Cayó como una bomba la orden de implementar desde el lunes el sistema penal acusatorio. Faltan jueces y organizar todas las estructuras. Empleados en pie de guerra.
El cortesano Ricardo Lorenzetti le toma juramento a la jueza Silvina Andalaf Casiello en 2022 frente a otros miembros de la Cámara Federal en lo Criminal de Rosario.
La decisión del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, conocida este jueves, de que el nuevo Código Procesal Penal Federal entre en vigencia el próximo lunes en el ámbito de la Cámara de Rosario, cayó como una bomba entre jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados judiciales.
La Justicia federal del sur y centro de Santa Fe y norte de Buenos Aires –esa es la jurisdicción de la Cámara de Rosario– era un hervidero de reuniones y llamados telefónicos. A todos tomó por sorpresa la decisión: "No sabíamos nada", contó a Letra P un magistrado de la Cámara.
La decisión intempestiva del ministro de Javier Milei fundamentada "en el clamor social" y los hechos de violencia de estas semanas, implica modificar todos los procedimientos penales, desde que entra una denuncia hasta que se define una condena. Entre los actores judiciales reinaba el estupor y se coincidía en que se trata de una improvisación del gobierno nacional, imposible de poner en práctica en cuatro días.
"Nos acabamos de enterar todos. Hay reuniones con funcionarios del Ministerio de Justicia, y entre nosotros", confesó otro juez. Desde mitad de mañana se sucedieron reuniones de emergencia "para ver cómo hacemos" y para conocer los alcances de la decisión.
En el Ministerio Público Fiscal también había debate de urgencia. El rol de los fiscales es el que mayores cambios y carga de trabajo experimenta con el paso a un sistema acusatorio. Pasan a ser el motor de la persecución penal: a partir de ahora la responsabilidad de investigar (hasta ahora era de los jueces de instrucción) y acusar a los responsables de los delitos se concentra en ellos.
Según fuentes consultadas por Letra P en el ámbito de la Cámara de Apelaciones, para implementar el nuevo sistema "falta nombrar el ciento por ciento de los cargos de jueces creados por ley de fortalecimiento". Esa ley se votó en abril de 2023 a instancias de un fuerte lobby santafesino del que participaron todas las fuerzas políticas e institucionales de Rosario. El Congreso, bajo la denominación de "fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Federal de la Provincia de Santa Fe", creó cargos de fiscales, defensores y jueces con distintas competencias en toda la jurisdicción de la Cámara de Rosario. Esa adecuación de la estructura de la Justicia federal era imprescindible, ya que que era la misma desde los años 70.
Además, falta incorporar el ciento por ciento del personal que hará funcionar la Oficina de Gestión Judicial, explicaron en el tribunal. Ésta última es el corazón administrativo del sistema, porque es la que concentra desde las fechas de las audiencias y las distribuye entre los magistrados que integran los Colegios de Jueces (que tampoco están organizados), hasta las salas donde se realizan.
Los que también alzaron la voz fueron los empleados judiciales. Un comunicado que lleva la firma de Julio Piumato, secretario general a nivel nacional de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, y sus delegados regionales, califica la resolución del ministro Mariano Cúneo Libarona como "improvisada", "temeraria" e "inconsulta".
Pide retroceder en la medida, recuerda que en el ámbito de Salta y Jujuy la implementación llevó más de ocho meses, lo que acá pretende hacerse en cuatro días. El sindicato solicitó reunirse urgente con las autoridades y advirtió que no se quedará de "brazos cruzados".
Reprocha también lo que jueces, fiscales y defensores dicen en voz baja hasta acordar una posición institucional. En ningún lugar la resolución de Cúneo prevé refuerzos presupuestarios, nombramientos, adecuaciones edilicias necesarias ni capacitaciones de personal.