Se reunirá con la cúpula del MPA en medio de una puja que tensa los tribunales. Javkin, con la unidad específica del área. Chiarella, contra los magistrados.
Maximiliano Pullaro estará este viernes con la plana del Ministerio Público de la Acusación.
La política decidió involucrarse en la pelea que mantienen el Ministerio Público de la Acusación (MPA ) y los jueces de la Cámara Penal de Rosario. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se encontrará con la plana del MPA y la próxima semana habrá una reunión entre el intendente Pablo Javkin y miembros de la Unidad de Microtráfico.
Como contó Letra P estos días, la semana estuvo atravesada por las declaraciones de altísimo impacto de Matías Merlo. El jefe de los fiscales de Rosario dijo que las resoluciones de la Cámara, enviando al fuero federal causas de microtráfico, "va a afectar directamente a la seguridad con más homicidios y balaceras".
La respuesta no tardó en llegar por parte de los magistrados, que tildaron los dichos de "temerarios" y como una "irresponsabilidad funcional". Los pasillos de la justicia estuvieron en ebullición, con la apertura del año judicial en Santa Fe en el medio.
El interrogante, tras desatarse públicamente la disputa, era si los otros poderes entraban en la discusión hasta ahora circunscripta al ámbito judicial. El primer paso para responder a esa pregunta lo dará este viernes el propio gobernador junto a su ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, en una reunión de trabajo con María Cecilia Vranicich, jefa de los fiscales, el propio Merlo y otros integrantes del MPA, según reveló en Cadena 3 el periodista Hernán Funes. El encuentro, sostienen, estaba previsto desde antes del cruce público entre fiscales y jueces. El encuentro será en la gobernación.
En lo gestual, esta semana hubo un guiño con el nuevo derribo de un bunker, acción habitualmente coordinada entre el MPA y el ministerio de Seguridad. Para dejarlo más claro, integrantes de ambos espacios compartieron la comunicación de esa acción. Según los números provinciales, son 108 los sitios de expendio de droga derrumbados en Santa Fe en lo que va del año gracias a la Ley de Microtráfico.
Además del gobernador, este medio pudo saber que el intendente de Rosario también tendrá su propio cara a cara, el próximo martes, con los fiscales. En particular, con la Unidad de Microtráfico que comanda Franco Carbone. "Será para combinar intervenciones barriales, obras, urbanizaciones, problemáticas en los territorios mas críticos. Nuestra posición va en ese sentido: defender lo que se hizo porque ha dado resultado", dijo una fuente municipal.
"Hay muchas expectativas en esta segunda etapa, con mucha inversión provincial y municipal en estos territorios", añadió mirando hacia adelante.
Otro que no ahorró críticas hacia los jueces es uno de los intendentes con mayor peso en la estructura pullarista: Leonel Chiarella. El alcalde de Venado Tuerto, una voz en ascenso a partir de su elección como presidente de la Unión Cívica Radical, se despachó esta mañana: "Hay una clara intención de quitarle herramientas a la Fiscalía", dijo en Cadena 3 Rosario bancando el accionar del MPA.
Ya el año pasado había apuntado directamente contra uno de los integrantes de la Cámara, Tomás Orso, por su intervención en una causa de megaestafa inmobiliaria. "Favoreciendo a delincuentes de guante blanco", había dicho en esa oportunidad.
"Que los camaristas tomen decisiones sin sentido o contradictorias para desproteger a la población, quitando una herramienta que hace tanto bien, lo vemos con mucha preocupación", sumó Chiarella. "Lo que más les molesta es que demos los nombres de los jueces. Que se hagan cargo de las decisiones y las consecuencias que traen", apuntó.
“Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”, dice el escrito distribuido por la Cámara Penal días atrás.
Quien llevó la voz cantante fue Gustavo Salvador, presidente del cuerpo, quien rechazó que "por seis causas sobre trescientas cincuenta y ocho se diga que eso puede incrementar los homicidios o las balaceras en Rosario". Además, remitieron lo sucedido a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, a la Auditoría del MPA y a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.