La terminal fueguina tiene problemas graves de infraestructura. Una auditoría nacional expuso también un faltante de $1400 millones en los estados contables.
Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.
El puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, con fallas estructurales
La administración del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, sigue acumulando conflictos después de que una auditoría técnica del Gobierno nacional detectó fallas estructurales que amenazan la operatividad de la terminal, descubrió un faltante de $1400 millones y denunció la transferencia a la provincia de fondos exclusivos para el financiamiento de obras portuarias.
El gobierno provincial de Gustavo Melella aún no respondió el ultimátum administrativo que envió la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en diciembre y tampoco evidencia avances en las obras necesarias para corregir las deficiencias estructurales señaladas por la auditoría del organismo nacional.
El segundo apercibimiento de la Nación remarcó que la ANPYN es la “única Autoridad Portuaria Nacional y detenta la competencia para fiscalizar y controlar el cumplimiento de la Política Portuaria Nacional”, una advertencia directa sobre la posibilidad de avanzar con medidas más severas.
Tanto Melella como el titular de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, relativizaron públicamente los problemas de la terminal austral. Sin embargo, hasta el momento no presentaron el plan de regularización portuaria integral que exige formalmente la ANPYN.
El gobernador mantiene el respaldo político a Murcia. No obstante, fuentes al tanto de las gestiones señalaron que “la solución política negociada incluye un cambio de interlocutores”, una estrategia que le permitiría a Melella ganar tiempo mientras intenta avanzar en un plan estratégico que otorgue previsibilidad a la operatoria del puerto.
Fuentes de la administración nacional admiten que la intervención del puerto de Ushuaia “es una herramienta legal vigente”, aunque aclaran que antes de avanzar en esa dirección se debe agotar la vía política. La crisis de gestión y financiera del puerto aparece, además, en sintonía con los problemas más amplios de la administración provincial, que recientemente se vio obligada a reemplazar a su gabinete económico.
Ese cuadro se completa con la crisis del empleo que generó la apertura importadora en dos bastiones históricos de la industria fueguina: el sector textil, prácticamente en extinción en la isla, y la producción de celulares y equipos electrónicos, actualmente en franco retroceso.
En paralelo, la administración provincial gestiona ante la Prefectura Naval Argentina la renovación del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP, por sus siglas en inglés), otro de los puntos críticos que quedó relegado por las urgencias y que genera complicaciones para las embarcaciones que ya tenían recaladas previstas en el muelle de Ushuaia.
El 5 de enero, el crucero World Voyager protagonizó un incidente que encendió nuevas alarmas. En medio de ráfagas de viento superiores a los 30 nudos, la nave cortó un cabo de amarre y chocó primero contra el muelle y luego contra otra embarcación de porte similar, en una maniobra que pudo haber tenido consecuencias graves, incluso para los turistas que visitan la isla en plena temporada alta.
La crisis se inició en septiembre de 2025 y todavía no encuentra un techo. El punto de partida fue una denuncia del sindicato Unión de Personal Superior Ferroviario, tras la sanción de la Ley Provincial N° 1596, mediante la cual el gobierno de Melella buscó disponer de fondos específicos del puerto para destinarlos al financiamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
El informe técnico nacional fue categórico respecto de las condiciones en las que se sostiene la operatoria portuaria. Entre otros puntos, destacó que la inversión real en infraestructura apenas superó el 1% del presupuesto previsto por la propia gestión provincial.
La auditoría también detectó roturas en las defensas de los muelles, elementos esenciales para el atraque seguro de los buques, que hoy no cumplen con su función. Desde la DPP coincidieron en que la vida útil de esas defensas está vencida y explicaron que se intentó avanzar en una nueva compra, pero que los controles presupuestarios frenaron la operación.
Según la planificación oficial, el plazo estimado para la adquisición definitiva de nuevas defensas es de cuatro años, mientras se recurre a la colocación de elementos de repuesto como solución transitoria.
En cuanto al deterioro del pavimento en los accesos a distintos sectores del puerto, la dirección que encabeza Murcia informó que las obras de reparación recién están previstas para ser licitadas en 2026.
El puerto de Ushuaia es un centro logístico clave para la industria y el turismo fueguino y cumple un rol estratégico por su ubicación respecto de la Antártida y las Islas Malvinas. La terminal fue transferida por el Estado nacional a la provincia en 1992, de manera gratuita, para su administración y explotación.