El rechazo a su pedido de sobreseimiento en la causa que lo investiga por irregularidades en un plan nacional de viviendas lo deja al borde del juicio oral.
Aníbal Tortoriello, figura estelar de la política en Río Negro, con problemas en la megacausa Techo Digno.
La Justicia de Río Negro desestimó los planteos de las defensas y ratificó la continuidad del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas financiadas con fondos nacionales en Cipolletti, que deja bajo la lupa a Aníbal Tortoriello y lo complica en sus aspiraciones de pelerar por la gobernación en 2027.
La jueza Alejandra Berenguer resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento por prescripción en la causa Techo Digno, expediente que analiza posibles maniobras de administración fraudulenta y peculado vinculadas a la ejecución de obras habitacionales durante las gestiones municipales de Abel Baratti y Tortoriello en la ciudad del Alto Valle.
El fallo también desestimó un planteo de nulidad de la acusación y un pedido de cambio de calificación legal, promovido por las defensas. De esta manera, la investigación seguirá su curso hacia el juicio. La noticia complementa lo sucedido hace unos días en San Carlos de Bariloche, donde otro exintendente, Gustavo Gennuso, fue sobreseído y marcó un precedente para todos los mandatarios que ocuparon cargos en gestiones pasadas.
En círculo de Tortoriello plantearon que la causa tendría tintes políticos y es parte de un condicionamiento para que el empresario de transporte compita en 2027 por la provincia, en lo que centraría la batalla electoral desde Cipolletti contra el actual gobernador Alberto Weretilneck.
En Río Negro, rige la Ley de Ficha Limpia, el obstáculo para quienes intenten postularse a cargos públicos o partidarios con condenas firmes por delitos dolosos. Esto genera suspicacias y enciende alarmas en todo el arco político, que observa atento el desarrollo del proceso en los tribunales de la Cuarta Circunscripción Judicial.
La jueza Berenguer fundamentó su resolución en que la acción penal no se encuentra extinguida, debido a que Tortoriello aún ocupa un cargo público, lo cual suspende el plazo de prescripción según lo establece el artículo 67 del Código Penal. En su descargo, la magistrada citó la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que respalda este criterio en causas de similares características.
La jueza sostuvo que los hechos, aunque diferenciados, “forman parte de un mismo marco normativo y contractual”, en referencia al acuerdo ACU 813/2015, firmado entre el municipio de Cipolletti y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el marco del programa nacional Techo Digno.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, atribuyó a Baratti y Tortoriello los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado. A otros cuatro imputados (Lucila Chiocconi, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Zoppi) se los señaló como partícipes necesarios del primero de esos delitos.
Aníbal Tortoriello, en la audiencia vía zoom en la que se lo acusó por la causa Techo Digno.
Las defensas, encabezadas por los abogados Rafael Cuchinelli (por Baratti) y Gustavo Palmieri (por Tortoriello), demandaron el sobreseimiento por prescripción, alegando que habían pasado más de seis años desde que sus representados dejaron la función pública y que los fondos “nunca salieron del ámbito municipal”.
Palmieri agregó que, tras la rescisión de los contratos con las constructoras en 2016, Tortoriello “no tuvo injerencia alguna” en la administración del programa, ya bajo la órbita del IPPV, el instituto que pertenece a la administración rionegrina.
Sin embargo, la jueza rechazó los argumentos y ratificó que la continuidad de Tortoriello en cargos públicos impide aplicar la prescripción. También desestimó reclasificar los hechos como “malversación de caudales públicos”, tal como pretendía la defensa de Baratti, al considerar que no existen elementos para hacerlo en esta etapa procesal.
Con esta resolución, la causa permanecerá en etapa intermedia y avanzará hacia el juicio oral y público, donde se evaluará la prueba reunida por la fiscalía. Todos los imputados carecen de antecedentes penales registrables.
La decisión no quedó firme y podrá ser revisada por instancias superiores del fuero penal, algo que genera suspicacias entre los involucrados.
Fuentes judiciales consultadas por Letra P dan por hecho que, si finalmente se atraviesan apelaciones, el juicio llegaría en 2026.