El ministro revisa los antidumping que protegen a la industria de las importaciones baratas. La última medida afecta al monopolio Aluar e impacta en pymes.
Toto Caputo le dijo chau a la protección para el aluminio de Javier Madanes Quintanilla
El gobierno de Javier Milei, con Toto Caputo al frente de Economía, eliminó dos medidas antidumping que frenaban importaciones de aluminio desde China y afectó de lleno a Javier Madanes Quintanilla. La decisión impacta en Aluar y en pymes proveedoras, acelera la apertura comercial y reconfigura el negocio local del metal en nombre de la competencia.
El Ministerio de Economía suprimió el arancel antidumping del 28% que debían pagar las bobinas de hojas o foil de aluminio originarias de China, insumo clave para la gastronomía y la elaboración de envases de alimentos, bebidas y blisters de medicamentos, entre otros usos.
La protección rigió durante cinco años. Madanes Quintanilla solicitó su prórroga, pero Caputo la suspendió en 2025 y ahora la eliminó de manera definitiva, pese a que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que analizó el caso, recomendó mantener el derecho antidumping contra las importaciones chinas. Desde que se flexibilizó el ingreso en 2025, el foil chino creció 68% en el mercado local.
Economía argumentó que el carácter de una medida antidumping es excepcional y sostuvo que las importaciones chinas representan menos del 3% del consumo interno. También cuestionó a Aluar: con la protección vigente, la empresa concentró el 91% del mercado entre 2019 y 2024 y, según datos oficiales, aumentó los precios del foil 7% mientras el valor internacional del aluminio cayó 16%.
El Gobierno remarcó que el aluminio primario -cuyo único productor en el país es Aluar- representa entre 60% y 65% del costo medio del foil. Para la cartera que conduce Caputo, ese dato evidencia que Madanes Quintanilla incide de manera determinante en el precio final del producto.
Entre las firmas importadoras de foil chino mencionadas en la investigación de la CNCE figuran Saint Gobain, Bolsapel, Del Plata y Aluex.
Aluar defendió la continuidad del esquema de protección con tres argumentos centrales: una inversión de u$s 50 millones para producir foil en el país; el aumento del 150% en los aranceles que Estados Unidos aplica al ingreso de aluminio chino -dispuesto por el presidente Donald Trump-; y la existencia de una sobreoferta global que empuja precios a la baja, lo que permitiría que el producto ingrese a la Argentina a valores inferiores al costo de producción local.
En paralelo, Caputo suspendió el derecho antidumping del 80,14% que gravaba las importaciones de chapas y discos de aluminio originarios de China.
Esa protección había sido solicitada por Laminación Paulista, empresa que compra aluminio primario a Aluar y lo transforma en discos y chapas. Su titular, Norberto Fedele, también preside la Unión Industrial de General San Martín.
El Gobierno sostuvo que no se detectan actualmente maniobras de dumping en ese segmento y que la industria local concentra el 87% del mercado. Bajo ese argumento, habilitó el ingreso de importaciones para “mejorar la competitividad” de las cadenas que utilizan chapa de aluminio para fabricar ollas, sartenes, bandejas, autopartes y luminarias.
“Las pymes estamos indefensas. La renovación de nuestro antidumping estaba en análisis desde el año pasado y creíamos que se mantendría la protección que había dispuesto el gobierno de Mauricio Macri. Ahora cualquiera podrá importar el insumo que fabricamos en el país y traerlo al precio que a nosotros nos cuesta solo la materia prima”, dijo Fedele a Letra P. Y agregó: “El dólar atrasado es un subsidio a las importaciones”.
La Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (Caiama), cuyo secretario es Fedele, informó que en el primer cuatrimestre de 2025 -último dato disponible- las importaciones totales de semielaborados de aluminio, incluido el foil, alcanzaron 27.826 toneladas, casi 22% más que en el mismo período de 2024.
Milei, a través del dispositivo comunicacional libertario, acusó a Madanes Quintanilla de conspirar contra el Gobierno y contra la reforma laboral tras el cierre de FATE, que generó fuerte impacto social por la magnitud de los despidos. Es el segundo embate a un capitán de la industria, luego del enfrentamiento con Paolo Rocca, a quien llamó "Don Chatarrín".
En ese contexto, la eliminación de los derechos antidumping fue leída en el sector industrial como una represalia hacia el dueño de Aluar, cuya producción abastece casi la totalidad del mercado interno de aluminio primario.
Aluar es el único productor de aluminio primario de la Argentina y provee la mayor parte del insumo al mercado doméstico. Las dos resoluciones oficiales le quitan el “escudo” que le permitía sostener precios y participación frente a la competencia china.
No obstante, la medida se inscribe en la política de apertura comercial que impulsa la administración de Milei. El año pasado, el Ejecutivo flexibilizó los procedimientos para solicitar medidas antidumping y anticipó la revisión integral de los derechos vigentes.
El Gobierno anunció que revisará la totalidad de los antidumping vigentes y comenzó a eliminarlos a medida que vencen. La estrategia se complementa con la baja de aranceles, la simplificación de controles aduaneros y un tipo de cambio que, para buena parte del sector industrial, luce apreciado y facilita las importaciones.
En la actualidad, en Argentina permanecen vigentes más de 50 medidas antidumping que alcanzan productos tan diversos como electrobombas, porcelanatos, bicicletas, cierres a cremallera, fungicidas, pelotas de tenis, nebulizadores y artículos sanitarios, entre otros.
El mecanismo antidumping está previsto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que los países protejan a su industria frente a competencia desleal: se aplica cuando un producto importado ingresa a un precio inferior al que se vende en el mercado interno del país de origen o por debajo de su costo de producción.
En el caso del aluminio, la decisión de Caputo marca un punto de inflexión. Para el Gobierno, se trata de promover competencia y bajar precios. Para el sector industrial, en cambio, es un nuevo capítulo de una apertura que, advierten, puede dejar a fabricantes locales -grandes y chicos- expuestos a la presión de la sobreoferta china.