Hay dos iniciativas del oficialismo, una en el Senado y otra en Diputados. El proyecto de Ciro Seisas unifica el debate y podría ser aprobado esta semana.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, en la Legislatura. Unidos alineado con la iniciativa.
El tema de los cuidacoches se metió en la agenda política de Santa Fe. Unidos se encamina a sancionar una ley que prohíba la actividad y pueda detener a quienes infrinjan el Código de Convivencia. Hay dos proyectos de Unidos, uno en el Senado -que podría ser aprobado este jueves- y otro en Diputados.
La agenda de seguridad volvió a ordenar la agenda de Unidos en la Legislatura provincial. Tras hechos violentos relacionados con esa actividad en la capital y Rosario, el oficialismo unificó criterios. La movida legislativa tiene detrás la presión de los intendentes de Santa Fe y Rosario, quienes vienen reclamando herramientas penales para intervenir cuando existe extorsión o violencia.
En el la cámara alta hay una iniciativa que encolumna al oficialismo y que presentó Ciro Seisas, el senador por el departamento Rosario. Lo mismo ocurrió en Diputados en los últimos días: siete legisladores de Unidos, entre ellos Walter Ghione, Ximena García y José Corral, también ingresaron un proyecto que va casi en la misma línea que el de Seisas.
Según pudo averiguar Letra P, el texto presentado por el rosarino podría ser aprobado en la cámara alta este jueves. Ya hubo charlas entre los diferentes legisladores y una vez que llegue a Diputados se le haría una pequeña modificación, adecuando la iniciativa de acuerdo a lo propuesto por los diputados, y luego volvería al Senado para la sanción final.
El texto propuesto por Seisas busca prohibir en toda la provincia la actividad de cuidacoches. Entre otras disposiciones prevé la realización de tareas comunitarias para quienes infrinjan la ley, sanciones económicas y, en última instancia, la posibilidad de un arresto dictado por la justicia. Si se da bajo extorsión, en eventos masivos o se monta una “organización” la pena podría aumentar.
Más allá de lo punitivo, el proyecto propone el “acceso a programas de formación técnica en oficios, pasantías laborales u otros programas de inserción social o laboral” para quienes estén actuando como cuidacoches. Por otra parte, impulsa la creación de un portal de intermediación laboral para poder conectar a las personas que desarrollan esa actividad con posibles fuentes de trabajo y, paralelamente, impulsa un régimen de incentivo de contratación para pequeñas y medianas empresas.
Una de las primeras ordenanzas que impulsó el intendente santafesino, Juan Pablo Poletti, fue prohibir la actividad de los trapitos. “Se propicia la prohibición de la actividad de ‘cuidacoches’ y/o de ‘lavado de autos’ en toda la ciudad”, decía el mensaje que se aprobó el 6 de mayo de 2024. En términos discursivos fue uno de los caballitos de batalla de la gestión, empujado principalmente por su alfil y secretario de Gobierno y Control, Sebastián Mastropaolo.
En el municipio reconocen que aún falta para que el texto de la ordenanza se cumpla al 100%, pero afirman que la situación mejoró. Sin embargo, el tema volvió a tomar fuerza cuando hace algunas semanas un cuidacoches hirió con un arma de fuego a una persona en una zona céntrica y turística de la capital provincial. El agresor fue detenido y posteriormente imputado.
“Santa Fe dio un paso importante al prohibir la actividad, pero necesitamos que eso sea una base para que los legisladores provinciales encuentren una forma de ayudar a las ciudades con una legislación que permita a la policía actuar y a la Justicia imputar cuando hay delitos”, dijo Poletti luego del hecho. Ximena García, una de las diputadas que presentó el proyecto, es muy cercana al intendente.
En Rosario también es un tema que está en discusión. En los últimos días hubo algunos hechos de violencia generados por cuidacoches que reavivaron la cuestión. Si bien no está prohibido, el intendente Pablo Javkin apoya la iniciativa de su ladero Seisas. “Necesitamos alguna medida que permita que cuando actúa la policía haya una actividad de tipo penal que sirva como represalia legal, porque de lo contrario es sólo una identificación de la persona y sigue”, indicó el mandatario.