La investigación por el crimen de un policía a manos de delincuentes en el Hospital Provincial de Rosario reactivó los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), esta vez por parte del gobernador electo Maximiliano Pullaro. La tensión generada por la presunta falta de reacción de la fiscalía en horas cruciales expuso nuevamente las pretensiones del radical de reestructurar aspectos de la justicia provincial.
La ejecución a sangre fría del subteniente Leoncio Bermúdez puso a prueba la tarea de los fiscales en un episodio que tuvo una fuerte repercusión nacional y conmoción local. En este marco, el primero que puso en foco el desempeño fue el propio Pullaro, quien, según supo Letra P, tuvo un cruce fuerte vía WhatsApp con la fiscal regional del MPA, María Cecilia Vranicich en la mañana del martes.
Horas después, en el noticiero líder del prime time del mediodía lanzó una frase que cayó como un baldazo de agua helada en el organismo de fiscales. "Hoy no hubo nadie del MPA. Hoy no había nadie intentando dar respuesta; es gravísimo. No puede ser que hoy por ser feriado haya un solo fiscal”. Se refería a que el miércoles fue asueto administrativo provincial por la fundación de Santa Fe y este jueves fue el Día del Trabajador Judicial.
La respuesta llegó en la noche del miércoles y fue a través de la jefa de los fiscales, la misma que había discutido con Pullaro por chat. "Los feriados dispuestos para la actividad judicial en el día de la fecha y el día de mañana no han afectado el servicio de justicia que debe brindar el Ministerio Público de la Acusación frente a cuestiones de suma urgencia y gravedad como lo es este caso", aseguró en un comunicado.
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Pullaro recogió el guante y contestó a la fiscal general: “No se entiende o no se quiere entender. Nunca dije que no se prestó el servicio de Justicia, sino que ante un homicidio aberrante, de enorme conmoción social, los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado, y solo había un fiscal en el edificio”.
El trasfondo
Las críticas filosas de Pullaro adelantan y consolidan sus intenciones de hacer reformas en la justicia provincial, desde la renovación de la Corte Suprema (donde cinco de los seis ministros tienen más de 75 años) al funcionamiento del MPA, organismo donde propone fortalecer la verticalidad de la fiscalía general ante las áreas regionales, en otros cambios.
Incluso se puede decir que el episodio terminó sirviendo de argumento al gobernador electo para avanzar ni bien asuma con una revisión integral del Poder Judicial, sobre todo del fuero penal y su pilar principal, el MPA. Ante los pedidos de designaciones de jueces y fiscales, el radical pone un freno y pregona primero tener claro dónde están las necesidades reales para eficientizar los recursos.
Quien sintió el golpe fue la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. La funcionaria judicial que fue ratificada en el cargo hace apenas seis meses después de un interinato está en la mira por el funcionamiento de la regional después que se conocieran aparentes irregularidades del fiscal a su cargo Matías Edery por su vínculo con una informante con la que mostró estrechez al punto de que se investiga si incurrió en delitos.
El señalamiento de Pullaro al área que conduce Iribarren no es inocuo. La fiscal regional está en el ojo de la tormenta y ya debió concurrir a dar explicaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura semanas atrás. Su futuro está en manos de los legisladores y del resultado de una auditoria en algunas áreas de la regional que ordenó intervenir la fiscal general Vranicich.
