La mesa chica se aleja del paro, pese al ala combativa. Argumentos jurídicos: la no regresividad de los derechos sociales y la protección al trabajo del artículo 14 bis.
Jorge Sola, cosecretario general de CGT, en la conferencia de prensa tras el anuncio de la movilización
La CGT reunirá el miércoles a su mesa chica para definir los próximos movimientos en la pelea contra la reforma laboral, a un paso de sancionarse en el Senado. En medio de la presión de los gremios combativos, en Azopardo se diluye la posibilidad de un nuevo paro y los cañones apuntan a la vía judicial.
Cuatro días después del paro más contundente de la era Milei, la central llega a esta semana con la tensión que ya se anticipaba desde el jueves. El triunvirato eligió la cautela frente a la presión de los combativos, y esa apuesta se consolida ahora en una hoja de ruta concreta. La reforma laboral se vota en el Senado el viernes y Azopardo da por descontada la sanción: "Es una batalla perdida", reconoce un integrante de la conducción de la central. "No tiene sentido hacer una medida de fuerza sobre un hecho consumado", agrega.
La respuesta que se viene armando en Azopardo apunta al fuero contencioso administrativo federal. Según pudo saber Letra P, volver a la huelga no está entre las opciones que maneja el triunvirato en el corto plazo. "Estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular", confirmó Jorge Sola, uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo fue en la misma línea: "Nos queda otra instancia. Vamos a ir a la Justicia porque este proyecto va en contra de la Constitución Nacional".
Los argumentos jurídicos ya están sobre la mesa. Para los abogados de la CGT, la reforma vulnera dos principios constitucionales: el principio protectorio del artículo 14 bis -que obliga al Estado a defender al trabajador como parte más débil de la relación laboral- y el de no regresividad de los derechos sociales. "Una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente", subrayó Sola.
Los puntos más cuestionados son la derogación de la ley de teletrabajo, la licuación de las indemnizaciones, el banco de horas, los límites al derecho de huelga y la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo. En paralelo, las dos CTA trabajan en presentaciones conjuntas y estudian atacar la ley desde tres frentes: derechos individuales, derechos colectivos e inconstitucionalidad general, con chances de litigar en más de un fuero.
Mientras la conducción cegetista define su hoja de ruta judicial, el ala dura del sindicalismo le marca el ritmo. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a más de cien organizaciones entre las que están la UOM de Abel Furlán, Aceiteros, ATE, las dos CTA y gremios como Pilotos, Marítimos y Viales, confirmará este martes un paro de 36 horas con movilización al Congreso para cuando el Senado trate la reforma. Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, fue explícito: "Vamos a hablar con el triunvirato. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el FreSU".
El FreSU viene de protagonizar la movilización al Congreso del jueves pasado, cuando la CGT eligió no marchar. Fue ese contraste -paro sin calle de un lado, paro con movilización del otro- el que dejó expuesta la grieta interna del sindicalismo. "Paro dominguero", lo definió Rodolfo Aguiar, de ATE, sin anestesia. Omar Maturano, de La Fraternidad, se viene acercando al ala dura y ya se reunió con dirigentes del FreSU para consensuar un plan de acción. El mapa de fuerzas dentro del movimiento obrero se mueve.
La Casa Rosada no mira de costado. El gobierno de Javier Milei tiene en la mira a La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los gremios del transporte cuya adhesión fue clave para el éxito del paro del jueves. Desde la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero dejaron trascender que aplicarán sanciones porque ambos sindicatos desconocieron que se encuentran en conciliación obligatoria por reclamos salariales. Las penalidades van desde multas millonarias hasta la quita de personería gremial.
El escenario complica la estrategia cegetista en varios frentes. Por un lado, la vía judicial tiene límites concretos: especialistas advierten que los planteos de inconstitucionalidad tenderán a resolverse caso por caso, lo que acota el impacto general de la estrategia. Por otro, la grieta entre dialoguistas y combativos se profundiza. Con ese marco, la central resolverá el miércoles el próximo movimiento. Por ahora, volver a la huelga parece una opción lejana.