Matías Merlo cargó contra los magistrados que "quitan herramientas" para bajar homicidios y balaceras. "Deberán hacerse cargo", apuntó. La puja con la Corte.
Matías Merlo, el jefe de los fiscales de Rosario.
La relación entre jueces y fiscales de Rosario se tensó por la competencia de la Justicia provincial en causas vinculadas con el microtráfico de drogas. El fiscal regional Matías Merlo aseguró que algunas decisiones de los magistrados de la Cámara de Apelación Penal, que remiten causas a la justicia federal y recortan el accionar del Ministerio Público de la Acusación (MPA), provocará que el delito avance.
“Si nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, heridos de arma de fuego y balaceras”, planteó Merlo.
“Quienes dicten esas resoluciones deberán hacerse cargo de las consecuencias”, añadió el jefe de los fiscales en Rosario en diálogo con Cadena 3.
Fue más allá al asegurar que si la Justicia provincial no participa de esas causas se volverá a ver un Estado “bobo” frente a la violencia urbana.
La puja de poderes se planteó a partir de la decisión del camarista Javier Beltramone, quien emitió una resolución en la que cuestiona la competencia de la justicia provincial en asuntos vinculados con el microtráfico.
Esa decisión fue rechazada por el juez federal de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien devolvió la causa al fuero provincial y puso en conocimiento a la Corte provincial.
La decisión de Beltramone no es la única que firmó un camarista y que en la práctica limita el poder de acción del MPA. Guillermo Llaudet Maza, Viviana Alonso, Carolina Hernández, Gabriela Sansó y Tomás Orso forman parte de los jueces que plantearon su negativa contra la intervención de los fiscales en el tema del microtráfico.
En diciembre de 2023, con el arribo de Maximiliano Pullaro a la gobernación de Santa Fe, se implementó la ley 14.239, que avanza con la desfederalización del microtráfico en la provincia.
Se trata de uno de los tantos cambios impulsados por la Casa Gris como parte de la política de seguridad impulsada por Pullaro. De allí que el gobierno provincial sigue el tema con especial interés.
Como parte de la puja, la Cámara Penal respondió a los dichos de Merlo a través de un comunicado. “Sus expresiones constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa”, plantea el escrito.
“Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”, añade.
El comunicado cita, además, decisiones de la Corte Suprema de la Nación sobre competencias establecidas por la ley que avalarían las decisiones adoptadas por los camaristas santafesinos en contra de los pedidos del MPA.
Además, detalla que desde 2024 hasta la fecha se remitieron 358 casos de recursos relacionados con el fenómeno del microtráfico y que sólo siete de ellos se han remitido a la Justicia Federal.
“Calificamos estas declaraciones como un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía, claramente lesivo de la independencia judicial”, concluyen los jueces firmantes.
Tal como contó Letra P esta semana, la disputa entre el MPA y la Corte Suprema viene en aumento y aflora por distintos asuntos. Una acordada de fines de febrero del tribunal cimero santafesino resolvió que el edificio anexo al Palacio de Justicia de la capital provincial se destine por complejo al Poder Judicial.
La decisión aclara que investigadores y defensores sólo podrán tener un lugar allí sólo si existiera un espacio libre.
La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, respondió duramente frente a esa decisión. El MPA, a partir de la reforma constitucional, logró independencia plena del Poder Judicial.