El Presidente logró torcer a una porción de votos que había avalado el proyecto en junio. No prosperó la insistencia parcial ni el pase a comisión.
Rodrigo De Loredo y Karina Banfi, autoridades del bloque UCR.
Javier Milei celebró este miércoles una victoria en la Cámara de Diputados, donde la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la reforma previsional sancionada hace 15 días. El resultado fue posible con la ayuda de siete miembros de la UCR y de ocho integrantes de partidos provinciales, que en junio habían avalado el proyecto.
El Gobierno consiguió 87 votos, sólo uno por encima de lo necesario para bloquear los dos tercios, en caso de que el recinto estuviera completo. Como hubo nueve ausencias, la oposición hubiera necesitado 166 adhesiones y alcanzó sólo 153. Para rechazar un veto se requieren mayorías especiales de ambas cámaras y con que en una no se alcance ese número, la decisión presidencial queda firme. Fue lo que ocurrió.
El radicalismo tuvo siete conversos respecto al invierno. Los cinco que fueron a la Casa Rosada este martes votaron a favor del veto: Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, José Luis Picat y Facundo Tournier. El chaqueño Gerardo Cipolini y la santacruceña Roxana Reyes ayudaron con su ausencia. Siete de los ocho miembros de Innovación Federal, que también fueron firmantes de la ley vetada, contribuyeron con su abstención. Representan a partidos de Misiones y Río Negro. La salteña Pamela Caletti, coordinadora del bloque, se ausentó. También se abstuvo la exlibertaria Lourdes Arrieta.
La Libertad Avanza afianzó su alianza con el PRO. De todos modos, como anticipó Letra P, el partido amarillo tuvo cuatro díscolos, tres de ellos cercanos a Horacio Rodríguez Larreta: Álvaro González, (votó a favor); junto a Héctor Stefani y Héctor Baldassi, que se ausentaron. La otra silla vacía fue la de la chubutense Ana Clara Romero.
El resto de los aliados colaboraron con el oficialismo sin fisuras: los exlibertarios del MID, la dupla de sanjuaninos que coordina el gobernador Marcelo Orrego, el trío que responde al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo y su coterránea Paula Omodeo. Esas alianzas no alcanzaban para los dos tercios y fue clave la contribución de otras fuerzas.
Con la derogación de la ley regirá el decreto de Milei que prevé actualizaciones mensuales por inflación y el incremento del 12,1% de abril. No habrá otra suba del 8,1%, no se incrementará el mínimo ni se aplicará un aumento anual que tome en cuenta la variación salarial. La asistencia a las cajas previsionales será parte de una negociación bilateral Nación-provincias. Tampoco habrá plazo para pagar las sentencias judiciales contra jubilados.
La paradoja de la sesión fue que el triunfo libertario se dio en una sesión convocada por un sector de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, que si bien no tenían la mayoría especial garantizada, creían poder lograrla metiendo presión con el recinto abierto. Nada de eso pasó: el Presidente logró torcer a su favor a un sector de la oposición y dejó una muestra de poder en el Congreso que hasta ahora no había dado.
Unión por la Patria se mantuvo como la única oposición dura, con sólo un ausente entre sus 99 miembros: la sanjuanina Ana Aubone. La otra silla vacía de la oposición fue la del entrerriano Francisco Morchio (Encuentro Federal), por pedido del gobernador Rogelio Frigerio.
La sesión duró apenas tres horas, por un desprolijo acuerdo que hicieron los jefes de bloque en un cuarto intermedio para no demorar los tiempos. Silvana Giudici (PRO) pidió sin éxito omitir el debate. No estuvo tan lejos: se acordó una lista de oradores para que la sesión no se extendiera todo el día, en medio de un feroz operativo de seguridad en las afueras del Congreso.
No prosperaron las propuestas de la UCR para salvar su interna, que consistían en enviar el proyecto a comisión o aplicar una insistencia parcial. Antes de la votación hubo un intento del radical Martín Tetaz, pero Martín Menem consideró que no estaba dentro del reglamento y nadie salió en su defensa. Para UP era una salida absurda.
"Que se sepa de qué lado está cada uno. Ni uno discute el equilibrio fiscal ni los otros quieren ayudar en algo concreto", protestó la falta de acuerdo Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical. Le respondió Cristian Ritondo, jefe del PRO: "Hay que hacerse cargo de lo que votaron y con quién arreglaron", respondió el diputado.
Los discursos se centraron en los conversos, actores claves para el desenlace de la sesión. La primera voz díscola fue la mendocina Arrieta, exlibertaria, que no votó con sus antiguos compañeros y los vio festejar.
Agustín Domingo, de Innovación Federal, justificó la abstención de su bancada. “Entendemos las implicancias que tendría para el Gobierno votar en contra de la decisión político y lo último que necesita nuestro país es votar en contra”, anunció.
Miguel Pichetto, de EF, advirtió al gobierno que la justicia no le dejará pasar la falta de una fórmula de movilidad aplicada por ley, que contemple en su índice la evolución salarial. Hay jurisprudencia que así lo exige.
Por la UCR justificó su cambio de posición la santacruceña Roxana Reyes. “Van a tener que ir a terapia: ganó Javier Milei y es el que define el plan económico”, sostuvo. El catamarqueño Francisco Monti, que negoció su voto hasta el final, optó por votar la insistencia de la ley. De Loredo la sacó barata: tuvo 26 votos positivos en su bloque, cuando el conteo del lunes daba 20.
Entre los radicales se turnaron para atacar a sus verdugos. “Roma no paga traidores y tampoco los vota”, advirtió Danya Tavela, cercana a Martín Lousteau. “No voy a ser responsable de poner de rodillas a los jubilados. ¡Que devuelvan sus bancas!”, exigió Pablo Juliano, cercano a Facundo Manes.
Campero, promotor del grupo de radicales conversos, recién habló cuando el peronista Tomás Ledesma le recordó su discurso de junio a favor de la ley. “Este veto lo que hacía era generar que el Gobierno emita o siga endeudándose. Yo llegué a esta banca de la mano de Patricia Bullrich y Luis Petri. En este recinto hay que dejar gobernar y no meter palos en la rueda”, gritó, entre silbidos de UP, aplausos de los libertarios e indiferencia de sus correligionarios, a excepción de Monti. Todo un cambio de época.
Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, dejó un mensaje implícito cuando habló de quienes fueron electos por el peronismo y votarían en contra de los jubilados. “El diablo disfrazado de 'Las fuerzas del cielo' metió la cola”. Se refería a los representantes de Misiones que integran IF y a los peronistas tucumanos que dejaron su bloque en enero.
El oficialismo cerró con su jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. "El superávit fiscal no lo vamos a negociar y la libertad de los argentinos tampoco. ¡Viva la Libertad, Carajo!", cerró.
La ahora extinguida reforma previsional fue sancionada el 22 de agosto en el Senado, luego haberse aprobado el 4 de junio en Diputados, luego de un trimestre de debates en comisiones.
El primer impulso lo dio la Coalición Cívica, luego de caída la ley ómnibus en febrero, con un proyecto que pedía recuperar la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados tuvieron con la inflación de enero.
La UCR se sumó al juego y tras emplazar a las comisiones en el recinto empezaron a tratarse alternativas. Unión por la Patria se sumó desde atrás para no bloquear los acuerdos y en la sesión del 4 de junio aceptó negociar un texto de medianoche, que alcanzó los dos tercios. Sólo LLA y el PRO no votaron.
El consenso fue un aumento del 8,1% las jubilaciones retroactivo a abril, un mínimo 9% por encima de la canasta básica, un aumento anual que tome el 50% de la variación real de los salarios y la garantía de asistir a la cajas provinciales, mediante asignación específica de impuestos. Todo quedó en el olvido.
La ley vetada también ratificaba la indexación mensual por inflación que rige desde este mes por decreto.
En el Senado, el Gobierno intentó que sólo quede este último tema y el incremento del 8,1% sin retroactividad, pero no tuvo consenso. Se borraron también los artículos que obligaban a cancelar las deudas con las cajas previsionales de las provincias (mediante a asignación específica de impuestos) y a cumplir con las sentencias judiciales a favor de los jubilados, en los próximos seis meses. En la UCR le sugirieron ial Presidente un veto parcial para desmenuzar la ley, pero Milei fue por el total. Mal no le fue.