Una reunión de tres horas del máximo tribunal no llegó a un acuerdo. Quién es quién en los dos bandos. La oferta de Maximiliano Pullaro al poderoso ministro.
Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Daniel Erbetta, los sub-75 de la Corte de Santa Fe.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llegó a diciembre fracturada en dos grupos definidos y con una tensión que esta semana, por segunda vez consecutiva, volvió a quedar expuesta: por un lado los ministros sub-75, la “nueva Corte”, y por el otro los que ya superaron esa edad y están a tiro de un eventual decreto del Ejecutivo que acelere la renovación del tribunal.
Esa línea etaria —que es también política— ordena hoy el juego interno y se convirtió en el eje que bloquea la elección de la presidencia para 2026. De un lado, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini empujan una reformulación del funcionamiento del cuerpo, la modernización administrativa y un giro generacional en la conducción. Del otro, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistoco, Eduardo Spuler, quien ya presentó su renuncia, y Rubén Weder, nueva incorporación, pero con afinidad con la vieja guardia, se reafirman como un bloque compacto, cohesionado por años de manejo institucional y por la expectativa de sostener la influencia histórica que el sector ha tenido en la superintendencia judicial.
Con ese mapa de poder, la última acordada para definir la presidencia, con más de tres horas de discusión, volvió a empantanarse y pasó a otro cuarto intermedio hasta la semana próxima.
En paralelo a la puja interna, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso sobre la mesa una condición a la discusión. Para que Rafael Gutiérrez pueda encabezar la Corte en 2026 —algo que el magistrado busca activamente—, el Ejecutivo exige una renuncia programada: un compromiso firmado para dejar el tribunal en una fecha acordada.
En la Casa Gris sostienen que es la única forma de habilitarle la presidencia a quien ya superó los 75 años y cuyo retiro viene siendo negociado, sin éxito, desde hace meses. Gutiérrez no aceptó por ahora ese mecanismo y los sub-75 tampoco están dispuestos a votar una presidencia sin garantías de recambio. Con esa condición trabada, el acuerdo general sigue distante.
El trasfondo político que presiona sobre la Corte es la implementación de la reforma constitucional. Con la nueva Carta Magna, la jurisdicción electoral debe ser definida por ley, y ese texto debe salir antes de 2027: el plazo de dos años para las normas reglamentarias ya corre. Las alternativas se acotan a crear un tribunal electoral nuevo o asignar esas funciones a un organismo existente.
Sin embargo, incluso con una nueva estructura, la Corte seguirá siendo la alzada en materia electoral. Y si la Legislatura no logra sancionar la ley, quedará vigente el sistema actual, donde el presidente del máximo tribunal conduce el Tribunal Electoral. Ante ese escenario, el Ejecutivo quiere ordenar la sucesión.
A ese tablero se suma la discusión sobre el fin de la acordada de 2012 que establecía la alternancia norte-sur, una regla territorial que durante una década benefició a Gutiérrez y Falistoco, permitiéndoles alternarse la conducción del tribunal. Los sub-75 exigen reemplazarla por una rotación entre personas, que impida que la presidencia quede capturada por acuerdos geográficos o por mayorías coyunturales.
El segundo punto de fricción es la exigencia de un plan anual de trabajo, que marque hoja de ruta para la modernización del Poder Judicial, la reorganización de áreas internas y la redefinición de funciones tras la salida de Eduardo Bordas, histórico secretario de Gobierno. Su retiro abrió un vacío en la estructura de gestión que todos reconocen, pero que cada bloque quiere llenar con mecanismos distintos.