidumbre generalizada. Reiteró que la saga de ataques iniciados con el atentado a un colectivo que transportaba a personal penitenciario el 2 de marzo, siguieron con los crímenes de cuatro trabajadores –dos taxistas, un colectivero y un playero–, más una de ola de intimidaciones y amenazas, obedecen a una reacción por las "políticas llevadas adelante por los gobiernos provincial y nacional, sobre todo en materia carcelaria. Nuestra respuesta tiene que ser clara y contundente: esclarecer estos hechos y mantenernos firmes en nuestra política penitenciaria”.
En conferencia de prensa a las 8 de este martes, Cococcioni detalló las articulaciones con la Policía, la Fiscalía, Municipalidad y con el gobierno de Javier Milei, que tiene unos 2 mil agentes federales trabajando en la ciudad. A primera hora de la mañana hubo reuniones del gabinete de Seguridad con el intendente Javkin y la fiscal general María Cecilia Vranicich, además de jefes de policía.
De todas maneras volvió a quedar en evidencia cierta distancia a la hora. “Estamos en contacto permanente con Nación; ya nos hemos comunicado con Federico Angelini, el subsecretario a cargo de la coordinación de las fuerzas federales que operan en la ciudad de Rosario, y tenemos prevista reuniones en el día de la fecha para evaluar, si es necesario, redistribuir las zonas de los efectivos federales en el marco del Plan Bandera”, explicó Cococcioni.
Al igual que el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Seguridad ratificó la decisión de "mantenerse firmes en las políticas penitenciarias”.
Para el gobierno, la política carcelaria de estrictos controles y perfilamiento de presos según el riesgo, es la que motiva la ola de violencia inédita que vive la ciudad desde principios de marzo, pero al mismo tiempo provocó una drástica caída de los delitos más violentos.
Según los números que se analizaron la semana pasada en la mesa de seguridad con el gobernador a la cabeza, las denuncias por balaceras a inmuebles, oficinas públicas y otros objetivos, mayormente como método intimidante o como extorsión, son el 20% de las que había un año atrás; los homicidios son el 30%; y un delito menor pero muy extendido como los arrebatos cayeron un 30%.
Se les cortó todo. Por eso semejante reacción, están desesperados. Su objetivo es paralizar la ciudad hasta conseguir beneficios", resumen cerca de Cococcioni.