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Binder: “La reforma del Código Procesal Penal no se hizo antes porque los jueces federales tienen un poder extorsivo”

Por Gabriela Pepe.- Intervino en reformas procesales en toda América Latina y es autor de uno de los anteproyectos en los que se basa la ley que impulsa el Gobierno. En diálogo con Letra P, analizó los puntos discutidos de la reforma y el aumento del poder de los fiscales. “Las causas de corrupción actuales se van a regir por el sistema viejo. Y tampoco las que investigan ahora avanzan tanto. Habría que preguntar a los fiscales qué están haciendo”, dijo.
Redacción 03/11/2014 19:50

Cuando en 1991 se discutió en Argentina la reforma del Código Procesal Penal, los proyectos que proponían pasar del viejo sistema –escrito y con características inquisitivas- a uno acusatorio, ya habían perdido una batalla. Había sido en 1986, cuando el Consejo para la Consolidación de la Democracia le propuso al entonces presidente Raúl Alfonsín establecer el proceso oral en el orden nacional.  Ni durante la primavera alfonsinista ni en el menemismo, los prestigiosos juristas que trabajaron en las propuestas modernizadoras de la justicia penal lograron imponer su mirada.

En los albores de los ’90, como respuesta a la puja de quienes impulsaban el paso a un sistema acusatorio, se consagró el Código  Levene (llamado así por su autor, Ricardo Levene, ministro de la Corte Suprema durante las presidencias de María Estela Martínez de Perón y Carlos Menem), que incorporó el juicio oral pero mantuvo el trámite escrito e inquisitivo en la etapa de instrucción. Sin embargo, los anteproyectos más modernos, como el del Alberto Binder –y el del jurista Julio Maier- sirvieron como base para la reforma de los códigos procesales de varias provincias a lo largo de los últimos 20 años, y forman los cimientos del proyecto del Código Procesal Penal que se empezará a discutir en el Congreso.

“Todos los gobiernos intentaron sacar un proyecto así. Pero el foro de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre fue muy conservador, nunca lo aceptó”, dijo Binder, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)  y, entre otras cosas, asesor de reformas de procesales en toda América Latina.

-Una de los pilares del anteproyecto es el aumento del poder de los fiscales en el proceso, ¿cuáles son las ventajas de esa modificación?

-Hoy tenemos un modelo de juez de instrucción que concentra todos los poderes, tanto investiga como juzga. Por ejemplo, si un juez quiere hacer un allanamiento o detener a una persona, se autoriza a sí mismo. En este esquema, el fiscal juega un papel muy menor, casi no intervienen en el proceso. Pero la idea de darles más poder hay que plantearla de manera adecuada. Lo que se está haciendo es dividir las funciones para que no tengamos un solo actor que concentre todo. Con el nuevo modelo, los poderes de investigación los va a tener el fiscal y los de autorización, el juez. Esta división de funciones es clave. Implica dar más poder a los fiscales, pero a su vez construir un esquema, en el cual ninguno de los sujetos es hegemónico.

-¿En términos prácticos, durante la investigación, tiene alguna utilidad?

-Tiene que ver con los métodos de trabajo. Los fiscales pueden trabajar en equipo, tener sistemas más flexibles, dedicarse solamente a un caso. Hoy tenemos  muchos jueces que derivan causas en los empleados. Por ejemplo, en el tema narcotráfico, urge hacer equipos de trabajo entre fiscales provinciales y federales, porque es claro que se están instalando redes. Sin embargo, eso no se puede hacer con los jueces. Los magistrados no pueden hacer equipo con los fiscales provinciales, y tampoco sentarse a trabajar con la policía. Desde el punto de vista de la modernización de las herramientas para enfrentar los fenómenos criminales, es un paso que tendríamos que haber dado hace 20 años.

-Aunque en líneas generales todo el arco político aprueba las bases del nuevo Código, la oposición dice que le va a dar mucho poder a la procuradora, Alejandra Gils Carbó, y tema que eso genere impunidad en las causas de corrupción.

-En la mayoría de las procuraciones provinciales hay una norma que dice que los procuradores generales no pueden dar instrucciones particulares a los fiscales. A nivel federal, lo mismo. El procurador general no le pude decir a un fiscal que archive un caso. Sí le puede indicar que investigue, cuando no lo hace. Después hay cosas que tienen que ver con la reasignación de causas y métodos de trabajo. Si vos tenés un caso como el de Lázaro Báez, complejo, no podés seguir recibiendo otros casos, tenés que dedicarte a ése.

-También hay quienes piden que se dicte una nueva ley de Ministerio Público, ¿es necesario?

-Hay que dictarla pero también hay que decir algo: los fiscales que hoy tienen causas de corrupción sensibles al Gobierno no son amigos de Gils Carbó. Más aún, de todos los fiscales federales, no sé quién es amigo de Gils Carbó, creo que ninguno.

-Pero se van a nombrar nuevos fiscales.

-Para las causas nuevas. Además, el proyecto ya dice claramente que los hechos nuevos se van a regir por el Código nuevo, y los anteriores, por el viejo. Así que las grandes causas de corrupción se van a regir por el sistema viejo. Además, tampoco las causas que tienen ahora avanzan tanto. Yo llamaría a los fiscales para preguntar qué están haciendo, porque las causas están bastante paralizadas. En ese sentido, es falso lo que se dice. La Justicia federal está atravesada por mafias, intereses oscuros, operadores de la SIDE. La realidad es que todos se están posicionando para el nuevo Gobierno; toda esta discusión no tiene nada que ver con este Gobierno. Una de las razones por las cuales esta reforma no se pudo hacer antes es porque la justicia siempre tuvo un poder extorsivo.

-¿Se refiere a los jueces federales?

-Claro. Los 12 jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires se han dedicado a extorsionar a la clase política en los últimos 30 años.

-La incorporación de la oficina judicial, algo que se hizo, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, también genera resistencia en los jueces, ¿para qué sirve?

-En los nuevos códigos todas las decisiones se toman de forma oral. Por lo tanto, la justicia está obligada a funcionar en un sistema en el que se hacen muchas audiencias. Para eso se necesita romper con la estructura de los juzgados y pasar a una oficina que organice esas audiencias. Por ejemplo, justamente hablando sobre Santa Fe, el otro día un fiscal de Rosario me decía que en los últimos seis meses habían hecho dos mil audiencias. Entonces lo de la oficina judicial es un cambio absolutamente necesario.

-Pero también les marca los tiempos de trabajo a los jueces.

-Claro. En la práctica nosotros vimos que, en algunos países, con el nuevo sistema, los niveles de suspensión de audiencias eran muy altos. Nos pusimos a ver qué pasaba y nos dimos cuenta de que en la justicia había una maquinaria incapaz de hacer tantas audiencias. Otro problema, además, es que en la justicia nacional y federal hay muy poca contracción al trabajo. Yo sé que esto molesta a los que trabajan mucho, pero no es un tema de que a algunos se les ocurra trabajar mucho.

-¿Hay puntos del proyecto con los que esté en desacuerdo?

-Diría que es muy positivo. El discurso de presentación que dio la Presidenta tal vez puso énfasis en los aspectos más duros o represivos, que incluso no tienen correlato en el proyecto pero creo que eso fue un poco de política para el debate público.

-Por ejemplo, en cuanto al tema de los extranjeros.

-Lo de los extranjeros no es tan así, son normas que tienen que ver con la política de migraciones y no son tan represivas como se señaló. Otro tema criticable es lo de la conmoción social (como presupuesto para dictar la prisión preventiva). Es una mala idea, tanto la Corte Suprema como la Corte Interamericana han dicho que no van a aplicar ese criterio y creo que ya se está negociando para sacarlo del proyecto.

-¿Por qué cree que se incluyó el tema de los extranjeros?

-Hay muchos extranjeros en la cárcel por delitos menores, como pueden ser los bagalleros, en el norte del país. Eso no es de utilidad para nadie, no es eficiente para el Estado. En tanto esté orientado a eso, o como está en la ley de Migraciones, se puede construir una política más eficiente.

-¿No es necesariamente es xenófobo?

-No, fue presentado de un modo xenóbofo, que es distinto. Pero cuando te pones a leer las normas, son bastante comunes en todos los países del mundo. El tema es que eso suele regularse en las normas migratorias, lo raro es que esté en el Código Procesal. Esto le dio una visibilidad más fuerte. Pero no creo que vaya a implicar un cambio muy profundo.

-¿Cuánto tarda en implementarse un Código Procesal?

-En general estamos tardando entre un año y un año y medio.

-¿Cree que puede incidir de alguna forma en el combate contra la inseguridad?

-Yo pertenezco a la corriente que considera que sí. Los fiscales y los policías ejercen la política de persecución penal, que luego se integra con la de prevención. Hoy esas cosas están totalmente desarticuladas. Los cambios que se proponen permiten modernizar la respuesta ante crímenes que se han vuelto mucho más complejos. Todo eso necesita una articulación que hoy no tenemos. Esa es la razón por la cual todos los países vienen cambiando el sistema en los últimos años.

1 comentario en Binder: “La reforma del Código Procesal Penal no se hizo antes porque los jueces federales tienen un poder extorsivo”

  1. Luis Enrique Responder

    25/01/2015 en 23:20

    Interesante

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Binder: “La reforma del Código Procesal Penal no se hizo antes porque los jueces federales tienen un poder extorsivo”

Por Gabriela Pepe.- Intervino en reformas procesales en toda América Latina y es autor de uno de los anteproyectos en los que se basa la ley que impulsa el Gobierno. En diálogo con Letra P, analizó los puntos discutidos de la reforma y el aumento del poder de los fiscales. “Las causas de corrupción actuales se van a regir por el sistema viejo. Y tampoco las que investigan ahora avanzan tanto. Habría que preguntar a los fiscales qué están haciendo”, dijo.

Cuando en 1991 se discutió en Argentina la reforma del Código Procesal Penal, los proyectos que proponían pasar del viejo sistema –escrito y con características inquisitivas- a uno acusatorio, ya habían perdido una batalla. Había sido en 1986, cuando el Consejo para la Consolidación de la Democracia le propuso al entonces presidente Raúl Alfonsín establecer el proceso oral en el orden nacional.  Ni durante la primavera alfonsinista ni en el menemismo, los prestigiosos juristas que trabajaron en las propuestas modernizadoras de la justicia penal lograron imponer su mirada.

En los albores de los ’90, como respuesta a la puja de quienes impulsaban el paso a un sistema acusatorio, se consagró el Código  Levene (llamado así por su autor, Ricardo Levene, ministro de la Corte Suprema durante las presidencias de María Estela Martínez de Perón y Carlos Menem), que incorporó el juicio oral pero mantuvo el trámite escrito e inquisitivo en la etapa de instrucción. Sin embargo, los anteproyectos más modernos, como el del Alberto Binder –y el del jurista Julio Maier- sirvieron como base para la reforma de los códigos procesales de varias provincias a lo largo de los últimos 20 años, y forman los cimientos del proyecto del Código Procesal Penal que se empezará a discutir en el Congreso.

“Todos los gobiernos intentaron sacar un proyecto así. Pero el foro de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre fue muy conservador, nunca lo aceptó”, dijo Binder, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)  y, entre otras cosas, asesor de reformas de procesales en toda América Latina.

-Una de los pilares del anteproyecto es el aumento del poder de los fiscales en el proceso, ¿cuáles son las ventajas de esa modificación?

-Hoy tenemos un modelo de juez de instrucción que concentra todos los poderes, tanto investiga como juzga. Por ejemplo, si un juez quiere hacer un allanamiento o detener a una persona, se autoriza a sí mismo. En este esquema, el fiscal juega un papel muy menor, casi no intervienen en el proceso. Pero la idea de darles más poder hay que plantearla de manera adecuada. Lo que se está haciendo es dividir las funciones para que no tengamos un solo actor que concentre todo. Con el nuevo modelo, los poderes de investigación los va a tener el fiscal y los de autorización, el juez. Esta división de funciones es clave. Implica dar más poder a los fiscales, pero a su vez construir un esquema, en el cual ninguno de los sujetos es hegemónico.

-¿En términos prácticos, durante la investigación, tiene alguna utilidad?

-Tiene que ver con los métodos de trabajo. Los fiscales pueden trabajar en equipo, tener sistemas más flexibles, dedicarse solamente a un caso. Hoy tenemos  muchos jueces que derivan causas en los empleados. Por ejemplo, en el tema narcotráfico, urge hacer equipos de trabajo entre fiscales provinciales y federales, porque es claro que se están instalando redes. Sin embargo, eso no se puede hacer con los jueces. Los magistrados no pueden hacer equipo con los fiscales provinciales, y tampoco sentarse a trabajar con la policía. Desde el punto de vista de la modernización de las herramientas para enfrentar los fenómenos criminales, es un paso que tendríamos que haber dado hace 20 años.

-Aunque en líneas generales todo el arco político aprueba las bases del nuevo Código, la oposición dice que le va a dar mucho poder a la procuradora, Alejandra Gils Carbó, y tema que eso genere impunidad en las causas de corrupción.

-En la mayoría de las procuraciones provinciales hay una norma que dice que los procuradores generales no pueden dar instrucciones particulares a los fiscales. A nivel federal, lo mismo. El procurador general no le pude decir a un fiscal que archive un caso. Sí le puede indicar que investigue, cuando no lo hace. Después hay cosas que tienen que ver con la reasignación de causas y métodos de trabajo. Si vos tenés un caso como el de Lázaro Báez, complejo, no podés seguir recibiendo otros casos, tenés que dedicarte a ése.

-También hay quienes piden que se dicte una nueva ley de Ministerio Público, ¿es necesario?

-Hay que dictarla pero también hay que decir algo: los fiscales que hoy tienen causas de corrupción sensibles al Gobierno no son amigos de Gils Carbó. Más aún, de todos los fiscales federales, no sé quién es amigo de Gils Carbó, creo que ninguno.

-Pero se van a nombrar nuevos fiscales.

-Para las causas nuevas. Además, el proyecto ya dice claramente que los hechos nuevos se van a regir por el Código nuevo, y los anteriores, por el viejo. Así que las grandes causas de corrupción se van a regir por el sistema viejo. Además, tampoco las causas que tienen ahora avanzan tanto. Yo llamaría a los fiscales para preguntar qué están haciendo, porque las causas están bastante paralizadas. En ese sentido, es falso lo que se dice. La Justicia federal está atravesada por mafias, intereses oscuros, operadores de la SIDE. La realidad es que todos se están posicionando para el nuevo Gobierno; toda esta discusión no tiene nada que ver con este Gobierno. Una de las razones por las cuales esta reforma no se pudo hacer antes es porque la justicia siempre tuvo un poder extorsivo.

-¿Se refiere a los jueces federales?

-Claro. Los 12 jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires se han dedicado a extorsionar a la clase política en los últimos 30 años.

-La incorporación de la oficina judicial, algo que se hizo, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, también genera resistencia en los jueces, ¿para qué sirve?

-En los nuevos códigos todas las decisiones se toman de forma oral. Por lo tanto, la justicia está obligada a funcionar en un sistema en el que se hacen muchas audiencias. Para eso se necesita romper con la estructura de los juzgados y pasar a una oficina que organice esas audiencias. Por ejemplo, justamente hablando sobre Santa Fe, el otro día un fiscal de Rosario me decía que en los últimos seis meses habían hecho dos mil audiencias. Entonces lo de la oficina judicial es un cambio absolutamente necesario.

-Pero también les marca los tiempos de trabajo a los jueces.

-Claro. En la práctica nosotros vimos que, en algunos países, con el nuevo sistema, los niveles de suspensión de audiencias eran muy altos. Nos pusimos a ver qué pasaba y nos dimos cuenta de que en la justicia había una maquinaria incapaz de hacer tantas audiencias. Otro problema, además, es que en la justicia nacional y federal hay muy poca contracción al trabajo. Yo sé que esto molesta a los que trabajan mucho, pero no es un tema de que a algunos se les ocurra trabajar mucho.

-¿Hay puntos del proyecto con los que esté en desacuerdo?

-Diría que es muy positivo. El discurso de presentación que dio la Presidenta tal vez puso énfasis en los aspectos más duros o represivos, que incluso no tienen correlato en el proyecto pero creo que eso fue un poco de política para el debate público.

-Por ejemplo, en cuanto al tema de los extranjeros.

-Lo de los extranjeros no es tan así, son normas que tienen que ver con la política de migraciones y no son tan represivas como se señaló. Otro tema criticable es lo de la conmoción social (como presupuesto para dictar la prisión preventiva). Es una mala idea, tanto la Corte Suprema como la Corte Interamericana han dicho que no van a aplicar ese criterio y creo que ya se está negociando para sacarlo del proyecto.

-¿Por qué cree que se incluyó el tema de los extranjeros?

-Hay muchos extranjeros en la cárcel por delitos menores, como pueden ser los bagalleros, en el norte del país. Eso no es de utilidad para nadie, no es eficiente para el Estado. En tanto esté orientado a eso, o como está en la ley de Migraciones, se puede construir una política más eficiente.

-¿No es necesariamente es xenófobo?

-No, fue presentado de un modo xenóbofo, que es distinto. Pero cuando te pones a leer las normas, son bastante comunes en todos los países del mundo. El tema es que eso suele regularse en las normas migratorias, lo raro es que esté en el Código Procesal. Esto le dio una visibilidad más fuerte. Pero no creo que vaya a implicar un cambio muy profundo.

-¿Cuánto tarda en implementarse un Código Procesal?

-En general estamos tardando entre un año y un año y medio.

-¿Cree que puede incidir de alguna forma en el combate contra la inseguridad?

-Yo pertenezco a la corriente que considera que sí. Los fiscales y los policías ejercen la política de persecución penal, que luego se integra con la de prevención. Hoy esas cosas están totalmente desarticuladas. Los cambios que se proponen permiten modernizar la respuesta ante crímenes que se han vuelto mucho más complejos. Todo eso necesita una articulación que hoy no tenemos. Esa es la razón por la cual todos los países vienen cambiando el sistema en los últimos años.