ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) "Esta es una herramienta que hace nuestra parte en relación a combatir lo más oscuro con lo que convivimos: la gente que hace dinero con las muertes y la violencia", afirmó el intendente Pablo Javkin al promulgar este jueves la ordenanza antilavado, el caballito de batalla con el que el rosarino busca tallar en la crisis de inseguridad y violencia narco que padece la ciudad.
Rodeado de concejalas y concejales tanto del oficialismo como de bancadas aliadas y opositoras, Javkin destacó que se trata de “una decisión política de toda la ciudad, por unanimidad”. En rigor, el texto aprobado contó con el voto positivo de todo el cuerpo legislativo, pero, como contó Letra P, el interbloque de Todos votó en contra algunos artículos con los que fue especialmente crítico.
"Estamos muy orgullosos de este trabajo y del trabajo de nuestros equipos y del Concejo, que dio un debate realmente importantísimo, que no se suele dar en los cuerpos municipales, como el lavado de dinero y las agencias”, destacó el intendente.
Fiel a su discurso de “buenos y malos”, Javkin subrayó que a “los que hacen las cosas bien y generan trabajo y producción, hay que otorgarle las mayores facilidades”, y a “los que lo hacen mal, los que utilizan la violencia y la muerte, los que lastiman y hieren a la ciudad, cada vez ser más efectivos en impedírselo”. “En este caso, lo que podemos hacer como municipio”, insistió. Desde el arranque del segundo tiempo de su mandato Javkin aprovecha cada ocasión para marcar los límites y atribuciones del Ejecutivo municipal en las problemáticas que cascotean a la ciudad.
La ordenanza contempla crear una agencia de prevención y colaboración contra el lavado de activos; un protocolo de actuación para la detección de operaciones sospechosas, amplía la cantidad de rubros que se van a controlar, en cada rubro se amplía la cantidad de información y documentación a presentar, se capacitará los funcionarios y agentes municipales que van a aplicar la normativa a partir de convenios con el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia; significando un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y Poder Judicial para detener las economías delictivas.
Sobre las agencias, precisó que se trabajará en conjunto “con el procurador, el fiscal general, la fiscal regional, la representación de la UIF (Unidad de Información Financiera) y de la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), los camaristas federales, para combatir las economías ilegales en la ciudad”.
Justamente, la actividad contó con la presencia del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, quien consideró que la ordenanza “es una herramienta realmente positiva por lo que significa en términos de investigación”. “Nos permite tener acceso de forma rápida y en cantidad. Además, tendrá la posibilidad de generar alertas cuando el dinero circule de manera sospechosa", analizó en diálogo con LT8.