Javier Milei quiere que grandes proyectos entren al RIGI y alienta cambios proempresas en extraordinarias. Los lobbies que presionan y el rol de las provincias.
Cambios proempresas en la ley de Glaciares, una discusión que anota Javier Milei en la agenda de las extraordinarias del Congreso.
La presión de gobernadores cordilleranos y la minería para modificar la ley de Glaciares es constante desde la sanción de la norma, en 2010, pero se reactivó en las últimas semanas. Javier Milei lo toma como la última oportunidad para que la actividad se sume al RIGI y produzca, en unos largos años, exportaciones por u$s 25.000 millones.
La administración libertaria incorporará en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso una modificación en la ley de Glaciares para empoderar a los mandatarios provinciales y cumplir con la aspiración de las grandes empresas que preparan proyectos para producir cobre. El texto ingresará por el Senado.
El secretario de Minería, Luis Lucero, trabaja en la letra chica de la norma, que se debatirá en paralelo con la reforma laboral mientras la Cámara de Diputados discuta el Presupuesto y el perdón fiscal para quienes usen los dólares del colchón. Empresas y legisladores que impulsan las modificaciones en la ley de Glaciares esperan detalles. Algunos trascendieron. Lucero es un abogado con experiencia en el sector y recorrido por los grandes estudios que asesoran a las empresas.
La premura pasa por agilizar los proyectos de cobre en el primer semestre del año, el último con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) vigente. Las mineras que ya se inscribieron y aquellas que se preparan para hacerlo condicionan la explotación del cobre a los cambios en la ley.
De paso, el movimiento ayudará, en lo político, a terminar de fragmentar al peronismo. Legisladores que responden a las provincias cordilleranas esperan la letra chica del proyecto y anticipan que lo acompañarán si los cambios son los que se reclaman. El oficialismo, por su parte, lee la ley de Glaciares en el toma y daca con los gobernadores para sancionar el Presupuesto.
Los mandatarios de provincias mineras y las grandes empresas del sector presionan para cambiar la ley de Glaciares desde su sanción, en 2010. Las compañías condicionan las megainversiones de cobre anunciadas a las modificaciones a esa normativa.
Los voceros políticos de la minería son transversales a los espacios políticos. Una de las provincias más activas es Mendoza, que todavía enfrenta resistencia social al desarrollo de la actividad. Milei mencionó al gobernador Alfredo Cornejo como impulsor de los cambios legislativos que se debatirán. San Juan y Catamarca consideran que los cambios permitirán desarrollar los proyectos de cobre más importantes, Vicuña, El Pachón y Los Azules en el distrito que gobierna Marcelo Orrego y MARA o Agua Rica (ex Alumbrera) en la provincia de Raúl Jalil.
Milei instaló el tema -del que no venía hablando- el 13 de noviembre, en un discurso ante el Club de la Libertad, en Corrientes, más cerca de los esteros del Iberá que de la Cordillera. “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverles el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar”, dijo.
“La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, y me parece que mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”, añadió.
Ese mismo día, Toto Caputo recibió en el Ministerio de Economía a la cúpula de Vicuña Corp, la sociedad de las multinacionales Lundin y BHP que pretende explotar el proyecto Vicuña, en San Juan. “Durante el encuentro, me expresaron la intención de aplicar al RIGI en los próximos meses y también discutimos sobre las distintas alternativas para contar con una protección efectiva de los glaciares que posibilite el desarrollo minero sostenible”, escribió el ministro en Twitter.
Los proyectos que se presentaron en el RIGI y aquellos que están en vías de hacerlo condicionan las inversiones a la flexibilización de la ley. La minería ingresó una decena de inversiones: cuatro de litio, tres de cobre, una de oro y dos de plata. Suman más de u$s 21.000 millones en anuncios.
Caputo incorporó en sus presentaciones un cuadro en el que pronostica exportaciones mineras por u$s 25.000 millones para 2033. Para el banco BBVA, el cobre aportará casi la mitad de esa cifra. Actualmente, Argentina exporta poco más de u$s 4000 millones de oro, plata y litio. El cobre requiere tiempo. Los Azules, el proyecto que está más avanzado, espera exportar recién a inicios de 2030.
La ley de 2010 nació de un proyecto de Daniel Filmus y definió un “régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.
Entre otras cosas, la ley prohíbe la minería a cielo abierto en zonas periglaciares definidas como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Para las mineras y los gobernadores de las provincias, la ley impide el desarrollo de minería en zonas que no afectan esos recursos. Repiten que las zonas glaciares y periglaciares se definieron con imágenes satelitales, pero sin trabajos de campo que definieran en concreto la afectación del agua.
"Desde la sanción de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, en 2010, y hasta la publicación del Inventario Nacional de Glaciares, recién en 2018, transcurrió un período prolongado que profundizó la incertidumbre regulatoria en las zonas de altura. Ese vacío temporal, sumado a la falta de definiciones técnicas precisas, derivó en una marcada reducción de la actividad exploratoria y en la ralentización de numerosos proyectos ante la ausencia de claridad normativa", le dijo Mario Hernández, geólogo y ejecutivo del Grupo de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina (GEMERA), a Los Perfiles del Poder, el newsletter semanal de Economía de Letra P (suscribite gratis acá).
La batalla llegó a la Corte Suprema, que en 2019 declaró que la ley es constitucional, pero dio una señal para que la Nación y las provincias definieran de qué manera tienen que proteger los glaciares. La reforma constitucional de 1994 empoderó a los gobernadores en la gestión de los recursos provinciales. De eso se agarró el sector, nucleado en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), para insistir con un debate que no consideran zanjado.
Ahora, el viento cambió. La salteña Flavia Royón, secretaria de Energía con Sergio Massa, efímera secretaria de Minería con Milei y Caputo y senadora electa, habla de “ambigüedad”. “Falta clarificar el objeto de protección, que son los glaciares que tienen función hídrica”, indicó en una charla con Florencia Barragán en Ahora Play.
En su opinión, dijo Royón, bastaba con un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley, con el argumento de que se deben acelerar los proyectos antes de julio, fecha de vencimiento del RIGI.
El Gobierno y otros actores creen que una ley dará la certidumbre que reclama el sector y que será difícil de cuestionar, dado el antecedente de la Corte.
“Las empresas esperan una solución a la ley de Glaciares, para tener certeza de dónde se puede trabajar”, señaló Roberto Cacciola, presidente de CAEM. “Es importante que se cumpla con el mandato de la Corte; esperamos que el gobierno nacional y las provincias se pongan de acuerdo lo antes posible para poder seguir invirtiendo”, añadió.
"Resulta imprescindible evitar interpretaciones o legislaciones nacionales que alteren o invadan las competencias de las provincias, titulares originarias de los recursos naturales según manda la Constitución Nacional", dijo Hernández, de GEMERA. "La claridad normativa y el respeto al federalismo son condiciones indispensables para transformar el potencial minero".
Lo que se discute es la manera en la que las provincias definirán hasta dónde se pueden explotar glaciares y zonas periglaciares que no tengan afectación hídrica. Una versión habla de modificar los artículos primero y octavo de la ley. El primero, dicen, no es claro en cuanto a si se busca defender los glaciares o sólo aquellos que tengan reservas estratégicas de recursos hídricos. El octavo define que cada provincia definirá a la autoridad competente, aunque no qué puede hacer y qué no.
Hay quienes pugnan por una versión más light de la norma y que cada provincia defina si permitirá la explotación del proyecto.
En San Juan y Catamarca, que concentran la mayoría de los proyectos de cobre, bastaría con el proceso de la declaración de impacto ambiental que debe obtener la empresa que quiere el permiso para desarrollar su actividad.
Más sencillo: la empresa presenta su informe de impacto ambiental, intervienen las áreas de ambiente y minería de la provincia y emiten una declaración de impacto que permite explorar el recurso por dos años. Luego, el proceso se repite para seguir explorando o para iniciar la explotación, si es que la exploración fue satisfactoria y la empresa decide extraer el recurso.
El argumento que repiten a uno y otro lado de la grieta política -que la minería salta con la facilidad de Armand Duplantis, el garrochista sueco récord del mundo- es que Argentina exporta una décima parte de lo que Chile vende al exterior, con el mismo recurso. Argentina no extrae cobre, recurso clave para la transición energética, desde 2018. La montaña rusa económica de la última década no parece casualidad.
La electrificación demanda baterías de litio y cableado de cobre. Las inversiones de cobre requieren diez veces más de recursos que las de litio y son a mucho mayor plazo.
De los proyectos ingresados al RIGI, luego de una primera oleada focalizada en la energía, el Gobierno parece ahora dispuesto a acelerar los mineros y, sobre todo, los de cobre.
Los Azules, en San Juan, fue el primero que obtuvo la aprobación. Se trata de una inversión de u$s 2672 millones que -me dicen- está ubicada en una zona que no se encuentra vedada por la actual ley de Glaciares. Eso le permitiría avanzar más rápido, pero el costo del financiamiento también está sujeto a la modificación normativa.
La canadiense McEwen, que tiene más de la mitad del proyecto, es una empresa sin capital propio para hundir y requiere de socios estratégicos que aporten el dinero. Ya se asociaron con Río Tinto y la automotriz Stellantis, pero hay quienes consideran que el entorno normativo más prominero atraería dinero barato.
Glencore sí depende de la ley de Glaciares. Ingresó al RIGI dos proyectos, El Pachón (San Juan) y Agua Rica (Catamarca), por una inversión total de u$s 13.300 millones. El Pachón, en San Juan, es el más importante, con u$s 9000 millones de desembolsos iniciales.
El ceo de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, se lo dijo sin vueltas al diario Tiempo de San Juan, días atrás. “Nosotros tenemos un glaciar en Pachón”, afirmó. “La universidad hizo un montón de estudios y determinó que ese glaciar no tiene funciones hídricas por su composición y por la forma en la que está”, agregó. “Es un glaciar de escombros”, abundó. Algo similar sucede en Agua Rica, con glaciares que no afectarían cuencas hídricas.
Vicuña acelera para entrar al RIGI el año próximo y promete invertir u$s 15.000 millones, pero exige modificar la ley de Glaciares. El proyecto surge de la fusión de dos yacimientos, Josemaría y Filo del Sol, en el límite de San Juan con Chile, y se convertiría en el proyecto de cobre a cielo abierto más importante del mundo en los últimos 30 años.
Así, al menos, lo vendieron a inversores los dos gigantes mineros que comparten el proyecto fifty fifty, la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP. Quizás por eso, Vicuña presiona para lograr los cambios en la ley de Glaciares. “Sin reglamentación, corre peligro”, dijo hace poco el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo Perea.
El hecho de que Milei haya mencionado el tema justo el día en que Caputo recibió al ceo de Vicuña, Ron Hochstein, puede haber sido pura coincidencia, pero la empresa juega fuerte.
Hochstein es un histórico ejecutivo de Lundin que, entre otras cosas, desarrolló Fruto del Norte, una mina de oro subterránea en Ecuador, y lideró durante una década Lundin Gold. Se puso al frente de Vicuña hace menos de un mes: asumió su nuevo rol el 7 de noviembre; el 13 se reunió con Caputo y ese mismo día Milei anunció el proyecto que la firma tanto anhelaba.
Los cambios en la ley de Glaciares prometen traer discusión. Organizaciones ambientalistas ya plantearon su oposición a cambios que impliquen desprotección del recurso.
Las empresas ven que el cambio por el que tanto lucharon está a metros de la línea de llegada. Quizás el boom de inversiones que prometen para impulsar un sector subdesarrollado ahora comience, pero anticipan que la próxima batalla será por los regímenes de proveedores locales. Ahí, la alianza estratégica entre los gobernadores va a crujir.