El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe, y en particular la regional Rosario, transita profundas turbulencias y, tras dos semanas en las cuales las autoridades del organismo rindieron cuentas sobre el caos en la jurisdicción más caliente, se espera que esta semana la comisión de Acuerdos de la Legislatura avance con definiciones. La próxima reunión del comité está convocada para el miércoles y hay altas probabilidades de que los diputados, diputadas y senadores definan investigar al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery, cuyo caso destapó la olla a presión, pero también ya hubo al menos una moción expresa para revisar las decisiones que tomó la fiscal regional María Eugenia Iribarren.
A esas medidas individuales se sumará también la discusión sobre si hay que avanzar o no en reformas a la ley del MPA, para dotar de mayor poder a la fiscalía general, como conductora del organismo. La propuesta quedó suspendida en el aire tras la última audiencia en el parlamento local, en la que escucharon la versión de la fiscal general Maria Cecilia Vranicich y su queja específica sobre las dificultades para intervenir por los alcances de sus atribuciones legales.
El profundo desajuste interno de las fiscalías rosarinas, que ya tuvo una crisis grande en 2020 con las detenciones del por entonces fiscal regional Patricio Serjal y su subordinado Gustavo Ponce Asahad por corrupción, quedó otra vez de cara al sol con las desprolijidades en la utilización de una informante por parte de Edery. Como contó Letra P, ese caso y el presunto "cajoneo" de una causa que fue remitida desde Rafaela y que investigaba el juego clandestino y sus vínculos con sectores de la política, fueron los dos puntos más difíciles de explicar para Irribarren.
Si los y las legisladoras de la comisión que preside la socialista Lionella Cattalini deciden avocarse al caso Edery, deberán designar a un par que tome la conducción de esa investigación. En general no suelen ser integrantes de la comisión bicameral. Sin embargo, esta vez habrá menos opciones porque, por el tiempo que suelen llevar esos procesos, tiene que ser alguien que siga en mandato. Por la información que aportó el auditor Leandro Mai está casi descontado que sobre Edery recaerá una revisión.
Sobre Irribarren las opiniones no son tan parejas. Uno de los que opina que también corresponde una investigación y ya hizo la propuesta de avanzar en ese sentido es el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo. La decisión quedó en stand by. “El problema es que solo con la sanción a Edery no se ordena la Regional. No se resuelve el fondo de la cuestión. Hay que recuperar el liderazgo y el orden”, argumentan quienes comparten esa mirada.
En esa línea es donde cobra fuerza la posibilidad de una reforma a la ley orgánica del MPA para dotar de mayor margen de acción a la fiscalía general. El planteo hoy es que en la práctica y en la ley que regula el MPA tiene mucho más poder quien está a cargo de la fiscalía regional que de la general, que no puede, por ejemplo, intervenir en una regional, avocarse directamente a una causa o investigar un caso en particular. De avanzar con esta modificación, se sumaría un capítulo más a los planes que tiene el gobernador electo Maximiliano Pullaro para reformar la justicia santafesina.
El 20 de septiembre pasado, Vranicich ordenó un proceso de monitoreo por 90 días sobre el funcionamiento de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, del Equipo de trabajo para el abordaje de hechos cometidos con armas de fuego y de la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario. También ordenó a a la Secretaria de Política Criminal y Derechos Humanos de la fiscalía general que preste apoyo institucional y articule el trabajo con la fiscalía regional de Rosario. En la Legislatura dijo, además, que están tratando de acortar los plazos de ese proceso para acelerar el reordenamiento.
