Los pliegues de una definición que prefigura acciones delicadas. Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro apuran medidas para frenar la escalada de violencia.
Rosario. Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro buscan normalizar la situación en la ciudad.
Rosario. Seguidilla de crímenes y amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
Patricia Bullrich
Noticias Argentinas
Los hechos de violencia criminal ocurridos en las últimas horas en Rosario encendieron todas las alarmas, convirtieron a la ciudad santafesina en foco de aganda nacional informativa y pusieron en primer plano una pregunta de abordaje complejo: ¿el país asiste a la emergencia de un tipo de terrorismo local?
Como lo que para algunas personas es un hecho de ese tenor, terrorismo para otras puede constituir un acto de resistencia, es natural que la definición de ese fenómeno resulte polémica. Así, no sorprende que las Naciones Unidas, en tanto foro de discusión de las relaciones entre países y regímenes diversos, carezca de una definición acabada, más allá de que muchas de sus resoluciones aludan, de hecho, a la cuestión.
Por eso, el terrorismo resulta, al menos en el plano del derecho internacional, algo más fácil de definir de modo ostensivo –identificando como tal un determinado episodio de violencia que ofende la conciencia– que de modo verbal o extensivo. En Rosario, los hechos y el sentido de las palabras parecen atropellarse, al punto que el último crimen narco deparará desde este lunes una fuerte actuación federal y un conato de participación militar por ahora en el marco de la ley de Seguridad Interior. La ciudad teme y el país también.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no tienen dudas y catalogaron como actos de "terrorismo" hechos como los disparos que recibió un micro del Servicio Penitenciario y los recientes asesinatos de dos taxistas, un chofer de trolebús y un playero en Rosario, esto último captado en imágenes de alto impacto. O, más precisamente, como narcoterrorismo.
El sábado a la noche apareció un cartel colgado de un puente de la Circunvalación rosarina. "Pullaro y (Pablo) Cococcioni (ministro de Seguridad) se metieron con nuestros familiares. Va haber muerte a inocentes. Taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes", decía.
En tanto, en la estación de servicio Puma de la calle Mendoza al 7.600, escenario del último ataque, apareció una carta manuscrita. "Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni", indicó, escalofriante, entre otras consideraciones.
Los años 70 circunscriben una cuestión que se creía históricamente saldada hasta el acceso al poder de la ultraderecha de Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes niegan el terrorismo de Estado practicado por la última dictadura y, contra toda la jurisprudencia firme, reducen sus aberraciones a la condición de "excesos" en el marco de "una guerra justa" contra el terrorismo de izquierda.
El historial nacional en la materia incluye atentados como los perpetrados contra la embajada de Israel y la AMIA en 1992 y 1994, respectivamente, vinculados al terrorismo internacional y nunca esclarecidos.
Con semejante historia, no sorprende que la Argentina tenga una ley antiterrorista, la 6.734, modificada en 2011, que agrava las penas para los delitos cometidos "con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
Así pensado, lo que ocurre en Rosario marca una escalada preocupante que es preciso contener antes de que derive en hechos todavía más graves.
Hablar o no de terrorismo no es inocuo, sobre todo en un contexto en el que el Estado nacional y el estado santafesino se vuelcan a una acción que parece descansar en la saturación del territorio con fuerzas federales -el Plan Bandera tan prematuramente festejado– y en exhibiciones efectistas de prisioneros humillados "a lo Bukele". Esto último no es menor, dado que las proclamas de los sicarios remiten a esas políticas carcelarias como motivadoras de la actual escalada.
Mientras Pullaro recalcula dichos previos de apoyo incondicional a la policía provincial, Bullrich apunta a la connivencia de no pocos de sus efectivos con las mafias locales de las drogas.
En este punto se cruzan lo político, lo económico y la seguridad. elDiarioAr menciona, entre otros hechos, "el rol de policías rosarinos como proveedores de armas y municiones de las bandas" y la "colaboración" de "narcos de uniforme azul" con el prófugo Mauricio Ayala en la planificación del "tiroteo a un cuartel de las Tropas de Operaciones Especiales y otros hechos". Por ejemplo, "plantar tres armas utilizadas en balaceras y fraguar un procedimiento para escrachar a otra banda narco" habría tenido como contraprestación el pago de "entre tres y cinco millones de pesos".
Las cifras mencionadas, así como el calado de los atentados recientes, sirven para poner en su justa dimensión el desafío del narcotráfico rosarino, no necesariamente mayor o menor que los de otras grandes ciudades y conurbanos del país, pero sí más visible por sus métodos.
La Argentina está en presencia de fenómenos preocupantes, pero aún locales y emergentes, no de grandes carteles trasnacionales, exportadores a los mercados más ricos del mundo, como los de Colombia y México.
Esto no les quita gravedad a los asesinatos de civiles –cometidos al azar con el fin de extorsionar a las autoridades para modificar las condiciones de reclusión de narcos detenidos– y ni siquiera su carácter de terrorismo. Sí apunta a justipreciar el tamaño del desafío –sin minimizar ni exagerar–, uno que no alcanza por ahora a los coches bomba de Pablo Escobar o de grupos rivales como los PePEs (Perseguidos por Pablo Escobar). Es necesario anticiparse, evitar que los criminales ganen poder y así evitar de modo inteligente la ocurrencia en el país de hechos de esa gravedad.
La desesperación es mala consejera, por lo que cabe examinar la pertinencia del plan oficial para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, algo anticipado por Bullrich en su campaña presidencial y contrario a la legalidad vigente y a la prudencia. Los desastrosos resultados de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México son elocuentes al respecto.
Más allá de lo anunciado este domingo, lo que Bullrich y Luis Petri buscan aplicar a mayor escala en el mediano plazo es resistido por los cuadros de las Fuerzas Armadas, sobre todo los más jóvenes, sentimiento que recoge Villarruel, quien conoce mejor que los mencionados el pensamiento de la familia militar.
Si las policías locales, en este caso la de Santa Fe, están ya severamente infiltradas por los narcos, hay que posar la lupa sobre los riesgos que supone exponer a fuerzas federales que tampoco están demasiado bien remuneradas al contacto con esos poderes corruptores. El argumento vale doble cuando se trata de las Fuerzas Armadas, recurso de última instancia de la seguridad del Estado.
Aquí cabe una reflexión sobre las polémicas de los últimos días acerca de los aumentos de las dietas de los legisladores nacionales; la marcha atrás ordenada por un Presidente que no se sabe si lee lo que firma; la revelación de que este se concedió a sí mismo, a Victoria Villarruel y a sus ministros un aumento del 48%; su decisión de responsabilizar por lo que él mismo firmó a Cristina Fernández de Kirchner; la réplica filosa de esta; la amenaza de Milei de quitarle las dos pensiones que cobra como expresidenta y viuda de un presidente; y hasta la reaparición de Alberto Fernández en el ágora.
Esas controversias –llevadas adelante con una actitud liviana tanto por dirigencias viejas como nuevas, corresponsables de la calamidad social del momento– ilustran el doble discurso oficial contra "la casta" y el reparto de las cargas del Caputazo, así como su actitud de tirar la piedra para luego esconder la mano. También exponen la necesidad de un debate de fondo y no demagógico sobre el nivel de retribución razonable para los funcionarios.
La moral individual no depende del monto que aparezca en un recibo de sueldo, pero una remuneración suficiente para cargos de alta responsabilidad limita las autojustificaciones para armarse cajas al margen de la ley. Esto, relativo en el caso de las posiciones políticas –en las que medio millón de pesos más o menos no hacen la diferencia entre la honestidad y la venalidad–, sí es delicado cuando se habla de efectivos de seguridad de todos los niveles que viven cerca de la línea de pobreza.
Es ponderable que Pullaro y el Gobierno dejen de lado reyertas menores y establezcan un comité de crisis, aunque genera dudas el conato de protagonismo que se dará a los militares.
Letra P viene advirtiendo sobre una disolución de la autoridad del Estado y del concepto mismo de lo nacional. La cuestión se hace especialmente acuciante ante la evidencia de un gobierno ensimismado en el Excel y en la contabilidad creativa que –licuando jubilaciones y salarios, y pisando gastos que en algún momento deberá afrontar– esgrime como carta excluyente para estabilizar la economía por las malas.
Decir eso no es sugerir, desde ya, que la Argentina vaya a dejar de existir. Sí, en cambio, es advertir sobre diferentes niveles de erosión de la autoridad pública.
¿No es un indicio de disolución un ajuste que no repara en prioridades como la lucha contra el narcotráfico, metiendo a Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias en una licuadora desaprensiva? ¿No lo es la retirada de los servicios públicos y la ayuda social, el empinamiento de la pobreza y la indigencia, la ausencia del Estado en territorios y barrios que quedan liberados para los dueños de cash oscuro?
Entonces, ¿quién piensa en la Argentina como un país? ¿Los gobernadores –urgidos por salvar las papas en medio de un ajuste que desploma de un modo histórico todas las variables económicas y sienta las bases de un mediano plazo verdaderamente pobre– o una Nación absorta en bajar el gasto público a un caprichoso 25% del PBI, encima en tiempo récord, sin separar lo fundamental de lo accesorio? También ahí anida la disolución de lo nacional.
Como se advierte, sobran las preguntas. Por enmarañada que parezca, una economía tiene solución. El problema son las cosas que se rompen y luego no pueden repararse.
El tiempo quema.