Los cuatro representantes de esas provincias de la Patagonia en el Senado denuncian irregularidades en el proceso. La pelea política de fondo.
El peronismo presentó un amparo contra la privatización de hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro
Captura de redesEl senador Oscar Parrilli y la senadora Silvia Sapag, acompañados por Martín Doñate y Silvia García Larraburu, presentaron ante la Justicia una medida cautelar para frenar la privatización de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en Neuquén y Río Negro, dentro del complejo hidroeléctrico Comahue.
La acción judicial busca detener la licitación pública impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación, que dispuso la venta del 100% del paquete accionario de las concesionarias Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los legisladores advirtieron que el pliego no respeta la normativa vigente ni el rol de las provincias.
De fondo, la discusión política golpea a dos bandas a la Casa Rosada y a los gobiernos que encabezan Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, con quienes el peronismo disputará las bancas en la cámara alta el próximo 26 de octubre. Con La Libertad Avanza jugando en soledad en ambos territorios, Fuerza Patria discute el rol opositor con los armados provincialistas La Nequinidad y Defendamos Río Negro.
Los senadores remarcaron que el proceso omitió el requisito de una tasación previa del Tribunal de Tasaciones de la Nación, tal como exigen las leyes. Además, denunciaron que el esquema propuesto “excluye a las provincias dueñas de los recursos naturales y repite los errores históricos de la Ley 24.065, que solo benefició a empresas privadas en detrimento del Estado y la población”.
Según su planteo, las empresas hidroeléctricas obtuvieron “ganancias extraordinarias” durante los últimos años, sin reinvertir en el mantenimiento ni en mejoras del sistema energético. Incluso señalaron que los excedentes fueron enviados al exterior, lo que, a su juicio, demuestra la necesidad de un cambio en el modelo de gestión.
Como salida, los senadores patagónicos propusieron un esquema mixto: que el 50% del capital de las compañías quede en manos privadas y el otro 50% en poder de las provincias. Además, reclamaron que cualquier licitación incluya la obligación de destinar la mitad de las utilidades a nuevas obras hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro.
En ese sentido, advirtieron que el modelo planteado por el Gobierno nacional “agrava la situación”, ya que no contempla compromisos de inversión a futuro. Para ellos, el Estado debe garantizar que la explotación de los recursos hídricos genere beneficios sostenibles y no solo ganancias para un puñado de empresas.
La presentación judicial llega en un contexto de debate profundo sobre la política energética del país y el rol de las provincias en la administración de los recursos naturales. La región del Comahue concentra una parte esencial de la generación eléctrica nacional, y su eventual privatización despierta fuertes cuestionamientos entre dirigentes y comunidades locales.
Sin embargo, también en un escenario marcado por las elecciones legislativas que en un mes enfrentará al peronismo contra los representantes del gobierno libertario y de los provincialismo que comandan los destinos de Río Negro y Neuquén. Del grupo de cuatro senadores que viene advirtiendo sobre ls privatización de las represas desde hace ya tiempo, sólo Sapag aspira a retener su banca encabezando la lista en Neuquén.
La Justicia federal deberá ahora evaluar el amparo presentado por los senadores y definir si suspende o no el avance de la licitación. El resultado de este proceso marcará un punto clave en la discusión sobre el futuro de las hidroeléctricas en la Patagonia y la participación de las provincias en su control.