La oposición prepara una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para que determine si el intendente puede competir por un tercer mandato.
Tierra del Fuego: se adelantan los tiempos electorales y Tolhuin discute la candidatura de Harrington
A menos de un año de las elecciones, el calendario electoral empieza a meterse de lleno en la política de Tierra del Fuego. Esta vez, el movimiento está en Tolhuin, donde la oposición ya prepara una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para intentar despejar si Daniel Harrington puede competir por un tercer mandato consecutivo al frente del municipio.
El planteo será impulsado por un sector de la oposición encabezado por la legisladora provincial Gisela Dos Santos, de Sumemos Tolhuin, y tiene como principal promotor al dirigente Sixto Benítez. El objetivo es obtener una declaración de certeza que determine cuál es el régimen aplicable al intendente y, en consecuencia, si está habilitado o no para volver a presentarse.
Harrington fue elegido intendente por primera vez en 2019 y logró su reelección en 2023. Si la Justicia considera que el actual período constituye su segundo mandato municipal, una nueva candidatura quedaría alcanzada por el límite constitucional. Si, en cambio, se interpreta que el proceso de municipalización de Tolhuin abrió un nuevo cómputo de mandatos, el escenario podría ser diferente.
El punto de partida es la Ley Provincial 892, sancionada en 2012, que transformó a Tolhuin de comuna en municipio. La norma estableció que la nueva Municipalidad quedaría sujeta al régimen municipal previsto por la Constitución provincial.
Tolhuin, además, no tiene Carta Orgánica propia. Por esa razón, mientras no dicte una, se encuentra sometido al régimen establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades. El propio Concejo Deliberante reconoce que la ciudad continúa rigiéndose por ese esquema.
El artículo 180 de la Constitución fueguina establece que el intendente es elegido directamente por el pueblo, tiene un mandato de cuatro años y puede ser reelecto por un período consecutivo, después del cual no puede volver a serlo sino con el intervalo de un período legal.
Esa es la interpretación que sostiene la oposición que prepara la presentación. Para ese sector, Harrington ya transitó un primer mandato municipal entre 2019 y 2023 y actualmente cumple su segundo período, por lo que no podría aspirar a un tercero consecutivo.
Pero el antecedente que mantiene abierta la discusión es el de Claudio Queno, el jefe comunal al que Harrington le ganó las elecciones en 2019.
Cuando Tolhuin fue convertido en municipio, Queno se encontraba al frente de la comuna y transitaba un segundo mandato. La Ley 892 dispuso que las autoridades comunales que estaban en funciones continuaran hasta finalizar sus mandatos, lo que generó una discusión acerca de cómo debía computarse ese período en el nuevo régimen municipal. La propia sanción de la ley fue cuestionada en su momento por sus posibles tensiones con el artículo 180 de la Constitución.
La interpretación judicial que terminó prevaleciendo permitió que Queno asumiera un nuevo mandato como intendente y luego buscara la reelección, que perdió. Esa lectura es la que hoy aparece como antecedente para quienes consideran que Harrington podría tener una nueva oportunidad electoral.
La oposición sostiene, en cambio, que aquella situación no habilita automáticamente un tercer mandato para el actual intendente y que es necesario determinar cómo se computan sus períodos bajo el régimen vigente.
Por eso, el objetivo de la presentación no es todavía impugnar una candidatura, que ni siquiera fue anunciada, sino forzar una definición judicial antes de que el debate electoral entre de lleno en escena.
El intendente viene evitando adelantar una definición sobre 2027. Su argumento es que todavía es temprano y que su prioridad está puesta en la gestión municipal. La ofensiva judicial, sin embargo, ya generó una respuesta política. En una entrevista con FM La Voz de Tolhuin, Harrington sostuvo que la oposición está en todo su derecho de recurrir a la Justicia, pero relativizó el impacto que pueda tener la presentación sobre su espacio.
“No les voy a alegrar la mañana a los que creen que con una presentación van a limitar nuestro crecimiento como espacio. Nosotros tenemos claro hacia dónde vamos”, afirmó.
La frase es significativa porque no confirma una candidatura, pero tampoco cierra la puerta. En el municipio, de hecho, la posibilidad de una nueva postulación es un tema que comenzó a circular internamente y que distintos sectores buscan instalar en la opinión pública.
La lectura que hacen cerca del intendente es que la discusión jurídica puede terminar funcionando como una primera batalla electoral. En ese esquema, quienes impulsan la consulta ante el STJ tendrían un interés concreto en despejar cuanto antes la posibilidad de una candidatura de Harrington. Si el intendente queda habilitado, el tablero opositor de Tolhuin se vuelve considerablemente más complejo.
En el entorno municipal no atribuyen la movida al gobernador Gustavo Melella, con quien Sumemos Tolhuin tiene una sociedad política. La mirada apunta principalmente hacia Benítez, dirigente a quien señalan como posible candidato a disputar la intendencia y que, según la lectura que circula en Tolhuin, tendría mayores posibilidades si Harrington queda fuera de la carrera.
La discusión sobre la eventual candidatura de Harrington se produce, además, en un momento particular para Tolhuin porque la vida política de la ciudad tiene puesta buena parte de sus expectativas institucionales en la eventual reforma de la Constitución provincial que la Justicia le frenó a Melella.
Harrington se manifestó públicamente a favor del proceso impulsado por el gobernador. En declaraciones radiales, sostuvo que una Constitución actualizada permitiría a los tolhuinenses tener mayor participación y darle “rango institucional” a las posibilidades de crecimiento de la ciudad.
Su posición estaba vinculada, entre otras cuestiones, con la particular situación institucional de Tolhuin, que no cuenta con Carta Orgánica y continúa bajo el régimen de la Ley 236, además de estar sometida al control del Tribunal de Cuentas provincial. Para Harrington, la reforma podía ser una oportunidad para actualizar ese esquema y ampliar las herramientas institucionales de la tercera ciudad fueguina.
Pero ese proceso quedó empantanado. El gobernador Melella había convocado a elecciones de convencionales para el 9 de agosto, pero la Legislatura derogó la ley que había declarado la necesidad de la reforma. En paralelo, la Justicia Electoral declaró la nulidad del decreto de convocatoria al considerar que no se había cumplido la condición de firmeza judicial que había establecido previamente el Superior Tribunal de Justicia.
De esta manera, la reforma que Harrington veía como una oportunidad para discutir el futuro institucional de Tolhuin hoy está suspendida por una doble disputa: judicial y legislativa.
