Ratificó capacidad de sostener un veto, aunque sufrió para juntar aliados y depende de Macri. Deberá enfrentar al sector universitario durante toda su gestión.
Miguel Ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, durante el debate de las universidades.
El presidente Javier Milei consiguió una vez más que la Cámara de Diputados blinde un veto suyo, en este caso a la ley de financiamiento de las universidades, y exhibió un músculo político que en el relato libertario sirve como carta de presentación a potenciales inversores, que deberían inundar de dólares el país y ayudarlo a salir del cepo cambiario.
Sin embargo, opositores y aliados ponen paños fríos a la algarabía libertaria y advierten que las universidades no son el mejor rival para un Gobierno y con este veto se convirtieron en un actor político capaz de erosionar al Presidente hasta su último día en la Casa Rosada.
Hace 15 días, durante una reunión en la Casa Rosada, Alejandro Finocchiaro, el diputado amarillo y exministro de Educación, quien en 2018 libró un conflicto salarial que logró cerrar y nunca se filtró por el Congreso, sugirió que lo mejor era evitar esta votación y no escalar un conflicto con las universidades, que llegó para quedarse y continuará con un debate sobre el destino de la educación superior.
“Las universidades no son enemigas para tener. Están en todos lados y llegan a mucha gente. La mayoría tiene prestigio y todas movilizan a sus comunidades”, intentó explicar ese día Finocchiaro. Como sea, este miércoles levantó la mano para acompañar a La Libertad Avanza (LLA). "Me corto las manos antes de votar con el kirchnerismo", se justificó.
En la sesión, el diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto tuvo una expresión similar, en su caso para justificar el rechazo al veto. “Lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje. A tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría”, acusó.
El Presidente logró blindar el segundo veto a una ley impulsada por la oposición -el primero fue a la reforma previsional-, pero esta vez el resultado no es para armar otro asado en Olivos.
Los 85 votos que consiguió requirieron arduas gestiones con aliados fijos como el PRO -con pedidos directos a Mauricio Macri- y con figuras que hasta el momento habían acompañado la agenda de la Casa Rosada, como la dupla sanjuanina que responde al gobernador Marcelo Orrego, que se negó a avalar el veto.
Guillermo Francos agotó las gestiones con los gobernadores. Conocedor de la casta política, abusó de la sana costumbre de los partidos provinciales, que contempla ser aliados de un Gobierno mientras no este próxima su salida. Cada ayuda tiene un precio y al jefe de Gabinete le empezarán a llegar las facturas desde Misiones, Corrientes, Salta, Catamarca, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y Córdoba. Piden desde terminación de obras hasta cargos en organismos públicos. No aceptan que no hay plata.
Además, los 85 votos representan uno menos que el tercio del recinto y por lo tanto sólo fue posible evitar la derrota con ausencias y abstenciones gestionadas por la Casa Rosada hasta minutos antes de la sesión. Los 86 hubieran sido posibles si estaba Oscar Zago, habitual aliado, quien se encontraba de viaje.
El marco de alianzas para blindar vetos que le quedó a Milei pende de un hilo y tal vez no pueda repetirse en temas educativos. No quiso votar a favor uno de los cinco radicales violetas (Pablo Cervi, quien se abstuvo). Los otros cuatro jugaron hasta el final y se convirtieron en aliados fuertes de la Casa Rosada.
La contracara de la victoria es el volumen que puedan tomar las universidades como actores políticos. Las ausencias y abstenciones ya empezaron a pagarse caro: los rectores llamaron a sus representantes para presionar y sus nombres ya figuran en pegatinas en las aulas. Algunos consejos superiores evalúan declarar personas no gratas a quienes votaron a favor del veto.
Es una tensión que continuará en los próximos años por cada peso que reclamen las universidades y hasta podría ser uno de los ejes de la campaña electoral, en cada una de las 24 provincias.
Ese es el vaso medio vacío que le quedó al Gobierno de este debate: la disputa por el destino de la educación superior seguirá en las universidades y en el Congreso. Milei está dispuesto a dar esa pelea, pero sus aliados no están cómodos. Tampoco muchos de sus pares.
La escalada del conflicto no tiene dimensiones. El jueves hay un paro en las casas de altos estudios. Después de la sesión, los diputados Miguel Pichetto y Oscar Carreño, de Encuentro Federal, solicitaron a la Comisión de Presupuesto citar a los rectores para debatir sobre las necesidades de cada establecimiento.
No es un debate sobre equilibrio fiscal, sino sobre la necesidad de sostener a las universidades o permitir que se desfinancien. Esa es la grieta que Milei no pudo evitar. Además, el Presidente deberá explicar el rol estratégico que le asigna a la educación, con la plata que tenga.
Estos debates seguirán y fueron el resultado del tratamiento del proyecto sancionado y vetado, que surgió por el retraso salarial que el gobierno se negó a atender. Hasta agosto, los rectores pisaron el debate legislativo, porque preferían tener el control de las paritarias, pero dieron luz verde cuando se quedaron sin plata. Fue un gesto que el Gobierno no supo ver.
Los llamados desde los rectorados casi cambian la historia. Revirtieron la posición de la dupla sanjuanina y generaron que los docentes que hay en el PRO exigieran un refuerzo en los sueldos mínimos que cobran docentes universitarios como condición para aceptar el veto. El Gobierno aceptó, pero la mejora, celebrada por la diputada del PRO Silvana Giúdice en el recinto, fue rechazada por la comunidad académica, que pide volver a las paritarias dentro de las universidades. No es otra cosa que conservar la autonomía, que el proyecto de presupuesto 2025 pone en duda. En uno de sus artículos se condiciona el giro de fondos a las universidades a una revisión permanente de sus gastos. Será eliminado por la oposición.
El debate sobre el futuro de las universidades llegó para quedarse y es la consecuencia del veto a una ley que sólo proponía indexar los gastos de funcionamiento y los salarios de las universidades de este año con un costó ínfimo. Para 2025, el propio Gobierno asegura que las casas de estudios superiores no perderán contra la inflación. O sea, la extinguida norma no requería un peso extra a partir de enero, a diferencia de lo también eliminada reforma previsional.
La autora de la iniciativa, la radical Danya Tavela, acusó al Gobierno de propagar una campaña de desprestigio a las universidades que no rindió sus frutos en la calle, aunque sí aportó para buscar votos en el recinto.
La batalla dialéctica fue ganada por la comunidad académica: los libertarios Mercedes Llano y José Luis Espert iniciaron sus discursos aclarando que no estaba en riesgo la universidad pública, que el propio Milei durante la campaña puso en duda. Ya nadie habla de los vouchers.
La diputada Silvia Lospennato, del PRO, abrió el paraguas: advirtió que su bloque nunca votaría el arancelamiento educativo. Lo dijo sin que nadie se lo preguntara. Pareció un mensaje al oficialismo, por si busca aliados para esas ideas.
Macri aprovechó este conflicto para condicionar a Milei. El expresidente demoró su pronunciamiento y el lunes, en un documento del Consejo del PRO, confirmó su respaldo con duras críticas a la gestión. Reclamó activar la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar las universidades y completar la AGN, encargada de evaluar los balances. Además, tampoco está creada la bicameral encargada de evaluarlos.
En la oposición difundieron sondeos que muestran que la población no justifica el conflicto docente por el supuesto rechazo a las auditorías que expone el Gobierno. Creen que la campaña de desprestigio no funcionó y tal vez haya fortalecido el pedido de autonomía de las universidades, que es lo que estará en debate desde esta semana y durante todo el gobierno de Milei. Será un mano a mano permanente. Otra batalla cultural.