Con la huelga por la reforma laboral y el cierre de FATE en la agenda, reforzó el programa económico con "buenas noticias". Tironcito de orejas del Fondo.
Toto Caputo descartó emitir bonos en Wall Street para pagar los vencimientos de enero
Mientras el paro general suspendió el transporte y los servicios y el Gobierno se defendía por el cierre de FATE, Toto Caputo sostuvo su hoja de ruta: a la espera de la reforma laboral, prorrogó el RIGI hasta 2027, celebró el superávit fiscal (con asteriscos) de enero y aceleró la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal.
Además, recibió el respaldo explícito del FMI., aunque con un pequeño tirón de orejas: el Fondo pidió que las reformas contemplen y mitiguen "los costos de la transición". El paro y la tensión social por los despidos no alteraron la narrativa oficial.
El ministro se mantuvo activo en redes sociales con noticias positivas para contrarrestar el shock que produjo el cierre de FATE y el paro por la reforma laboral.
Por ejemplo, celebró la adquisición de Prisma por parte de VISA. "Una inversión enorme de una empresa del prestigio de Visa, que ratifica la confianza que está inspirando nuestro presidente @JMilei en el mundo empresarial", tuiteó.
La jornada comenzó atravesada por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), con fuerte impacto en transporte. Mientras en las oficinas del Palacio de Hacienda continuaban con las proyecciones de crecimiento y derrame, el impacto social de la política económica se hacía sentir. Según un relevamiento nacional de la consultora Zentrix, el 71,9% de los consultados se manifestó a favor de la medida de fuerza, el 27,3% dijo estar en contra y 0,8% no respondió.
El mismo monitoreo mostró un deterioro en el respaldo social a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei: en noviembre de 2025 tenía 55% de apoyo y 39% de rechazo; en febrero de 2026 el respaldo cayó a 48,6% y el rechazo subió a 45,2%. La brecha se redujo de 16 puntos a poco más de tres.
El paro se dio en un contexto de deterioro del mercado laboral: en los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados, con especial impacto en pymes, donde se concentra el 70% del empleo privado formal.
En el Congreso, la reforma laboral avanzó en el tratamiento en medio de esa tensión. Mientras tanto desde Washington, el espaldarazo llegó de la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, quien sostuvo que será importante para el Gobierno “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”.
Kozack consideró que la reforma puede contribuir a reducir la informalidad y crear empleo, aunque advirtió sobre los costos en el corto plazo derivados de la apertura comercial. También remarcó que “una acumulación sostenida de reservas, respaldada por la implementación continua del ancla fiscal de déficit cero, será esencial para asegurar un acceso duradero a los mercados”.
La vocera afirmó que el organismo está “profundamente comprometido con las autoridades en sus esfuerzos por resguardar la calidad, exactitud y transparencia de los sistemas estadísticos de Argentina”, y subrayó que contar con datos “creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida”. Fue una respuesta de ocasión ante las insistentes preguntas de la prensa acreditada por el postergado nuevo Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
Luego de la misión que visitó Buenos Aires la semana pasada, el próximo paso en la relación con el organismo es un acuerdo técnico que, de ser aprobado por el directorio, habilitaría un desembolso de u$s 1.000 millones.
La agenda de Hacienda se mantiene invariable y el superávit fiscal es un mantra. Aún cuando contemple sacrificios y venga con asteriscos.
Los datos fiscales de enero reflejaron la desaceleración de la actividad. Los ingresos totales cayeron 1,2% interanual en términos reales. La recaudación por derechos de exportación se desplomó 40,7% real interanual, afectada por la suspensión transitoria de fines de septiembre que adelantó liquidaciones y por la reducción de alícuotas. Los derechos de importación cayeron 14,2% real; las contribuciones a la seguridad social, 3,8%; y el IVA, 12,1% real, dato que podría señalar menor nivel de actividad.
Aun con esa caída de recursos corrientes, el Gobierno informó para enero un superávit primario de $3,13 billones (0,3% del PBI) y un superávit financiero de $1,11 billones (0,1% del PBI, excluyendo intereses de Lecaps/Boncaps y Boncer cupón cero).
Lo cierto es que el resultado estuvo atravesado por ingresos de capital extraordinarios provenientes de la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue. Excluyéndolos, el superávit primario habría sido de $2,09 billones.
Del lado del gasto, el primario cayó 0,7% interanual real, explicado principalmente por el desplome del gasto de capital (-36% real) y los salarios públicos (-10,9% real). En cambio, jubilaciones y AUH crecieron 2,8% y 4,2% real respectivamente, por efecto de la indexación rezagada.
El mensaje oficial volvió a girar en torno al ancla fiscal y al déficit cero como eje de credibilidad del programa.
La gestión de Milei apuesta a que la microeconomía reaccione mediante la inversión privada. En esa línea, el Ejecutivo prorrogó por un año el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), extendiéndolo hasta julio de 2027. Además, incorporó proyectos de exploración y producción de petróleo y gas, con un piso de inversión de u$s 600 millones para ese segmento. Caputo, claro, lo destacó.
El presidente celebró en redes el dictamen del acuerdo Mercosur–Unión Europea bajo la consigna “APERTURA ES PROSPERIDAD”.
Si la inversión para la "nueva Argentina" que, en la concepción oficial, suplirá al país de la "casta" de "empresaurios" como Javier Madanes llegará de la mano del RIGI, la ley de Inocencia Fiscal tiene que movilizar los ahorros desde el colchón hacia el consumo de bienes durables y el mercado de capitales.
Por eso, Caputo destacó un cambio normativo de la CNV (Comisión Nacional de Valores) que permitirá a las Alycs (Agente de Liquidación y Compensación) captar “dólares del colchón” para canalizarlos hacia fondos que financien pymes, infraestructura y consumo.
Como compensación al enfriamiento en la actividad, Caputo señaló que “el desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, crucial para el crecimiento económico sostenido”, sostuvo.
El Banco Central y la UIF (Unidad de Información Financiera) difundieron además lineamientos sobre la reglamentación de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal. El comunicado señaló que la tenencia de dólares en efectivo, en una economía con antecedentes de alta inflación y volatilidad, “no configura, por sí sola, un indicio de ilicitud”.
Todo esto, para paliar la reticencia de los bancos privados a captar fondos de origen dudoso, por miedo a incumplir con la normativa antilavado.
Caputo recordó que la normativa de prevención de lavado no prohíbe los depósitos en efectivo y que la obligación de identificar al depositante rige cuando el monto supera los 40 salarios mínimos.
Sin datos de inflación para celebrar y con la actividad planchada, Caputo buscó así reforzar el rumbo económico.