El intedente quiere que el legislativo local funcione con siete ediles y eliminar organismos de control. Obstáculos, alianzas y termómetro para 2027.
Walter Cortés, intedente de Bariloche, en busca de un Ejecutivo empoderado.
Walter Cortés anunció que encabezará una lista de convencionales para reformar este año la Carta Orgánica de Bariloche. Con una agenda que apunta a ampliar el poder del Ejecutivo, achicar el Concejo Deliberante y eliminar organismos de control, el intendente busca reescribir las reglas de juego de la ciudad más grande de Río Negro en la antesala del año electoral.
La intención de Cortés es ponerse al frente de una lista que estará compuesta por “un abanico de empresarios y personas con inserción social, de distintos estratos” sociales, confirmaron a Letra P desde su entorno. Su lanzamiento primereó en el ambiente político, donde los contenidos y metodologías de la reforma obligatoria ya se discuten pero los armados están en etapa de configuración.
Entre los escollos que deberá enfrentar el fundador del Partido Unión y Libertad (PUL) está el de su propia candidatura ya que, según establece la carta magna local en su artículo 48º, la función del intendente “es incompatible con el ejercicio de otro cargo público”.
Varias de sus propuestas encuentran fuertes resistencias entre la dirigencia opositora, que se prepara para dar la discusión. Entre otras herramientas, dispone del manejo de los tiempos institucionales: será el Concejo Deliberante, donde el intendente tiene una minoría de tres miembros sobre un total de once, el que decida cuándo y cómo se convoque a las elecciones constituyentes.
Como lo contó en una entrevista con Letra P, el intendente considera que la Carta Orgánica Municipal que rige desde 2007 en la ciudad de la Patagonia andina “está podrida” y que “su principal defecto es la burocracia”. Desde su punto de vista, el organismo que corporiza como ninguno esa falla es el Concejo Deliberante, un espacio en el que hoy tienen representación seis partidos y en el que hasta ahora Cortés no logró hacer pie.
Pese a que la Carta Orgánica estipula un edil cada 10 mil habitantes, la composición del legislativo no fue actualizada tras el censo de 2022 (que arrojó más 135 mil habitantes) y continúa funcionando con once miembros. El intendente quiere recortar los ediles a siete, uno cada 20 mil habitantes, además de achicar sensiblemente su presupuesto.
Cuando este medio le consultó si disminuir la cantidad de bancas no le quita representatividad al pueblo, el intendente fue explícito: “¿Representantes de qué? ¿De ponerle trabas a la gente? Todo lo que entra ahí no sale, y si sale, sale defectuoso. Esta Carta Orgánica la hizo alguien que sabía que no iba a ser intendente”. La relación está completamente rota.
El hombre que antes de llegar a la Intendencia comandó por treinta años el gremio de empleados de comercio también propone eliminar la Defensoría del Pueblo, creada en 2007 con la función defender y proteger los derechos de los individuos y de la comunidad “ante hechos, actos u omisiones de la administración”, según estipula la Carta Orgánica. Se trata de un organismo con autarquía financiera y autonomía funcional.
“¿Para qué sirve el Defensor del Pueblo? ¿Por qué tiene que tener cuatro asesores? A nadie le soluciona la vida”, subrayó Cortés en la entrevista con Letra P. La misma suerte correría la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (Omiduc) y los entes municipales, como el de Tierra y Vivienda. “Hagamos una municipalidad distinta, no llena de asociaciones y entidades libres que ni sé en qué gastan la plata”, propuso.
Entre las propuestas más resonantes del intendente destaca la de eliminar los sueldos que el municipio paga a los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem), un punto que no figura en la Carta Orgánica vigente.
Cortés mantiene un enfrentamiento con el gremio desde el inicio de su gestión y ya había avanzado contra la planta pública en mayo pasado, cuando quiso modificar el Estatuto del Trabajador Municipal. En aquella ocasión su proyecto fue rechazado por una mayoría de ocho votos, entre ellos los del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), un espacio que ha sabido prestar ayuda al PUL.
El intendente había manifestado su intención de convocar las elecciones para elegir a los convencionales antes del invierno, aunque todo parece indicar que no podrá cumplir ese cronograma. Desde la oposición, la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) le señaló que el Ejecutivo “no puede convocar elecciones” ya que es una potestad del Concejo Deliberante.
La dirigente se expresó así durante la presentación conjunta de un proyecto que elaboró con sus colegas Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), Roxana Ferreyra (Nos Une) y Facundo Villalba (Primero Río Negro) para crear una comisión en el ámbito del Concejo que sirva como espacio de participación ciudadana para debatir los temas a incluir en la reforma de la carta magna.
Ese espacio, del que participarían todos los concejales junto con representantes del Ejecutivo, funcionaría durante seis meses, tendría al menos dos reuniones mensuales y convocaría a cámaras empresarias, colegios profesionales, clubes de barrio, juntas vecinales y organizaciones civiles. Del debate surgiría un corpus de propuestas para que los convencionales consideren en su discusión.
Los ediles buscan que la iniciativa sea el primer tema a tratar en 2026, y necesitan sumar dos voluntades más para lograr que se apruebe. A la vez, saben que sin ellos el Deliberante no puede convocar las elecciones de constituyentes, ya que ese llamado solo puede hacerse con el visto bueno de las dos terceras partes del cuerpo (ocho votos).
La propuesta tiene el antecedente de lo realizado antes de la reforma anterior, cuando el gobierno de ese entonces habilitó un mecanismo de recepción de propuestas y recibió alrededor de 500 proyectos.
Más allá de las propuestas adelantadas por Cortés, queda por ver cómo se conformarán las alianzas partidarias para elegir a los 15 convencionales constituyentes. Recientemente el jefe comunal señaló que aspiraba a conformar un espacio con el apoyo del gobernador, Alberto Weretilneck.
Sin embargo, más allá de la “excelente relación institucional” que el referente del PUL mantiene con el titular de JSRN, el vínculo política entre ambos quedó resentido luego del traspié electoral de octubre pasado. De hecho, desde el espacio del mandatario provincial llegaron los principales cuestionamientos a las declaraciones que Cortés le había dado a este medio.
"Cortés no quiere eliminar la burocracia, quiere menos controles. Quiere manejar el municipio como manejó siempre su gremio, de manera autoritaria y violenta. Quiere convertirse en Emperador”, manifestó al medio local Baribache Marcela González Abdala, legisladora de Juntos Somos Río Negro.
Sus declaraciones están en línea con las de buena parte de la oposición, que si bien reconoce la necesidad de modificar mecanismos internos para agilizar los procesos administrativos, propone reforzar la independencia de los órganos de control y mantener un Deliberante fuerte para garantizar la división de poderes.
La Carta Orgánica fue promulgada en enero de 2027 y define, al igual que su antecesora de 1987, que “el Concejo Municipal deberá convocar a la Convención para la revisión total de la Carta Orgánica vigente obligatoriamente cada veinte años, contados a partir de la fecha de sanción de la presente”.
Entre otros puntos, el texto vigente incorporó las figuras del Defensor del Pueblo y el Tribunal de Contralor, institucionalizó mecanismos de participación ciudadana y reforzó una serie de deberes, principios y derechos, entre ellos varios de carácter ambiental, como el libre acceso a las costas, la protección de los humedales y la inalienabilidad del cerro Catedral y las tierras circundantes.
En este marco, la revisión de la Carta Orgánica no será solo una discusión jurídica o administrativa. Será, ante todo, una pulseada de poder sobre el modelo de gobierno de Bariloche. Cortés apuesta a un Ejecutivo fuerte y con menos controles; la oposición, a preservar equilibrios y contrapesos. El resultado de esa disputa no solo definirá el texto que regirá a la ciudad por las próximas dos décadas, sino también la correlación de fuerzas con la que se llegará a las elecciones de 2027.