Cuestionan que las ofertas totalizan "menos del 15%" del valor real de las hidroeléctricas. Los cuestionamientos contra Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa.
Piedra de Águila, en Neuquén, la represa más grande del Comahue.
Senadores peronistas de Río Negro y Neuquén denunciaron que la privatización de las represas del Comahue, por las cuales el gobierno nacional recaudaría 684 millones de dólares, constituye “una entrega a precio vil a empresarios amigos del Presidente”. Según dicen, las ofertas recibidas “no llegan ni al 15%” de su valor real.
El documento firmado por los senadores salientes neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag, junto con los rionegrinos Silvina García Larraburu y Martin Doñate, que dejarán sus lugares para Martín Soria y Ana Marks, fue publicado pocos días después de que se conocieran las ofertas para concesionar por 30 años las cuatro represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, que representan el 30% de la generación hidroeléctrica del país.
Se trata de las usinas Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, aunque en esta última la diferencia entre las dos primeras ofertas no superó el 10% y habrá una segunda vuelta. Los legisladores cuestionaron también la exclusión de las provincias dueñas del recurso, la ausencia de obligación de invertir por parte de los concesionarios y la institucionalización de la “fuga de divisas”.
“Las ofertas son una burla”, señala el documento, que cita un informe de la Cámara Argentina de la Construcción según el cual, el valor real de estos activos es de 5.138 millones de dólares. Los legisladores cuestionaron que las propuestas de las tres sociedades de empresarios nacionales representan menos del 15% de ese valor y calificaron a la operación de un “remate disfrazado de licitación, donde el Estado no fija un piso y los oferentes ponen lo que quieren”.
Las hidroeléctricas fueron construidas por el Estado nacional con una inversión estimada en 20.000 millones de dólares, destaca el escrito, y recuerda que en la privatización de los años 90 todo el paquete accionario fue vendido por más del doble de la reciente oferta.
Ahora, el gobierno nacional “repite el mismo esquema: licita el 100% del capital sin un precio base técnico” que "permite la subvaluación y excluye toda participación provincial sustantiva".
Como contó Letra P, la italiana ENEL y la estadounidense AES, que operan dos de las cuatro centrales desde los años 90, quedaron marginadas de la primera privatización de activos energéticos del gobierno de Javier Milei.
En su lugar ingresan grupos locales “de conocida cercanía al gobierno”, precisaron los senadores al señalar a MSU Energy (Manuel Santos Uribelarrea) y Edison Inversiones ("Cherñajovsky, Galli, los dueños de Havanna"). También pusieron el foco sobre Central Puerto ("Reca, Miguens-Bemberg, Escasany, ex socio de Nicolás Caputo"), que retuvo la central de Piedra del Águila, que maneja desde su primera privatización en 1994.
Según el documento de los senadores, se trata de la consolidación de un modelo de negocios donde los recursos públicos “pasan a manos de un círculo íntimo de capitales concentrados”.
Otro de los puntos del escrito cuestiona un “atropello al federalismo” al destacar que Neuquén y Río Negro, provincias titulares originarios de los ríos según la Constitución Nacional, fueron “marginadas deliberadamente”. Al reducirlas al lugar de veedoras con voz pero sin voto, “se les ofrece una participación simbólica bajo condiciones abusivas”, sin derecho a veto ni injerencia operativa real.
Como contó Letra P, luego de meses de idas y vueltas la gestión libertaria acordó con los gobiernos de las dos provincias de la Patagonia la inclusión de un canon por el uso del recurso hídrico. Este representará hasta un máximo del 2% de los ingresos totales que perciban las concesionarias por la potencia puesta a disposición y por la energía eléctrica generada.
También se añadirán otro canon del 2% destinado a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y las regalías hidroeléctricas para las provincias equivalentes al 12% de las ventas de energía que concreten las usinas.
Los parlamentarios patagónicos criticaron que el pliego de licitación “no exige reinversión de ganancias ni obras de ampliación ni extracción de agua para riego”. En este sentido, recordaron que si bien el Código de Aguas de Río Negro establece que el riego es prioritario sobre la generación eléctrica, en 30 años de concesión privada jamás se hicieron las obras que podrían “irrigar miles de hectáreas, generar empleo y transformar zonas áridas en productivas”.
En base a datos del Banco Central mencionados en el documento, las concesionarias fugaron más de 150 millones de dólares entre 2026 y 2021 “mientras extraían ganancias extraordinarias sin reinvertir en el sistema”.
La nueva licitación, subrayan los senadores, no obliga a reinvertir utilidades ni a capitalizar en mejoras o expansión, por lo que las ganancias que generan estos activos estratégicos “seguirán siendo repatriadas por los nuevos concesionarios, profundizando la descapitalización del país y comprometiendo aún más nuestra soberanía energética y financiera”.
En septiembre Parrilli, Sapag, Doñate y García Larraburu habían presentado ante la Justicia una medida cautelar para frenar la privatización de las represas, que no prosperó. El flamante documento acusa que “un Poder Judicial mafioso y cooptado por los intereses corporativos no hizo lugar a esta medida”.