UnTER presiona por dos millones de pesos de básico. Alberto Weretilneck reivindica los aumentos otorgados y administra la escasez en la era libertaria,
Los docentes organizados de Río Negro durante una protesta reciente en la ruta nacional 22.
La confrontación entre el gobierno de Alberto Weretilneck y la conducción del gremio docente UnTER expone una tensión que se viene repitiendo en distintas provincias argentinas. Al igual que sus pares de la Patagonia, el mandamás de Río Negro padece la caída de recursos y la demanda de los gremios que consideran que los salarios vuelven a perder contra el costo de vida.
El escenario rionegrino tiene, además, un componente particular. La conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) responde a un sector de izquierda dura que desplazó a espacios históricamente más dialoguistas dentro del sindicato. Ese cambio modificó la relación con el Ejecutivo provincial y endureció una dinámica que ya venía desgastada por la inflación, el deterioro del poder adquisitivo y la discusión sobre la falta de financiamiento educativo.
“Sabíamos que tendríamos problemas”, razonó una fuente de la gobernación a Letra P, anticipándose al complejo 2026 que continúa.
La administración provincial sostiene que los salarios docentes vienen acompañando la inflación y que Río Negro se mantiene entre las provincias con mejores haberes del país. Weretilneck aseguró incluso que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 superaron el índice inflacionario y remarcó que la provincia continúa pagando lo que correspondía al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) con fondos propios, tras el retiro de la Nación.
Para UnTER la situación es distinta. El gremio reclama una recomposición salarial, exige que el salario mínimo docente alcance los dos millones de pesos y pide sostener la actualización automática por IPC con un adicional que contemple el costo de vida patagónico. También denuncia problemas de infraestructura escolar, auditorías médicas privadas y falta de convocatoria a nuevas mesas paritarias.
La tensión escaló definitivamente con el paro de 48 horas y las protestas en los puentes carreteros entre Cipolletti y Neuquén, donde hubo intervención de fuerzas federales. UnTER vinculó el operativo al “protocolo antipiquetes” impulsado por el gobierno nacional y acusaron a la gestión provincial de criminalizar la protesta.
El trasfondo económico resulta clave para entender por qué Río Negro no aparece como un caso aislado. Las provincias atraviesan un momento de extrema fragilidad financiera. La caída de transferencias nacionales, la reducción de obra pública y la desaceleración económica obligaron a muchos gobernadores a concentrar recursos en el pago de salarios. En ese contexto, las paritarias estatales se convirtieron en uno de los principales focos de conflicto político.
“El 65 % de los docentes respondió a su jornada laboral. Nosotros siempre vamos a respetar el diálogo cuando se decide, por parte de la conducción de la UnTER, esta medida de fuerza que perjudica a las familias y estudiantes”, dijo la ministra de Educación rionegrina, Patricia Campos.
“Tenemos el cuarto mejor salario nacional docente. Desde el inicio de la gestión creció, mejoró y acompañamos la inflación”, sumó la funcionaria.
En la Patagonia el fenómeno se observa con claridad. Santa Cruz atraviesa medidas de fuerza similares y en Chubut también hubo tensiones con los gremios docentes, mientras el gobernador Ignacio Torres busca cerrar acuerdos salariales. El patrón se repite en distintos distritos. Todas las administraciones intentan sostener aumentos atados a la inflación y sindicatos que consideran insuficiente ese esquema después de años de pérdida salarial acumulada.
El problema para los gobernadores es doble. Por un lado, necesitan mostrar orden fiscal en línea con el clima político nacional impuesto por el gobierno de Javier Milei. Por otro, deben evitar que el deterioro salarial derive en conflictos prolongados en sectores sensibles como salud y educación. La ecuación se vuelve todavía más delicada en provincias donde los salarios estatales representan una parte central del movimiento económico.
En Río Negro, además, el conflicto docente empieza a tener una lectura más amplia. Weretilneck intenta sostener un perfil dialoguista, pero la confrontación con UnTER lo empuja a un escenario de polarización que recuerda otras disputas históricas entre gobiernos provinciales y sindicatos docentes. Del lado gremial, la conducción de izquierda apuesta a consolidar un perfil combativo y nacionalizar la discusión, vinculando el conflicto provincial con el ajuste impulsado desde la Casa Rosada.
La consecuencia inmediata es una paritaria empantanada, pero el trasfondo revela algo más profundo: las provincias empiezan a enfrentar el límite de un modelo donde los aumentos salariales dependen exclusivamente de acompañar la inflación en una economía que todavía no logra estabilizarse. Mientras tanto, los gremios endurecen posiciones y los gobernadores buscan evitar que la conflictividad social termine erosionando sus propios armados políticos.