El diputado que acompaña a Javier Milei tuvo su audiencia de control de acusación en la causa Techo Digno. El tema preocupa a toda la política rionegrina.
Río Negro: Aníbal Tortoriello, el otro candidato libertario con problemas en la Justicia.
La causa Techo Digno toma un nivel relevante en la agenda y repercute en la campaña electoral de Río Negro. Este jueves, vía zoom, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello, escuchó de la fiscalía su nombre en la causa que lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta.
El inicio del proceso retumba en todos los ambientes de la política rionegrina. Tortoriello fue intendente de Cipolletti entre 2015 y 2019 y presidente del PRO en el distrito. Desde allí se ganó un lugar en el Congreso y pretende continuar por un período más bajo el paraguas protector del presidente Javier Milei.
La movida judicial toma mayor relevancia por el turbulento tiempo que atraviesa el sello libertario, con las denuncias contra José Luis Espert ocupando el centro de la agenda nacional y con ramificaciones que también salpican a la candidata al Senado Lorena Villaverde. La imputación a Tortoriello oscurece aún más el horizonte para la oferta de la Casa Rosada en el sur del país.
En la previa a la audiencia, en los mentideros de la política se recordaba los inconvenientes que esto podrían generar en el futuro de Tortoriello. Desde finales del 2024, Río Negro avaló una Ley de Ficha Limpia que condiciona la actividad política a quienes tienen una experiencia negativa en los juzgados.
La normativa sirve de retén para las figuras que intenten postularse a cargos públicos o partidarios con condenas firmes por delitos dolosos. Esto genera suspicacias y enciende alarmas en todo el arco político, que observa atento el desarrollo del proceso en los tribunales de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Según la Fiscalía, el antecesor en la intendencia Abel Baratti (Frente para la Victoria) y Tortoriello habrían desembolsados montos de pago a las empresas constructoras “por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaran”. Este planteo se hizo a finales de abril de 2023, unos días después de la elección provincial que el empresario de transporte participó como candidato de Cambia Río Negro.
Desde entonces, la actividad en los despachos judiciales se intensificó. Con las empresas vinculadas en esta causa, como Roque Mocciola SA, una de los más influyentes constructores en Río Negro y Neuquén, aparecen involucradas otras firmas como Zoppi Hnos., ECA S.A. y Zigma S.A..
En la audiencia de las últimas horas, de la que Tortoriello participó -como el resto de los acusados- vía zoom, la Fiscalía avanzó sobre una acusación que lo alcanza al empresario de transporte y al kirchnerista Baratti, hoy alejado de la actividad política e instalado en la localidad neuquina de San Martín de los Andes.
La encargada de dar a conocer el supuesto delito fue la fiscal adjunta Natalia Poblete, que repasó caso por caso y dio a entender que el Ministerio Público tiene las pruebas para llevar a juicio a todos los acusados. Las defensas, pidieron el sobreseimiento de los mismos.
La Fiscalía imputó a quienes ejercieron la Intendencia, Baratti y Tortoriello, por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con peculado", en carácter de autores. También se atribuyó a una funcionaria contable de la comuna y a quienes encabezaban las firmas contratistas como "participación necesaria en administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Los números presentados, tuvieron contundencia. En el segundo semestre de 2015, el municipio del Alto Valle -siempre según la representación judicial- giró pagos de anticipo financiero y certificados de obra por $77.395.651,18 cuando el monto correcto "apenas superaba los 60 millones". Para la querella, se "realizó un sobrepago de $16.551.411,02”.
Tortoriello recibió $22.847.489,87 (11,26% del convenio) y "continuó con pagos por anticipo financiero que debían alcanzar los $41.768.978,06. En cambio se "abonó $63.673.939,48, generándose un sobrepago de $21.904.961,42".
Toda la dirigencia rionegrina, seguía atenta la audiencia. Lo hacía a la par de la sesión en la Legislatura de Río Negro, caja de resonancia del clima electoral. En el recinto hay varios exintendentes involucrados que aguardan la resolución de sus casos.
Como ya lo explicó Letra P, los legisladores Daniel Belloso (exintendente de Choele Choel) o Luis Ivancich (exintendente de General Enrique Godoy), son algunos de los imputados en la mega causa Techo Digno. Los más complicados son los barilochenses Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini, con posible fecha de juicio para marzo de 2026.
La suerte de Tortoriello en la Justicia, es aún incierta. Pero su caso toma relevancia ante la endeble situación de Espert y Villaverde, se vio envuelta en el escándalo. Si a eso se le suma la Ley de Ficha Limpia provincial, su destino en la vida pública corre verdadero riesgo.