El proyecto se presentó en septiembre y todavía no tiene estado parlamentario. Los señalamiento de la oposición y las opciones del gobernador.
El gobenador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
A menos de un mes para que finalice el año, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, todavía no sabe si contará con un Presupuesto aprobado en 2026. La Legislatura fueguina aún no sesionó para formalizar el ingreso del proyecto y darle estado parlamentario, pese a que fue presentado a comienzos de septiembre.
El motivo central, según pudo saber Letra P, es que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento. En términos concretos, Melella no tiene los 10 votos requeridos, por lo que depende inevitablemente de la oposición para que la ley de leyes pueda ser considerada.
Sin embargo, lejos de aparecer como un bloque que frena la discusión, la oposición insiste en que no tiene reparos en habilitar la sesión. Y va más allá al considerar que es el propio Melella quien no quiere que el presupuesto se apruebe. Según plantean varios referentes opositores, el Gobernador estaría forzando la situación para que el proyecto caiga y poder responsabilizar a sus adversarios provinciales, pero también porque sin presupuesto aprobado tendría mayor libertad para ejecutar gastos y manejar partidas sin las restricciones que impone una nueva ley anual.
A este componente político se suma un dato institucional: el Presupuesto no ingresó al recinto porque la Legislatura no sesionó durante el período clave en que el parlamento quedó paralizado por las elecciones legislativas que terminaron con una derrota del oficialismo frente a La Libertad Avanza.
Tras los comicios, oficialismo y oposición no lograron acordar una fecha de sesión. El tema no es menor ya que sería la primera vez en la historia que la provincia más austral de la Patagonia encararía un año de gestión sin una Ley de Presupuesto aprobada por la Legislatura.
El debate en comisión del Presupuesto 2026 debía comenzar el mes pasado con la exposición del ministro de Economía, Francisco Devita, pero el encuentro tuvo que ser postergado por falta de quórum. Según pudo saber este medio, hubo un desencuentro de los legisladores y funcionarios que fueron citados en distinto horario.
Según estaba previsto, eran siete jornadas de exposición de funcionarios del Ejecutivo, representantes del Poder Judicial y de entes descentralizados. Sin embargo, tras la suspensión de la primera jornada de debate, se dejó sin efecto el cronograma establecido.
Luego de ese tropezón, la Legislatura convocó a sesión para el 19 de noviembre, que finalmente se cayó bajo argumentos poco claros. Oficialmente, se responsabilizó a la Asociación del Personal Legislativo (APEL) de impulsar una protesta, pero desde el gremio salieron a desmentirlo.
Con todo, la presidencia del parlamento fueguino aún no convocó a una nueva sesión, aunque se estima que debería concretarse en los próximos días, antes del cierre de año para la jura de Luciano Selzer, docente e investigador de la UNTDF, que asumirá como legislador provincial en reemplazo de Agustín Coto, que en octubre fue electo senador por Tierra del Fuego.
El mapa legislativo explica buena parte del conflicto. El gobernador tiene asegurados los votos de los tres legisladores de FORJA (Federico Sciurano, Federico Greve y Myriam Martínez) los tres del bloque del PJ (Juan Carlos Pino, Victoria Vuoto y Tomás García) y el acompañamiento de la representante de Sumemos Tolhuin, Gisela Dos Santos. También podría contar con el apoyo eventual del Partido Verde, que integra un monobloque conducido por la legisladora Laura Colazo.
Sin embargo, no dispone de los respaldos de los dos legisladores de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía y Luciano Selzer, ni de los dos de Somos Fueguinos, Raúl Von Ther Tusen y Jorge Lechman. Tampoco cuenta con el legislador Matías Lapadula de Provincia Grande, el espacio del intendente de Río Grande, Martín Pérez, ni con los dos representantes del Mopof, Damián Löffler y Pablo Villegas, partido que hoy actúa aliado al jefe comunal riograndense.
Con este sector opositor que reúne la llave para alcanzar los dos tercios el Ejecutivo suele negociar de manera puntual cuando necesita aprobar normas que requieren mayorías agravadas. Pero esta vez, con el mapa electoral reconfigurado, esa negociación no se produjo.
A la complejidad política se suma un problema con el calendario, ya que el período de sesiones ordinarias concluye el 15 de diciembre. Según el reglamento interno y lo previsto en el artículo 97 de la Constitución Provincial, el parlamento puede ser convocado a sesiones extraordinarias, ya sea por el Poder Ejecutivo o por la Comisión Legislativa de Receso. En ese esquema, la Legislatura solo podrá tratar los asuntos que motivaron la convocatoria, entre ellos, eventualmente, el Presupuesto 2026.
Ante la indefinición por la votación del Presupuesto 2026, desde la oposición ya se paran de manos. Si efectivamente es reconducido, Somos Fueguinos solicitará que se tenga una herramienta para controlar la ejecución presupuestaria.
El Ejecutivo proyectaba para el próximo año gastos por $2,28 billones y un déficit financiero de $49 mil millones, en un contexto que definen como de “recuperación moderada” tras el ajuste nacional.
El servicio de deuda previsto para el año próximo asciende a $55.853 millones, entre amortización e intereses.
La Ley de Leyes del gobernador buscaba priorizar áreas sociales y el funcionamiento del Estado, a contramano del Ejecutivo nacional. El 59% del gasto de Tierra del Fuego se destinaría a Servicios Sociales, con prioridad en educación, salud y seguridad social. Otro 29% irá a la Administración Gubernamental, mientras que el resto cubrirá servicios económicos, seguridad y deuda pública.