La maniobra fue detectada junto a la Agencia Antilavado de la provincia. Cayó un juez de Faltas que trabajaba en la función pública desde 2006.
Pablo Javkin, intendente de Rosario.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció una red de corrupción que funcionaba en dependencias municipales y que se dedicaba a falsificar documentación, otorgar licencias de conducir falsas y libres multas y a vender automóviles que estaban incautados. Entre los posibles involucrados se encuentra un funcionario que ocupó desde 2006 distintos cargos en las gestiones municipales.
Un empleado fue separado y otro, que en el pasado fue director de Tránsito y que actualmente era juez de Faltas, fue cesanteado. Se trata de Henry Fabro, quien en 2006 y bajo la intendencia de Miguel Lifschitz ingresó a la Dirección de Inspección.
Luego pasó por Asuntos Jurídicos, coordinó el programa de Fiscalización de Espectáculos Públicos y dirigió la Fiscalización de Transporte. En 2010 llegó a la dirección de Tránsito tras un sonado caso de corrupción y el pedido de Lifschitz de limpiar el área. Ahora fue desplazado por vender un libre deuda y se lo investiga por la venta de los autos.
“Vamos a ir hasta el final del asunto. A separar, denunciar y expulsar a cualquiera que haya sido parte de esto. Esto surge porque tenemos la decisión política de afrontar cualquier nicho de corrupción que aparezca”, planteó Javkin.
Javkin explicó a la prensa que a principios de 2022 se detectaron casos de licencias de conducir otorgadas de forma ilegal. Los casos se agruparon para iniciar una investigación administrativa.
La situación continuó al verificarse también la venta de libres deudas. En esos casos estuvo directamente involucrado Fabro. “Recibía él el monto de lo que costaba ése libre multa”, aseguró el intendente sobre el caso del juez de Faltas. El antecedente que se comprobó involucra a una moto y el funcionario cobró por ese comprobante 15 mil pesos.
Posteriormente se llegó al circuito de venta ilegal de automóviles retenidos en los corralones municipales, a donde son depositados tras cometer alguna falta de tránsito.
Para descubrir la maniobra fue clave la decisión, en agosto del año pasado, de detener la compactación de los autos de alta gama que tenían menos de cinco años de antigüedad. La intención era que la Agencia Antilavado, creada en 2022, investigara si tenían relación con algún ilícito. Como no eran retirados del corralón a pesar de su alto valor se sospechaba que habían sido adquiridos con dinero ilegal.
Algunos de esos vehículos ya habían sido comercializados ilegalmente y estaban comprometidos para su entrega.
Quedaron apuntados en esa investigación y se detuvo la compactación de un Renault Sandero, un Fiat Tipo, un Toyota Corolla, un Volkswagen Vento y una Toyota Hilux. El valor aproximado de esos autos rondaba los 115 millones de pesos.
Al no ser entregados, el municipio comenzó a recibir la denuncia de los compradores estafados. La primera ingresó en septiembre y se abrió una causa penal.
“Encontramos vehículos que estaban en el corralón separados, apilados. Cuatro motos y un vehículo. Prácticamente como si fuera una concesionaria para la entrega. Esos vehículos figuraban en la compactación”, precisó Javkin.
El recorrido para concretar la venta, que incluye la selección de un vehículo, el trámite para ofertarlo, la orden de no enviarlo a compactación, la obtención del libre multa y de los papeles, lleva a la intendencia a pensar en una red en la que estarían involucrados empleados, funcionarios y distintos profesionales. Ahora se investiga también si se comercializaron autopartes.
Además de la denuncia penal, la investigación administrativa y la intervención de los corralones, la intendencia dispuso que esos espacios pasaran de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Control, conducida por Diego Herrera. Entre otros antecedentes, este funcionario trabajó en la estructura de Seguridad cuando Maximiliano Pullaro era ministro, entre 2015 y 2019.