El Superior Tribunal anuló una sentencia contra el Ministerio de Salud y la oposición estalló contra Weretilneck. Trayectorias y antecedentes en la mira.
El STJ de Río Negro, de izquierda a derecha: Ceci, Criado, Barotto, Piccinini y Apcarián.
La autonomía del Poder Judicial de Río Negro quedó en el eje del debate político tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia que dejó sin efecto multas millonarias al Ministerio de Salud, en el marco de un amparo presentado por una paciente. El fallo reactivó cuestionamientos sobre la relación entre el máximo tribunal y el Ejecutivo de Alberto Weretilneck.
Coincidieron en las críticas el peronismo que en la Legislatura provincial se referencia en el senador Martín Soria, y los integrantes del bloque Cambia Río Negro, que responde a Aníbal Tortoriello, diputado de La Libertad Avanza.
La decisión del STJ dio vuelta la sentencia del juez de Cipolletti Mauro Alejandro Marinucci, que había considerado que existieron demoras prolongadas e injustificadas en la atención a una paciente y resolvió aplicar “astreintes”, es decir, multas coercitivas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. Las sanciones, sumadas a intereses, superaban los 15 millones de pesos y habían sido ratificadas en instancias previas.
No es la primera vez que el Superior Tribunal de Justicia falla a favor del Ejecutivo provincial y eso reactiva las alarmas en la oposición que desde hace rato advierte sobre la independencia de poders en Río Negro. Uno de los hechos más recordados de esa relación sucedió cuando el STJ habilitó a Weretilneck a ir por una re-reelección, pese a que ese movimiento está prohibido por la Constitución de la provincia.
La decisión del tribunal fue luego descartada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente inhabilitó la candidatura del gobernador en 2019.
La causa se originó en marzo de 2022, cuando el hospital de Cipolletti solicitó una prótesis para una paciente. Ante la falta de respuesta, en mayo de ese año se promovió una acción de amparo y se sucedieron distintas intimaciones judiciales para que la cartera sanitaria cumpliera con la entrega del insumo. La prótesis fue finalmente provista en diciembre de 2024, 33 meses después del pedido inicial.
A fines de 2025, la Fiscalía de Estado apeló la decisión ante el STJ. En su planteo sostuvo que no existió mala fe ni un incumplimiento deliberado por parte del ministerio, y que los retrasos obedecieron a cuestiones administrativas y logísticas propias del sistema de compras y provisión de insumos médicos.
El máximo tribunal provincial coincidió con ese argumento. En el fallo, los jueces Sergio Barotto, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci resolvieron anular las multas y los embargos, al entender que no se configuró una conducta dolosa que habilitara la aplicación de astreintes. Liliana Piccinini y Cecilia Criado se abstuvieron.
Además, el STJ advirtió que ejecutar sanciones económicas una vez cumplida la orden judicial “desnaturaliza su finalidad coercitiva” y podría derivar en un enriquecimiento sin causa para quien las reclama, ya que las multas no están pensadas como una “indemnización sino como un mecanismo para forzar el cumplimiento”. El tribunal reconoció que los plazos fueron extensos, pero concluyó que la ausencia de intención deliberada de incumplir exime al Estado de las sanciones económicas, sentando un antecedente relevante para futuras demandas contra organismos públicos en la provincia.
Tras el fallo, el diputado provincial Luciano Delgado Sempé puso en duda la autonomía del Poder Judicial rionegrino y cuestionó la relación del STJ con el Ejecutivo. El legislador del peronista bloque Vamos con Todos sostuvo que no existen antecedentes recientes de fallos relevantes contrarios al gobierno y vinculó esa situación con la falta de respuestas estructurales del Estado en áreas sensibles como salud, educación y servicios públicos.
Delgado Sempé apuntó directamente contra la composición y el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia y relativizó los discursos oficiales que destacan a Río Negro como una provincia con amplio acceso a la Justicia. Según su planteo, iniciar una causa no garantiza obtener una resolución imparcial cuando los litigios involucran al Estado provincial.
También cuestionó el rol de la Fiscalía de Estado, al señalar que sus integrantes son designados sin mecanismos de control externos ni criterios claros de transparencia, y advirtió sobre la imposición de costas judiciales a trabajadores y trabajadoras que demandan a la Provincia, una práctica que, según afirmó, desalienta los reclamos contra el poder público.
El legislador Santiago Ibarrolaza, presidente del Consejo provincial del partido CREO Río Negro, el sello de Tortoriello, señaló que el máximo tribunal de la provincia se ha "convertido en la guardia pretoriana" del gobernador en lugar de "defender los intereses de los ciudadanos de a pie", y dijo que el fallo da "verguenza ajena".
En ese marco, las voces opositoras apuntan a la trayectoria de algunos integrantes del STJ, como Sergio Ceci, quien tuvo un paso previo por el bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura. También ponen la mira en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, donde observan una fuerte influencia al legislador Facundo López, conductor del bloque oficialista y mano derecha del gobernador.
Ahora, mientras la flamante sentencia del STJ dio por cerrado el expediente al considerar que no hubo mala fe ni incumplimiento intencional por parte del ministerio de Salud, el fallo volvió a colocar bajo discusión el equilibrio de poderes en la provincia y la independencia real del Poder Judicial frente al Ejecutivo.