Frenar el doble comando, mandar un mensaje contundente a la Corte provincial y poner en marcha la persecución de la policía local del narcomenudeo, son los tres ejes que tiene pensados el gobernador electo Maximiliano Pullaro para combatir el delito, a partir del próximo 10 de diciembre. Esta semana, se realizó la primera reunión de transición de los equipos técnicos de Seguridad, la cartera más caliente que tiene la provincia y que en la gestión del gobernador Omar Perotti cambió de rumbo, al menos cuatro veces, con reemplazos de ministros.
La primera reforma, que va a ser muy visible desde el día uno de gestión, será la fusión de las áreas de Seguridad y Justicia. Ni en la gestión de Perotti ni en las del Frente Progresista estuvieron juntas. El argumento formal que dan desde los equipos del radical para la futura unión, es la búsqueda de coherencia entre la política de seguridad preventiva y la persecución del delito y que, si bien la Justicia es mucho más amplia, hoy las centralidades de las demandas sociales están puestas en el fuero penal.
Pero hay algo más. Durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Justicia era un ministerio (en la gestión de Perotti pasó a ser una secretaría) conducida por el rosarino Ricardo Silberstein, y convivía, y colisionaba, con el ministerio de Seguridad que encabezaba Pullaro. Esa experiencia determinó el cambio que se viene: ambas áreas tienen que formar parte de un mismo ministerio para que no haya un doble comando. Si no, la policía responde a un ministro y los jueces dialogan con otro. “No queremos ser los primos pobres y que otro tome café con el Rafa”, grafican, desde la futura composición del ministerio de Seguridad, en referencia a las negociaciones con el Poder Judicial y el ministro más influyente de la Corte, el santafesino Rafael Gutiérrez.
El miércoles, en la reunión de transición, además de Pablo Cococcioni, futuro ministro del área, participó también la abogada, especializada en derecho procesal penal, María Florencia Blotta. De ella se espera un rol central en esta fusión de áreas. Además de que fue la primera mujer, y hasta ahora única, que apareció en representación del nuevo gobierno, Blotta fue la veedora que puso Pullaro para el concurso de autoridades del Ministerio Público de la Acusación y aporta esa mirada transversal entre seguridad y justicia que están buscando. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que quien se hará cargo de la Secretaría de Justicia será el exdiputado provincial Santiago Mascheroni.
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Los ministros de Seguridad, Claudio Brilloni, y de Gestión Pública, Marcos Corach, recibieron a Pablo Cococcioni y María Florencia Blotta.
La prueba de fuego será la aprobación y puesta en marcha de la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo en la provincia. El sector del radicalismo de Pullaro y fundamentalmente el senador Lisandro Enrico lo vienen empujando hace años. Tanto así que fue uno de los temas que más cortocircuito generó en los años del Frente Progresista.
En la gestión del socialista Antonio Bonfatti, con Juan Lewis como ministro de Justicia, siempre sostuvieron que no era el camino que había que tomar y durante la gestión de Lisfchitz, el ya fallecido gobernador acusó a su antecesor de frenar la discusión desde la conducción de la Cámara baja. Ahora, la diferencia está saldada y las posiciones son coincidentes en que la justicia federal no avanza con las investigaciones y hay consensos para habilitar la persecución provincial de ese delito. Tanto así, que no solo se piensa ya en una rápida discusión legislativa, sino, además, en cómo empezar a implementarlo lo más rápido posible.
El último de los cambios, que siempre sobrevuela en los discursos y entrevistas que da el gobernador electo, será la relación con los jueces. “Vamos a llegar con un mensaje político contundente para la Justicia”, dicen desde la mesa chica del pullarismo. Letra P ya adelantó que están decididos a renovar la Corte Suprema de Justicia de la provincia y sotto voce, en los pasillos de la Legislatura ya se comenta que los límites de la edad y la interpretación que los propios magistrados hicieron de la Constitución provincial será los argumentos para ofrecerles una salida de cortesía. De mayor a menor el juez Mario Netri tiene 81, Eduardo Spuler 80, Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi tienen 76, Rafael Gutiérrez 74, y Daniel Erbetta cumplió 70 años.
Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación restableció el límite constitucional de 75 años para la función judicial. Son 10 años más de los que otorga la Constitución provincial. Hasta ahora, el máximo tribunal santafesino, con los argumentos del por entonces cortesano Casiano Irribarren, se aferró a la obligación de las provincias de someterse a la letra de la Constitución federal.
Sin embargo, esa interpretación cambió cuando el senador provincial Armando Traferri elevó a la Corte santafesina la discusión sobre sus fueros. En ese fallo, excepto Erbetta, el resto de los integrantes dieron lugar a la protección más amplia que le otorgaba al legislador la Constitución provincial y, con esa decisión, la pusieron por encima de la nacional y redefinieron la postura en favor de la autonomía de las normas constitucionales provinciales. “No tenemos que hacer nada, ya está todo hecho”, dicen operadores judiciales del gobernador electo. El cambio de interpretación de los cortesanos santafesinos, los puso en una encrucijada.
