El oficialismo calcula que alcanza los 135 votos para convertir en ley la iniciativa. Presión de las provincias mineras. La fractura del peronismo.
Marcelo Orrego, el gobernador de San Juan, durante el plenario de Glaciares, en el que La Libertad Avanza se impuso.
La Libertad Avanza (LLA) logró este martes en Diputados el dictamen del proyecto para reformar la ley de glaciares con respaldo de gobernadores mineros, que confirmaron la necesidad de la norma para aumentar las inversiones. El oficialismo confía en alcanzar hasta 135 votos para la sanción, contando algunos legisladores de Unión por la Patria (UP).
La mayoría requiere 129 voluntades y en LLA están seguros de superarla, para de ese modo convertir en ley el último proyecto de Javier Milei que restaba llevar a ambos recintos. La sesión está convocada para el miércoles a las 15 horas. La reforma de glaciares es el único tema en debate.
El Gobierno logró este martes dictaminar la iniciativa con 37 firmas en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. El aporte de las bancadas aliadas es suficiente para conseguir la ley. La ayuda llega del PRO, la UCR y la mayoría de los partidos provinciales. Hubo tres dictámenes de rechazo: UP (23 firmas), Provincias Unidas (cinco) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Organizaciones ambientalistas anunciaron una concentración a las 17 horas de este miércoles; y protestas en diferentes ciudades del país. La firma llegó después de exposiciones de invitados de las provincias. Marcelo Orrego (San Juan) fue el único gobernador que habló. Raúl Jalil (Catamarca) se había comprometido a hablar, pero nunca se conectó.
UP volverá a dividirse. Votarán a favor la dupla sanjuanina (Cristian Andino y Jorge Chica Muñoz) y la catamarqueña Claudia Palladino. En LLA también confían en sumar a la dupla de Mendoza (Emir Félix y Martín Aveiro).
El proyecto en cuestión reforma la ley 26.639, sancionada hace 15 años para proteger a los glaciares y a los periglaciares, como se conoce a las áreas aledañas, que suelen ser escombros o rocas de hielo. Ante la eventual sanción del proyecto de Milei, los gobernadores definirán si estas últimas zonas aportan al recurso hídrico. De lo contrario, pueden explotarse actividades mineras e hidrocarburíferas.
Las provincias aportarán además la información para realizar un inventario, que estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En las audiencias públicas y en el plenario de comisiones hubo advertencias sobre una eventual judicialización.
En ese caso, los magistrados deberían definir si se cumplen los dos artículos de la Constitución en juego: el 41 (que obliga al Gobierno a realizar presupuestos mínimos ambientales); y el 124, que le delega a las provincias la potestad de los recursos naturales.
"Con esta ley habrá más pleitos judiciales", vaticinó el jefe de UP, Germán Martínez. Su coterráneo, Agustín Rossi, recordó que la Corte Suprema de Justicia avaló la norma actual y una nueva deberá someterse a la mirada del Tribunal. Le respondió Silvana Giudici, de LLA. "Los glaciares no se tocan. Esta ley amplía el principio precautorio", se defendió la diputada.
Orrego fue el primer orador del plenario y había sido el mandatario que más funcionarios envió a las audiencias públicas. Por Zoom, el mandatario pidió convertir en ley la reforma y enfrentó a los detractores. “En ningún momento un gobernador planteó modificar la ley de glaciares y cambiar los estándares de calidad”, sostuvo.
“Lo que se viene es la transición energética. El litio es estratégico. El cobre también y no puede ser reemplazado. El verdadero problema no es la minería. Tenemos que avanzar en la tecnificación de riegos: tenemos canales primarios y secundarios para regar. Podemos definir cuál es la función hídrica y cuál no. No es cierto que la minería va en contra el medio ambiente”, insistió el sanjuanino.
El gobernador radical Carlos Sadir (Jujuy), jugó a dos puntas. Su diputada conterránea María Inés Zigarán, defendió la minería, pero se expresó en contra para firmar el dictamen de rechazo de su bloque, Provincias Unidas. “Puede ser sustentable y amigable con el medio ambiente”, señaló la legisladora. Presente en la audiencia, el ministro de minería de Jujuy, José Godoy, defendió la actividad.
A excepción de Orrego, los gobernadores del resto de las provincias mineras no fueron y enviaron a sus funcionarios. Por Salta, no estuvo el mandatario, Gustavo Sáenz. Defendió la ley el secretario de minería, Gustavo Carrizo: “Es necesario proteger los glaciares, pero el problema no es la ley, sino la diferencia entre un criterio glaciar y periglaciar, porque genera incertidumbre e impacto”.
Tampoco asistió el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien incorporó la minería recientemente y sus funcionarios respaldaron esta reforma en el plenario de comisiones. Lo representó la ministra de Energía, Jimena Latorre. "Tenemos que ser maduros: tenemos instituciones para armonizar la minería y el agua, que es la lectura de la Corte Suprema", dijo.
Jalil había anunciado que estaría y no fue. Lo representó Teresita Regalado, ministra de Minería, quien destacó que desde 2011 la provincia controla la cantidad y calidad de agua. Esta provincia tiene un bloque propio, con tres miembros que se fueron de UP en diciembre. Uno es el de la exsecretaria de Minería de Alberto Fernández, Fernanda Ávila, quien levantó la voz para defender la reforma.
El momento más tenso de la audiencia lo aportó el secretario de Minería, Luis Lucero, quien atacó a los detractores de la reforma y luego reconoció que hizo carrera como abogado de las mineras y ese antecedente lo obligó a excusarse de participar de litigios con las compañías.
“Me excusé para no tomar decisiones respecto a empresas que había sido mis clientas, como marca la ley de ética pública. Eso usted lo sabía y ahora lo sabe todo el mundo. Todas las empresas que nombró fueron clientes míos”, le respondió a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Algunas de las compañías para las que prestó servicio Lucero fueron Glen Corpachón, Minera Alumbrera y Minera Aguár. “Para buscar un secretario de minería parece razonable alguien que conozca la industria”, se justificó el funcionario.
Un rato antes, Lucero había defendido el proyecto. “Es una mentira que nos vamos a quedar sin agua. Eso es generar miedo. Y el miedo es muy eficaz. El agua es un recurso que tenemos que distribuir mejor pero el agua dulce no es un verdadero problema, da para mucho más”, sostuvo el funcionario.
Otro enviado de Milei fue Fernando Jorge Brom, subsecretario de Ambiente de la Nación, quien recordó que el Consejo Federal de Ambiente (Cofema) tuvo una votación empatada cuando se pronunció por esta norma, porque él se abstuvo.