Virginia Gallardo presentó un proyecto sobre imprescriptibilidad de la prisión perpetua. Con acuerdo del PRO, avanza la penalización por delitos rurales.
Virginia Gallardo, diputada LLA.
Javier Milei quiere ganar terreno perdido en el Congreso con una agenda punitivista. Por orden del Presidente, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, presentó un proyecto sobre imprescriptibilidad de la prisión perpetua. Este martes, además, se dictaminó una iniciativa del PRO para aumentar penas por delitos rurales.
La propuesta de Gallardo tiene la colaboración de su colega Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich. Es quien preside la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, donde empezó el debate de la ley para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. "Trabajaron equipos de ambas, pero la orden fue de Milei", contaron a Letra P fuentes de la bancada oficialista.
No intervino en la elaboración de esta modificación del Código Penal el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Consiste en establecer que, tanto para la persecución penal como la ejecución, las condenas a prisión perpetua no tengan vencimiento. Con la legislación actual, prescriben a los 15 y 20 años, respectivamente.
El límite máximo de prescripción para los delitos reprimidos con prisión temporal se elevaría de 12 a 15 años y de uno a tres para hechos sancionados exclusivamente con inhabilitación temporal. También se elevan las penas por casos de delitos de integridad sexual contra adolescentes de entre 13 y 16 años. Habrá condenas de seis a diez años cuando "medie una relación desigual de poder, autoridad o madurez". En la actualidad, no superan los seis.
El proyecto de Gallardo se completa con un reordenamiento del sistema procesal, para separar las causales de suspensión de las de interrupción de la prescripción. Se suman como causales el período de vigencia la suspensión del proceso a prueba (de una probation) y el tiempo de cumplimiento de acuerdos de conciliación o reparación integral. Se suma como causal la declaración de rebeldía y el auto de solicitud de extradición, impidiendo que los prófugos se beneficien del paso del tiempo.
La propuesta de Gallardo tuvo la firma de miembros de otros bloques, como Pamela Verasay (UCR), la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas), Nancy Picón (Producción y Trabajo, de San Juan). Con estos respaldos, además del PRO, LLA puede asegurarse una mayoría para imponerse en el recinto, en un debate en el que Milei se siente cómodo.
En cada aparición pública, el Presidente repite que bajar la inflación y mejorar la seguridad son las dos misiones de su mandato. A su entender, las está cumpliendo. Pero en los últimos meses la agenda del Congreso se centró en otros temas que erosionan a Milei, como la discapacidad, la ley de tierras y el crecimiento de los niveles de endeudamiento de las familias.
Mientras que estas iniciativas unieron al peronismo con los aliados del Gobierno, los debates punitivistas podría permitirle a LLA recuperar a sus socios habituales.
El primer capítulo de la agenda punitiva en Diputados fue este martes: un plenario de comisiones dictaminó un proyecto para aumentar las penas por vandalismo rural y modificaciones sobre estragos, daños agravados y protección de infraestructuras críticas y productivas.
La iniciativa crea la figura de "instrucción rural" con sanciones de un mes a un año de prisión para quien ingrese sin autorización a campos delimitados. Quien dañe la producción tendrá condenas de dos a ocho años de cárcel y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño que ocasionen. De esta manera se busca proteger infraestructuras como los silobolsas, granos, cultivos, ganado, plantaciones, forrajes, sistemas de riego, paneles solares y bombas de agua, entre otros elementos.
“Hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país” y propuso salir de “una visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo”. “Hoy estamos dando un gran paso para que esas familias estén un poquito más protegidas”, sostuvo Martín Ardohain (PRO), autor de la iniciativa y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La oposición expresó su rechazo. “El proyecto genera lo que en derecho penal se conoce como duplicación normativa. Una norma no puede contradecir a otra, una norma no puede traer las mismas regulaciones que trae otra norma”, sostuvo Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria. El dictamen llegará al recinto la próxima sesión citada por el oficialismo.
