Para la Justicia los fondos nunca salieron de la esfera municipal. El exintendente, enfrentado con Weretilneck, aún es autoridad de Juntos Somos Río Negro.
Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche, la ciudad más poblada de Río Negro.
El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso fue sobreseído este miércoles en la megacausa provincial Techo Digno. La fiscalía de Río Negro lo acusaba del delito de peculado, por establecer plazos fijos en cuentas bancarias del municipio con dinero proveniente de las arcas nacionales para construir viviendas. Para los jueces, no se acreditó la sustracción de dinero público.
De esta manera, el hombre que estuvo al frente de la principal ciudad turística de la Patagonia entre 2015 y 2023, y que aún es secretario del partido Juntos Somos Río Negro, se anotó una victoria más que importante para sus aspiraciones futuras, en un proceso judicial que él mismo había calificado como "una causa política".
Ahora, absuelto de todo, piensa en cómo rearmar su carrera política entre la enemistad con el gobernador, Alberto Weretilneck, y el envión y confianza que le proporciona la reciente victoria judicial. Ante la consulta de Letra P sobre su próximo movimiento político, el exintendente se limitó a responder: "¡Qué se yo!".
Los magistrados Gregor Joos, Bernardo Campana y Martín Arroyo consideraron que el exintendente no incurrió en el delito de peculado. Por el contrario, siguiendo un razonamiento lógico basado en la economía del país, sostuvieron que Gennuso obró de buena manera para conservar los fondos nacionales destinados a la construcción de más de 800 viviendas, casas que fueron entregadas años después tras un convenio entre Río Negro y el gobierno nacional.
La acusación del fiscal jefe, Martín Lozada, se había encuadrado en dos transferencias por un total de 105 millones de pesos desde una cuenta en el Banco Nación hacia otra del Banco Credicoop, ambas pertenecientes a la Municipalidad de Bariloche. Esa maniobra tuvo lugar en 2016, a poco de que el entonces jefe comunal accediera al cargo.
El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, exponiendo sus argumentos ante los jueces de Río Negro.
A través de un zoom, el juez Arroyo explicó que la resolución que libra a Gennuso de la sospecha judicial y lo pone nuevamente en la esfera política rionegrina, se fundó en que no se acreditó la sustracción de dinero público, requisito esencial para encuadrar el hecho dentro del artículo 261 del Código Penal.
El análisis también destacó que las transferencias se efectuaron entre cuentas oficiales del propio municipio y que los fondos permanecieron bajo la administración y supervisión institucional, por lo cual no se configuró una sustracción ni uso indebido de los recursos.
Asimismo, en una crítica a la actuacíon del fiscal Lozada, los jueces señalaron que se optó por acusar únicamente por el delito de peculado, sin ampliar la imputación a otras figuras penales, como la de desvío de fondos. Por esto, cualquier otra conducta eventualmente irregular no podía ser evaluada, ya que no integró el objeto del debate.
Gennuso señaló que el debate oral despejó las dudas sobre su buen accionar y celebró que "en un fallo unánime y ejemplificador se dejó claramente sentada la inexistencia del delito".
Además, apuntó directamente contra la acusación fiscal, "Insistió en exponerme 4 días citando a testigos que no tenían nada que ver con lo que se me acusaba y hablaban de otras gestiones y otros temas", dijo. "En una sociedad donde todo el sistema político esta sospechado ¿Sabrán el daño que hacen a la imagen de los que hacemos las cosas honestamente?", se preguntó el exjefe comunal.
El sobreseimiento del exintendente de Bariloche marca un precedente para los futuros juicios que otros exjefes comunales esperan para el año que viene en el marco de la megacausa. Tal es el caso de la legisladora provincial María Eugenia Martini, antecesora de Gennuso en el Ejecutivo local, que espera su juicio para 2026. En su caso, los cargos son de fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado.
También está siendo juzgado por peculado y administración fraudulenta el exintendente de Cipoletti y diputado electo por LLA, Aníbal Tortoriello, que ya avisó que se anota en la carrera a la Gobernación en 2027, con el viento a favor que le trajo el resultado de las últimas elecciones.
Además están en la mira los exintendentes peronistas de Choele Choel, Daniel Belloso, y de General Godoy, Luis Ivancich, ambos legisladores provinciales. Completan la nómina de acusados los exjefes comunales de San Antonio Oeste, General Conesa, Cervantes, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande.