A cinco meses de haber jurado al frente de la Fiscalía Regional Rosario, pero con más de tres años de ejercicio en ese cargo de manera interina, María Eugenia Irribarren quedó en el ojo de la tormenta política y judicial por la actuación de los fiscales a su cargo y el descontrol en la circunscripción que derivó de ese caso. La comisión bicameral de acuerdos resolvió citar a Irribarren la semana próxima para dar explicaciones de sus actuaciones. También será convocada la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich.
El fiscal a partir del cual se desbordó la crisis en la fiscalía regional es Matías Edery, uno de los investigadores de más alto perfil que tiene el MPA rosarino, y con funciones en la Agencia contra el Crimen Organizado y Delitos Complejos. Edery fue acusado por otros dos colegas de proteger presuntos delitos cometidos por una informante, Mariana Ortigala, que es una mujer vinculada con el mundo criminal, y de mantener una relación indebida.
El caso estalló hace diez días, tras una audiencia en la que dos fiscales, Pablo Socca y Miguel Moreno, aprovecharon la audiencia en la que imputaban por el delito de extorsión a Ortigala, su pareja y otras personas vinculadas al líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, para exponer a la informante y las conversiones que mantenía con Edery, sacadas de un teléfono que le secuestraron a la mujer al momento de detenerla. Hablaron de Edery omitía investigar los delitos de la informante y expusieron chats con conversaciones personales.
En medio del torbellino, Irribarren sostuvo que Edery le había comunicado “en sobre cerrado” que Ortigala era su informante y advirtió a Socca y Moreno que no publicaran las conversaciones que surgieron del teléfono que le secuestraron a la informante, porque ponían en riesgo a Ortigala y a los fiscales que interactuaban con ella. Socca y Moreno desoyeron la orden, avanzaron igual, y revelaron capturas de pantalla de esos intercambios.
El apoyo inmediato a Edery y la falta de control de una situación que, desde otros sectores de la Justicia provincial describen como una “estudiantina”, socavó el poder de Irribarren.
La citación a la fiscal regional es derivada de la reunión que la comisión legislativa mantuvo con el auditor general del MPA Leandro Mai en la mañana del miércoles. El funcionario detalló por qué consideraba que Edery cometió faltas graves y hasta posibles delitos dolosos. También dejó asentado que esos hechos superarían la sanción máxima que él puede recomendar, que es de hasta 60 días de suspensión. Para casos más graves, el Régimen Disciplinario del MPA prevé que la investigación pase a manos de la Legislatura.
También podría llegar a ser el futuro de Irribarren si los legisladores considerasen que las medidas que tomó para controlar las investigaciones en marcha y los métodos de las pesquisas fueron insuficientes o a destiempo. En este sentido, hay quienes cuestionan que los fiscales hayan usado la figura del informante, prevista en la ley nacional y regulada en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero que no está reglamentada para uso del Ministerio Público de la Acusación.
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El auditor Leandro Mai mira a cámara, en la reunión bicameral.
“Ella está complicada por la información que manejaba. En su defensa, Edery sostiene que le avisó a Irribarren sobre el registro de informantes. Sin embargo, ella no da cuentas al por entonces fiscal general Jorge Baclini que estaban utilizando esa figura en las investigaciones. Lo que está en juego es su conducta como jefa de fiscales”, detallaron desde la bicameral y consideraron que la investigación puede ramificar en otras, porque del teléfono que le secuestraron, surgió evidencia de que la informante también hablaba con un funcionario de Seguridad del actual gobierno.
A mediados de 2020, Iribarren fue designada de forma interina al frente de la Fiscalía Regional rosarina para reemplazar a Patricio Serjal, detenido e imputado por proteger a una red de juego ilegal en la provincia. Tras algunos meses de gestión, todo parecía indicar que Irribarren había recompuesto ese descrédito. Concursó para el cargo y en abril pasado el gobernador Perotti envió su pliego tras elegirla para seguir al frente de la fiscalía regional más compleja de la provincia, pero ahora como titular. Esta vez, el escándalo institucional le estalló en las manos.
