Los brazos corporativos de esos organismos ponen plata como nunca en minería, energía y logística y financian el cambio de matriz. Infraestructura, ¡afuera!
Ilan Goldfajn (BID), Javier Milei, Donald Trump y Ajai Banga (Banco Mundial) / Foto generada con IA.
Javier Milei cocina un modelo que tiene similitudes con Perú y Paraguay, aunque parte de una estructura productiva mucho más diversa. Sus libros dicen que el mercado mueve el capital y el trabajo a aquellos sectores competitivos y que quien no pueda competir se embroma. Este reseteo profundo tiene la banca de los organismos multilaterales de Washington.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya y financia la política económica y los otros agentes financieros del Consenso de Washington, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también aportan capitales al sector público que antes se destinaban a obras de infraestructura y ahora a un puñado de programas sociales y a reforzar reservas. Pero no es sólo eso.
Los brazos financieros del BID y el Banco Mundial que apoyan proyectos del sector privado con fondeo más barato que el de mercado impulsan la reconfiguración económica y productiva del país al financiar, casi exclusivamente, proyectos de minería, energía, logística y bancos. No hay margen para mucho más en la economía de Milei.
La Corporación Financiera Internacional (IFC, sus siglas en inglés) del Banco Mundial tiene previsto financiar hasta u$s 5000 millones en proyectos mineros en Argentina en los próximos dos o tres años. Anunció, además, un préstamo de u$s 300 millones para Central Puerto, que controlan Guillermo Recca, Eduardo Escassany y la familia Miguens-Bemberg, y desembolsos menores para que bancos locales financien a pymes.
BID Invest, la extensión corporativa del Banco Interamericano, planea prestarles u$s 3000 millones a las empresas que inviertan en Argentina y concretó un desembolso de u$s 100 millones a Plaza Logística, la firma que administra depósitos y centros de distribución de Eduardo Bastitta, uno de los sobrevivientes del Consejo de Asesores de Milei.
El BID y el BM son extensiones de Washington en los países periféricos. Tradicionalmente, la dirección del BID quedaba a cargo de un latinoamericano. En su primera presidencia, Donald Trump hizo pesar su billetera y rompió esa gestualidad al nombrar como presidente a Mauricio Claver-Carone.
Las vueltas de la vida. Carone se fue del BID envuelto en un escándalo y acusando a Guillermo Francos, entonces director por Argentina en el gobierno de Alberto Fernández, de haber operado en su contra. Claver-Carone volvió recargado como delegado de Trump para América Latina y ejecutó su venganza con frialdad. Francos quedó afuera del gobierno de Milei. Actualmente, preside el BID el brasileño Ilan Goldfajn, que bancó al Gobierno reiteradas veces y es, además, un gran bailarín.
Con Milei en la Casa Rosada y Toto Caputo en Economía, el Gobierno hizo saber que no ejecutaría los desembolsos destinados a infraestructura. Los bancos reacomodaron sus carteras y ofrecieron prestar más al sector privado. Eso es lo que comenzó a moverse en los últimos meses.
La IFC anunció a fin de año que tenía disponibles u$s 5000 millones para financiar proyectos mineros en Argentina. Justo cuando Milei reinstalaba el debate sobre la ley de Glaciares para darles un envión a las inversiones mineras en el RIGI, Alfonso García Mora, vicepresidente de la IFC, confirmaba un desembolso para un proyecto minero en Salta que insumirá u$s 2400 millones.
García Mora no lo dijo, pero de la base de datos de la IFC se desprende que el proyecto en cuestión es Salar del Rincón, una mina de litio de la británico-australiana Rio Tinto ubicada a 3700 metros de altura y a 270 kilómetros de Salta capital.
El ceo de Rio Tinto, Simon Trott, visitó el país a fin de año. Viene seguido. Ya había estado en agosto, cuando visitó a Milei con su antecesor, Jakob Stausholm.
El Banco Mundial que preside Ajai Banga, financiará a través de la IFC la mayor parte del proyecto. Para eso, hizo un cuidado análisis socioambiental. Concluyó que el proyecto tiene “impacto ambiental significativo” por afectar el agua y a las comunidades de la región. Por eso, condicionó el financiamiento a la publicación de informes socioambientales permanentes.
Según fuentes al tanto del proyecto, la IFC espera que finalicen los procesos burocráticos de otras agencias multilaterales que aportarán fondeo y que vienen un tanto demorados. Aguardan que los desembolsos se confirmen en las próximas semanas.
La IFC también firmó una asesoría técnica con la canadiense McEwen Copper para lograr “un financiamiento sostenible” para Los Azules, el proyecto de cobre que esa minera tiene en San Juan, La iniciativa ya obtuvo la aprobación del RIGI por más de u$s 2600 millones que ahora tiene que juntar. Rio Tinto también tiene una participación minoritaria en este proyecto, junto con la automotriz Stellantis.
Además, firmó un convenio con la Universidad Siglo XXI para desarrollar “un programa de formación de talento especializado para el sector minero”.
El combo se completa con un crédito por u$s 300 millones a Central Puerto, la energética que integraba, hasta hace poco, Nicolás Caputo. La IFC aportó los fondos para que CEPU renueve la concesión de la hidroeléctrica Piedra del Águila y para la instalación de un sistema de baterías en el área metropolitana como parte de AlmaGBA, la iniciativa oficial para paliar mínimamente la crisis eléctrica.
El financiamiento a Central Puerto se suma a desembolsos previos a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.
Central Puerto y la IFC estudian, además, un proyecto para trazar la primera línea de transmisión eléctrica de energía renovable destinada a mineras del Noroeste. Fuentes del sector confiaron a Los Perfiles del Poder, el newsletter semanal de Economía de Letra P (suscripción gratis, acá), que en marzo habrá más anuncios de desembolsos orientados a la minería, la energía y el sector financiero.
La IFC es, también, la principal asesora del Gobierno en el proceso de privatización de AySA. Armó el modelo de contrato que se usará y mantuvo reuniones con los interesados, que son los concesionarios de Río de Janeiro y San Pablo y el grupo francés Veolia, además de grandes jugadores locales como Roggio. El Gobierno lanzará la privatización de AySA después de la de Intercargo, que es la próxima en la lista.
El BID, en tanto, anunció a fin de año un crédito de u$s 100 millones para Plaza Logística, con el objetivo de financiar distintos centros de distribución para el e-commerce. El antecedente inmediato es el gran galpón en terrenos del Mercado Central que Marcos Galperin y Bastitta le anunciaron al Presidente en septiembre de 2024, durante la visita de Milei a las oficinas de Mercado Libre.
Bastitta la ve. Con financiamiento blando del BID, que suele prestar a tasas más baratas que las de mercado, aumentará su potencial logístico. Si alguna vez gestionó plantas industriales, ahora usará su tierra para depósitos de comercio.
En septiembre de 2024, llamó la atención que Bastitta esperara a Milei y a Galperin entre los periodistas que se habían acreditado para cubrir ese anuncio, que debieron aguardar durante más de dos horas. “Los procesos de estabilización generan círculos virtuosos. Cuando la economía empiece a crecer, no para más”, le dijo entonces al autor de esta nota. La economía salía de lo peor de la recesión y Milei prometía un “pedo de buzo”.
Bastitta fue uno de los empresarios que integró el Consejo de Asesores que nunca se supo qué asesoró. Presidido por el eyectado Demian Reidel, debía acercarle propuestas a Milei. Lo integraban Alec Oxenford, ahora embajador en Washington; Sebastián Braun (La Anónima) y los economistas liberales Ramiro Castiñeira y Miguel Boggiano, entre otros. Ramiro Marra, Fausto Spotorno y Teddy Karagozian fueron expulsados muy rápido.
El BID destinó unos cientos de millones a proyectos energéticos y para que bancos financiaran a pymes. Esto último es más habitual, por la gimnasia del propio sector financiero para conseguir fondeo.
Según fuentes del BID, “el total de recursos comprometidos en la Argentina, incluidos fondos propios y movilización de terceros, alcanzó un récord de u$s 1820 millones” en 2025, lo que significa un crecimiento del 138% interanual.
Los desembolsos incluyeron préstamos a los bancos Supervielle y Galicia para financiar carteras de pymes y una inversión en Genneia, la empresa de la familia Brito, para “expandir su capacidad de producción de energía renovable y almacenamiento en baterías”. Genneia, como Central Puerto y otros (incluida Aluar, la firma de Madanes), ganó la licitación para ofrecerle almacenamiento de energía al Gobierno del programa AlmaGBA.
Dato de color: el gerente de Industrias de BID Invest es Sergio Lew, hermano del secretario de Finanzas que Caputo designó tras la partida de Pablo Quirno a la Cancillería, Alejandro Lew.
Es el país que anhela Milei: apalancado en los sectores que considera competitivos, vinculados a los recursos naturales y la tecnología -hasta ahí-. El financiamiento para proyectos de infraestructura ajenos a esas áreas se desvaneció, al igual que buena parte del entramado industrial.