La secretaria de Industria provincial habló con Letra P del impacto de la apertura del mercado de celulares. Costos, riesgos y el desafío de la diversificación.
La secretaria de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego analizó los impactos de la segunda etapa del Decreto 333/2025.
La reducción de los aranceles a la importación de celulares desató en mayo del año pasado uno de los conflictos gremiales más fuertes de los últimos años en Tierra del Fuego. Los sindicatos metalúrgicos convocaron a un paro por tiempo indeterminado en las fábricas y la medida escaló hasta un paro general en la provincia con multitudinarias movilizaciones.
Ante ese escenario, el gobierno provincial que encabeza Gustavo Melella convocó a una mesa de diálogo entre el sector empresarial, los gremios y el Estado, que derivó en un acuerdo de estabilidad laboral hasta diciembre pasado en el extremo sur de la Patagonia.
Vencido ese plazo, y en un contexto marcado por un llamativo silencio sindical, desde este jueves 15 de enero rige la segunda etapa del Decreto 333/2025, que elimina por completo los aranceles a la importación de teléfonos celulares y redefine las condiciones de competencia para la industria fueguina.
En este contexto, la secretaria de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, Alejandra Man, dialogó con Letra P sobre el impacto de la medida, el escenario que se abre para la industria local y los márgenes de acción del Ejecutivo provincial frente a las decisiones del gobierno nacional.
-¿Qué cambia en la provincia a partir de este jueves?
-Vemos con mucha preocupación la implementación efectiva de este decreto. Se trata de una medida de riesgo para la producción de Tierra del Fuego. El impacto puede ser realmente muy complicado.
-¿En qué se evidenciará el cambio de manera concreta?
-Las empresas siguen fabricando. No es que hoy bajan la persiana y se termina todo, pero entramos en un escenario mucho más complejo y competitivo, donde se busca reducir cada peso posible para posicionar el producto nacional frente al importado. Es una discusión que excede a Tierra del Fuego y a la Argentina. ¿Quién compite contra China? ¿Quién puede hacerlo con esos costos y en un mercado que no protege lo nacional?
-¿Qué hizo el gobierno fueguino desde mayo pasado?
-Junto con los gremios, las cámaras industriales y representantes del sector venimos generando mesas de diálogo y manifestando ante el Gobierno nuestra preocupación por el impacto de su implementación. Se trabajó para reducir costos y mejorar algunos aspectos de competitividad que considerábamos claves para que el producto fueguino pudiera sostenerse en el mercado.
-¿Qué hicieron las empresas?
-Las empresas están analizando cómo adecuar sus líneas productivas, la rotación, la compra de insumos y los kits para el ensamble. Todavía están haciendo números.
-¿El impacto es generalizado?
-No todas las empresas del subrégimen de promoción se dedican a la electrónica de consumo ni tienen el mismo modelo de negocios. Hay una diversidad muy grande. Algunas se dedican exclusivamente a la manufactura para terceros y no son dueñas de las marcas. Otras son empresas internacionales que evalúan si les conviene importar en lugar de producir. También hay empresas que representan marcas o son dueñas de ellas. Cada caso tiene lógicas y márgenes distintos.
-¿Cuál va a ser el impacto del arancel cero?
-Hoy no lo podemos medir con precisión porque nos faltan datos. A partir del 15 de enero vamos a empezar a ver cómo incide la importación de muchos productos, incluso algunos que no se fabrican en Tierra del Fuego, pero que compiten directamente con el producto local. Todo en un mercado muy golpeado, con bajo consumo y con la presencia de un mercado informal que también atenta contra la producción nacional.
-En mayo pasado se decretó la reducción de aranceles de 16 a 8%. ¿Se reflejó en los precios de los celulares en el mostrador?
-Hubo una baja de precios, pero no fue significativa ni perceptible para el consumidor. No es que automáticamente el precio del producto bajó un 16%. El Gobierno sostuvo que el objetivo era bajar el precio de los productos en la góndola y que el costo de la manufactura representaba una parte muy elevada del precio final al consumidor.
-¿Es así?
-El costo de la manufactura representa menos del 40% del precio final. Hay muchos otros costos asociados: impuestos, financiamiento, logística y todos los eslabones que intervienen en la cadena de comercialización, como los retailers, que inciden fuertemente en el precio que paga el consumidor. La manufactura, particularmente el ensamble en unidades terminales, es solo el punto de partida.
-¿Cómo es la estructura de costos?
-No existen estudios técnicos exhaustivos y de acceso público que desglosen con precisión la estructura de costos desde la producción hasta la comercialización, pero tomando como referencia un teléfono celular de gama media, el costo de manufactura representa entre el 25% y el 40% del precio de venta al público.
-¿Cuáles son los otros costos?
-El costo logístico desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires se estima entre un 3% y un 5%. La carga impositiva provincial, que incluye Ingresos Brutos y la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, tiene una incidencia menor al 2%, mientras que los tributos nacionales, como los aportes al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) y los impuestos internos, llegaron a representar hasta un 10% del precio final antes de la reducción de alícuotas.
-¿No es cierto entonces lo que argumenta la Casa Rosada?
-Hay que desmitificar la idea de que los productos fabricados en el país son caros. En la cadena de comercialización inciden muchos otros costos y la mayoría tiene que ver con impuestos nacionales. Esto es importante de señalar porque una de las principales justificaciones del Gobierno para avanzar con este decreto fue la supuesta falta de competitividad de la producción local frente a los importados.
-El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego tiene muchos enemigos.
-Siempre fue cuestionado, muchas veces desde el desconocimiento de cómo se produce y qué se fabrica. Las reglas dependen del gobierno nacional y las empresas juegan dentro de ese marco. Cuando cambian las reglas, algunas empresas logran adaptarse y otras no. En el medio, está la gente.
-El gobierno provincial también.
-Como provincia tenemos que contener el impacto social que generan estas decisiones, con muy poco tiempo para pensar alternativas de reinserción laboral, especialmente en una ciudad como Río Grande, donde una gran parte de la población depende directa o indirectamente de la industria. Reconfigurar eso en tan poco tiempo es realmente muy difícil.
-¿Cuáles son los desafíos que enfrenta ahora Tierra del Fuego?
-Seguimos trabajando para diversificar nuestra matriz productiva. El régimen de promoción industrial no depende del Ejecutivo provincial: está establecido por la Ley 19.640, que es nacional, y la autoridad de aplicación es el gobierno nacional. Eso nos deja muchas veces con poco margen de acción y muy vulnerables frente a este tipo de decisiones.
-¿Cómo se emprende esa diversificación?
-Es necesario agregar valor a la producción local de pymes, productores y otros sectores. La provincia viene acompañando al sector pyme con asistencias técnica y financiera, créditos blandos y fondos de garantía. Somos conscientes de que esto no va a equiparar, al menos en el corto plazo, a una industria promovida con más de 50 años de desarrollo y más de 7.000 puestos de trabajo, pero es imprescindible avanzar en la diversificación, promover otros sectores como la ganadería, el agro y la pesca.
-¿Cómo está hoy la relación entre los gremios y las empresas?
-El escenario es muy complejo, con mucha angustia e incertidumbre. Los trabajadores son quienes reciben hoy el mayor impacto, pero para el sector industrial tampoco es una situación fácil. Es una noticia preocupante para todos. No afecta sólo a Tierra del Fuego: toda la industria nacional está golpeada y nosotros somos parte de ese contexto.
-¿Se refiere a la caída del consumo?
-Los volúmenes de fabricación están directamente ligados al consumo. Si el consumo cae, la producción también. Es la lógica que rige.