La medida de fuerza paralizó el transporte, los puertos y la industria. Los gremios combativos reclaman una huelga de 36 horas. El triunvirato llama a la cautela.
El paro de CGT tuvo un acatamiento casi total en el transporte
La CGT concretó el paro más contundente de la era Javier Milei contra la reforma laboral: el transporte, los puertos y las fábricas quedaron paralizados y hubo un acatamiento estimado en más del 90%. El éxito de la huelga, sin embargo, expuso las tensiones entre los sectores combativos de la central obrera que presionan por profundizar el conflicto frente al mensaje de "prudencia" que circuló en Azopardo.
Desde temprano, las imagenes de la calle fueron contundentes. Sin trenes, subtes ni colectivos —salvo las líneas del grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA—, el país arrancó la jornada con una postal de parálisis que se extendió por todo el territorio. Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, confirmó que la paralización en las terminales portuarias "fue total". Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos y dejó a más de 31.000 pasajeros sin servicio.
A diferencia de los tres paros anteriores contra Milei, las imágenes en las calles dejaron una postal de vacío total, salvo por el comercio, que se mantuvo casi sin afectación.
El Gobierno pareció no poder minimizar ese impacto. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro de "perverso" y "extorsivo" porque el corte del transporte dejó sin opciones a quienes querían ir a trabajar, un reconocimiento involuntario del impacto de la medida. Más tarde, la administración libertaria estimó las pérdidas económicas de la jornada en 600 millones de dólares.
Como contó Letra P, desde la Casa Rosada también reconocieron un acatamiento similar al que informaron lo gremios, aunque buscaron quedarse con otro dato: que la CGT "liberó la calle" y no organizó una movilización masiva frente al Congreso que pudiera haber complicado el inicio de la sesión por la reforma laboral.
La conducción cegetista hizo su propio balance desde Azopardo. Jorge Sola, cosecretario general, destacó el "enorme acatamiento" que superó el 90 por ciento. Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares, subió el tono: "No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico del país". Octavio Argüello, en tanto, anticipó que la central llevará la reforma laboral a la Justicia para intentar una declaración de inconstitucionalidad.
Mientras el triunvirato celebraba en la sede cegetista, un frente de gremios combativos marchó al Congreso con otro tono. "Si esto no se resuelve a favor de los trabajadores, vamos a terminar con un paro por tiempo indeterminado que va a ser histórico", dijo Yofra, de Aceiteros, una de las patas del Frente Sindicatos Unidos (FReSU)-, que formó junto con ATE, la UOM de Abel Furlán, y las dos CTA y al que se viene acercando Pablo Moyano. Rodolfo Aguiar, de la Asociación de Trabajadores del Estado, avisó que "la conflictividad tiene que escalar".
La decisión del FreSU no se hizo esperar. Durante la movilización al Congreso, resolvió convocar a un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 si la reforma laboral regresa al Senado con modificaciones —el escenario más probable si Diputados aprueba cambios este jueves por la noche—. El colectivo, que reúne a más de 100 sindicatos de todas las centrales, quiere ir más allá de la reforma. "Este frente tiene el desafío de trascender la reforma laboral e ir más allá de febrero", dijo Aguiar.
El sector de los gremios combativos busca sumar presión y marcarle el ritmo a la CGT, a quien apuntan por haber negociado con la Casa Rosada modificaciones al proyecto que golpeaban el financiamiento sindical, pero no discutió los capítulos relacionados a las condiciones de trabajo.
Pero el mensaje interno en Azopardo es otro. Un rato antes de la conferencia de prensa de los triunviros, y con los números de haber realizado un paro muy exitoso sobre la mesa, hubo una reunión de la mesa política de la CGT en la que todos coincidieron en que la medida había sido muy potente. La bajada de línea que se acordó transmitir, sin embargo, fue de "prudencia" frente a lo que viene.
La tensión entre ese llamado a la cautela y la presión de los combativos por profundizar el conflicto será el problema central del triunvirato en los próximos días. Si la cámara baja aprueba la reforma con cambios, el texto volverá al Senado.
El Gobierno prevé la sanción definitiva para el viernes 27, antes de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. La central obrera deberá resolver entonces si apuesta a la vía judicial o si gana la postura de escalar la confrontación.