El proyecto fue convertido en ley con apoyo de todos los bloques aliados. El PJ, la única fuerza que se opuso. La pena máxima será de 15 años.
Patricia Bullrich, durante el debate del régimen penal juvenil de Javier Milei.
Javier Milei se anotó otra victoria en el Congreso: el Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto fue enviado por el Presidente en 2024 a la Cámara de Diputados y sufrió un sinfín de modificaciones. Sólo el peronismo votó en contra.
La aprobación fue con 44 votos a favor y 27 en contra: sólo se opuso en contra el actual interbloque peronista -populares- y dos de los tres miembros de ese espacio que el lunes hicieron rancho aparte: Carolina Moises y Guillermo Andrada. La tucumana Sandra Mendoza es la única migrada del PJ que votó con el Gobierno.
El proyecto modifica la ley promulgada por la última dictadura en 1980. “Esta ley es peor, porque viola el principio de culpabilidad disminuida”, sostuvo Martín Soria, del peronismo, quien cuestionó además la pena máxima: destacó que en los países de la región -que tienen edad punible más baja-, como mucho, pasan cinco años tras las rejas y en la ley mileísta lleva a 15 años la pena máxima.
"Matar no puede ser gratis. Ni para un menor de 14 años ni para un mayor. No me parece justo que se pueda volver a la sociedad en cuatro años después de matar: va a volver a cometer un delito", respondió Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, quien terminó su discurso con un pedido de un minuto de silencio para las víctimas de delitos.
Otra vez, la exministra de Seguridad se robó la escena: logró hacer parar al kirchnerismo -que repudió la propuesta, pero cedió- y luego fue vitoreada desde los palcos por el ministro del Interior, Diego Santilli.
En el proyecto original las cifras eran otras: se proponía 13 como edad punible, pero en Diputados el consenso la elevó un año más. La edad máxima punible también cambió: era de 20 años en el texto original y con las reformas de Diputados, la ley las dejó en 15.
La cárcel será la última instancia para una pena y recién podrá aplicarse si supera los diez años. Para los delitos con sanciones menores, se aplicarán medidas paliativas, aunque con excepciones: también habrá cárcel si se registra muerte o violencia física sobre las personas.
No se contempla prisión si se trata de delitos culposos, sin lesiones o causas de muerte o daño psíquico grave de la víctima. En cualquier caso, el juez deberá tomar en cuenta si hay antecedentes.
También se crea un sistema de mediación penal para delitos con condenas máximas de hasta seis años. Y se contempla la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los tres años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
Las medidas privativas de la libertad también serán acotadas: podrán ser en domicilio, en un instituto abierto o especializado de detención, o en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
La nueva ley también menciona la figura del "supervisor" y obliga a un tratamiento multidisciplinario con las provincias, que en Diputados generó un pedido de fondos de los partidos provinciales. Milei incorporó un fondo de 23 mil millones de pesos, que alcanzaría únicamente para cubrir los gastos de la justicia federal.
Las provincias podrán pedir un refuerzo, pero mediante convenios específicos con la Nación, un sistema que no agrada a los gobernadores, porque podría permitir que deban blanquear sus deudas.
En el Senado, el reclamo por fondos llegó desde el peronismo. "La aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”, sostuvo el chaqueño.
El oficialismo y sus aliados no escucharon excusas. El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), consideró el texto del proyecto como "un plan social", por las obligaciones de resocialización para los chicos de entre 14 y 16 años. “Es una deuda de la política no es cuestión de mano dura o no, hay que reconstruir un contrato social para que el joven sienta que el país le da un futuro”, sostuvo el chaqueño.
Bullrich fue la oradora de cierre. "El sistema actual se convirtió en que cada juez sea dueño de la vida de los menores. Era discrecional y no era bueno. No queremos que los ciudadanos sigan siendo de segunda frente a los delincuentes. El sentido de la justicia es algo fundamental: venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es una víctima”, prometió la jefa libertaria.
La senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) fue otra de las voces oficialistas que defendió la reforma. "La ley actual es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas. Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”, se indignó.