Así como en 2000 los cerebros de la convertibilidad que regía en la Argentina –y estallaría al año siguiente– asesoraron a Ecuador para la implementación de un esquema aun más radical, la dolarización, ese país es hoy el laboratorio que brinda los resultados de un experimento de más de dos décadas. Propuesta estrella de Javier Milei, ha ganado centralidad, sobre todo desde el éxito del ultraderechista en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que lo posicionaron como uno de los tres presidenciables con chances de gobernar el país desde el 10 de diciembre.
El Ecuador dolarizado logró terminar con la hiperinflación que lo aquejaba al inicio del siglo, pero paga costos vinculados a rigideces crecientes que dificultan el crecimiento y una mejora de las condiciones de vida. En paralelo, se ha convertido en un país estragado por bandas vinculadas al narcotráfico, al punto de volverse uno de los más inseguros de América Latina, con una tasa de homicidios que casi se duplicó entre 2021 y 2022 hasta llegar a un impresionante guarismo de 26 cada 100.000 habitantes.
Con todo, esto último, que se impuso como tema de la agenda internacional tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿hasta qué punto se vincula con un sistema monetario que divide a la sociedad, pero conserva un apoyo mayoritario? Tanto es así, que la violencia y no la dolarización es el tema dominante de la elección de este domingo, llena de postulantes que portan chalecos antibalas, escudos blindados y cascos y destinada –tras la activación de la cláusula de "muerte cruzada" de los poderes ejecutivo y legislativo– a la elección de un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional para completar el mandato de Guillermo Lasso.
Robin Brookses economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que se define como "la asociación global de la industria financiera, con 400 miembros de más de 60 países", los principales bancos globales. Es, además, economista senior del FMI y ex jefe de Estrategia de Goldman Sachs. Según acaba de decir en referencia al debate argentino, "Ecuador se presenta como una historia de éxito que no es tal. Se encerró en una moneda superfuerte, incluso cuando otras en América Latina se depreciaron. El resultado es un crecimiento débil y una moneda sobrevaluada, que es la trampa de la que Argentina intenta escapar".
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Historia de una "solución" mágica
En medio de una hiperinflación, de un proceso de confiscación de depósitos y de un estado de conmoción social e inestabilidad política, el entonces presidente Jamil Mahuad impuso la dolarización de la economía en enero de 2000. La reacción popular y un alzamiento militar se lo llevaron puesto, pero quien lo terminaría sucediendo, su vice Gustavo Noboa, mantuvo el esquema.
La inflación fue controlada, pero la economía ecuatoriana registra crecientes dificultades para crecer, está sobreendeudada y las condiciones de vida no mejoran. Su estructura productiva no tiene esperanzas de superar la primarización y sigue dependiendo de las exportaciones de petróleo, seguidas de las de bananas, camarones y cacao.
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Fuente: Banco Mundial.
En un hecho que recuerda lo ocurrido en la Argentina del "1 a 1", la inflación en dólares de Ecuador fue en 2001 del 40% y la de 2002, del 15%. Así, como la convertibilidad de nuestro país –con un IPC del 70% en su primer año de vigencia–, la dolarización ecuatoriana nació con un cierto atraso cambiario.
La pobreza, como es de esperar, bajó con fuerza en los años iniciales de la estabilización, pero hoy se encuentra en el mismo nivel de 2010.
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Fuente: Banco Mundial.
Vale destacar que, para el gobierno ecuatoriano, una persona es pobre si debe vivir con un ingreso familiar per capita inferior a 88,72 dólares mensuales, equivalentes al tipo de cambio blue del último viernes a 63.878,4 pesos argentinos. En nuestro país, la canasta básica total de julio era de 80.570 pesos y cabe reiterar que Ecuador es un país caro en dólares. Si ese país midiera su pobreza con criterios argentinos, su índice sería superior al que difunde.
Este estado de cosas se vincula con la marcha de la actividad. Esta creció de modo vigoroso hasta 2011, pero no por las bondades de la dolarización, sino por los elevados precios internacionales de las materias primas que beneficiaron a todos los países emergentes. En tanto, incluso apartando el derrumbe del 7,8% del Gran Confinamiento de 2020, el panorama desde 2015 es, en promedio, de estancamiento.
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Fuente: Banco Mundial.
La situación social es uno de los motivos que explica el auge de la criminalidad en un país que hasta hace algunos años se autopercibía como una isla de tranquilidad al sur de la convulsionada Colombia. Sin embargo, su ubicación geográfica entre ese país y Perú –otro gran productor de drogas–, el rol estratégico del puerto de Guayaquil, políticas fallidas y una extendida corrupción pesan más como factores que explican el accionar de bandas como las que se señala por el asesinato de Villavicencio.
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Según datos oficiales, operan en el país al menos 13 "grupos de delincuencia organizada" (GDO) –como ellos mismos se definen–, entre los que se destacan Los Choneros –vinculados al mexicano Cartel de Sinaloa– y su desprendimiento, Los Lobos –asociado a Jalisco Nueva Generación–, que le disputa territorios y penales con extrema violencia.
Además de los grandes carteles mexicanos, los colombianos y la mafia albanesa están presentes en un país en el que la falta de controles suficientes y la dolarización facilitan el lavado de dinero.
Remedio amargo
En los últimos meses, la dolarización ha sido un eslogan ganchero, una idea simplemente a la que Milei le busca ahora algún modo de implementación concreto. Una que él mismo repudiaba hace cuatro años.
La paridad peso-dólar al momento del ingreso es un tema de severa controversia, incluso en el Círculo Rojo empresarial, debido a cálculos privados que indican que, por falta de reservas, la decisión de dolarizar provocaría un salto descontrolado del tipo de cambio y una hiperinflación. Sin embargo, también hay que pensar en qué se metería el país a largo plazo.
La dolarización implica atarse al mástil de un barco que navega sin velas.
Como le ocurrió a Ecuador durante el shock externo de la pandemia, cabe preguntarse qué sería de una Argentina dolarizada en un contexto como ese o como el de este año, de una sequía que redujo las exportaciones en un 25%, es decir 20.000 millones de dólares. El tema no es menor, porque, si un país no tiene una moneda que emitir –aun al costo de asumir una mayor inflación, como la que transitoriamente tuvieron Estados Unidos y los países de la eurozona–, todo el ajuste del circulante se hace en términos nominales. ¿Cómo? Con recortes de salarios, jubilaciones, prestaciones sociales, presupuesto del Estado y, sobre todo, en base a recesión, sin chance alguna de paliar el golpe con política monetaria. La dolarización implica atarse al mástil de un barco que navega sin velas.
El entorno de Milei no ignora esa indefensión ante los shocks externos, pero la considera un mal menor frente al drama inflacionario. Sin embargo, si la aplicación del esquema supondría un ajuste impresionante de cinco puntos porcentuales del PBI, que –como él mismo ha dicho– colocaría a su eventual administración a la derecha del propio FMI, ¿para qué maniatarse indefinidamente si las medidas estabilizadoras de fondo se tomarían de cualquier modo?
Una dolarización cristalizaría de modo permanente un determinado patrón de distribución del ingreso, casi imposible de alterar por las rigideces que impone el esquema. "Disciplinaría" al Estado, limitando cualquier expansión del gasto a la capacidad de tomar más deuda. Cabe señalar que el riesgo país –la tasa a la que se accede al financiamiento– no tiene que ver primordialmente con si hay más o menos inflación, sino con el nivel de endeudamiento, por lo que no habría dolarización capaz de convertir en solvente a una Argentina tan comprometida con acreedores privados internacionales y locales, con el FMI, otros organismos internacionales y hasta con China.
